Las inconsistencias encontradas para pedir suspensión del contrato de salud para docentes

Inicialmente, para el organismo de control el acuerdo firmado este año, que reemplazó el contrato N°2 de 2016 al declararse desierto porque ninguno de los proponentes cumplía con los requisitos establecidos, no cumple con los principios de la Función Administrativa, la Contratación Estatal y la Gestión Fiscal, aspectos que, en palabras de la Procuraduría, “fueron evidenciados desde el año 2016, pero que en su gran mayoría sustancialmente no tuvieron un tratamiento integral y efectivo, por lo cual persisten en el proceso que se adelanta durante el presente año”.

Si bien, la cifra de $5,277 billones corresponden a la convocatoria de este año, que en comparación con el monto de la contratación anterior fue de 4,9 billones, el incremento realizado recientemente, según la Procuraduría, no tiene una debida justificación en aras, explica, de evitar mayores gastos de recursos o pérdidas de presupuestos asignados. Igualmente, el plazo del contrato suscrito entre la Nación (Ministerio de Educación) y Fiduprevisora, entidad encargada de administrar el Fondo, expiró al superar el plazo máximo de 20 años fijado por normas mercantiles.

En ese sentido, la Procuraduría advierte que durante la ejecución del contrato no exista un contrato de fiducia mercantil que, en otras palabras, impediría al Consejo Directivo del Fomag y a los ciudadanos destinatarios contar con una entidad que vigile, controle y pague los servicios desarrollados. “Llama la atención que no se ha evidenciado hasta la vigencia de 2016 un equipo de supervisión o interventoría al interior del Ministerio de Educación que ejerza vigilancia del cumplimiento de las obligaciones del contrato de fiducia mercantil”, dice el Ministerio Público en el documento de siete páginas.

Por otro lado, la Procuraduría también cuestiona la falta de existencia de diagnósticos en salud en diez regiones para la prestación del servicio lo cual, dice, repercute en los niveles de calidad de un modelo de atención bajo enfoques territoriales buscando resultados concretos en cada una de las regiones. Otro punto es la publicación de las adiciones, prorrogas o modificaciones de los contratos que el Ministerio Público no encontró, “lo cual impide que los interesados y a la ciudadanía en general puedan contrastar de manera integral uno u otro modelo”.

Otro punto que para la Procuraduría le preocupa es la falta de una coordinación de los prestadores del servicio de salud, distinta a la figura del Defensor de Usuario, que organice de forma oportuna los mecanismos para que los usuarios puedan acceder a los servicios a través de los prestadores que haya establecido contratos con la fiducia. “En ese sentido, el principio de planeación debe asegurar los elementos, procedimientos e instancias que garanticen una debida y eficiente ejecución del contrato”, sostiene el organismo.

En consecuencia, el organismo de control le reiteró al Ministerio de Educación, al Consejo Directivo del Fomag y Fiduprevisora, adelantar los mecanismos necesarios para la avaluación objetiva de los proponentes y sus propuestas, así como la solicitud al Fondo de garantizar que desde la formulación de pliegos hasta la adjudicación se observe principios de imparcialidad y transparencia, debido a que “se han recibido múltiples quejas por parte de la ciudadanía”.