El  fantasma de la dictadura

El “excepcionalismo” chileno, consistente en una transición negociada y pacífica a la democracia, seguida por décadas de crecimiento económico sostenido, intervención limitada del Estado, eficiencia administrativa, corrupción moderada, estabilidad política y desarrollo social, ha sido referente mundial.  A diferencia de los demás procesos de democratización ocurridos entre los años 80 y 90, tanto en América Latina, como Europa Oriental y Sudáfrica, Chile también fue “único” en que mantuvo la constitución diseñada por su antecesor dictatorial en lugar de redactar una nueva  Si bien hasta hace poco, su aparente bienestar y estabilidad han actuado para ocultar esta mancha, las movilizaciones sociales masivas ocurridas en las últimas semanas y la respuesta violenta del Gobierno y la fuerza pública, han puesto de relieve la precariedad de su supuesto éxito.

La preservación de la Constitución de Pinochet de 1980 -con la que el régimen buscaba impedir una nueva “tiranía de las mayorías” e institucionalizar el modelo neoliberal- ha jugado la función de garantizar la continuidad político-institucional y de controlar y restringir la apertura democrática mediante la adopción gradual de reformas, que suman a más de 40. Las más importantes, efectuadas en 2005 y 2015, han buscado eliminar los “enclaves” autoritarios y modificar el sistema electoral para que sea proporcional y representativo.  Pese a ello, los orígenes dictatoriales de la carta magna y los distintos mecanismos de veto incorporados por Pinochet para blindar su proyecto la hacen prácticamente inmune a toda transformación económica, política o social significativa.

En respuesta a ello, entre 2015 y 2017 la presidenta Michelle Bachelet convocó un proceso innovador de construcción constitucional, consistente en la realización de “cabildos” locales, provinciales, nacionales e indígenas en los que participaron más de 200,000 personas.  Sin embargo, la redacción del nuevo texto a ser presentado al Congreso y validado posteriormente mediante plebiscito se hizo al final de su mandato, a puerta cerrada y sin involucrar la ciudadanía ni los partidos políticos, con lo cual el componente participativo e incluyente, así como la legitimidad política del proceso, se aminoraron.  Al asumir Sebastián Piñera en 2018 el proyecto de nueva constitución se abandonó.

Aunque la decisión de Piñera de sacar a los militares a la calle y declarar el estado de emergencia constituye la prueba más visible de que el fantasma de la dictadura ronda Chile, la triste realidad es que éste nunca se ha ido desde la transición de 1990.  Así, la movilización social masiva, así como el rechazo generalizado de todos los partidos políticos y de las instituciones del Estado tienen origen no solo en los agravios sociales, sino el carácter moralmente ilegítimo de la democracia y la constitución, que 80% de los chilenos consideran que hay que reemplazar.

Más que un modelo digno de emular, la “gobernabilidad” en Chile ha sido producto de una lectura elitista, si no autoritaria de la política, que ha priorizado el orden por encima del estado social de derecho, y ahondado las divisiones al interior de la sociedad, en lugar de reparar las heridas morales heredadas de la dictadura y refundar el pacto político.  Hasta que ello no ocurra –y que sea lección también para las élites gobernantes de otros países, incluyendo Colombia– la democracia siempre será una ficción para la mayoría.