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El director de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), Jorge Iván Bula, quien llegó al cargo en septiembre de 2022 por designación directa del presidente Gustavo Petro, está en la mira por una serie de denuncias por posibles irregularidades en contratos, que ascienden a los $38 mil millones. La comunidad estudiantil, sindicatos e incluso congresistas han denunciado presuntas nóminas paralelas, tercerización y posibles prácticas clientelares en la institución encargada de la formación de servidores públicos, justo cuando iniciaron este 14 noviembre las capacitaciones de los alcaldes y gobernadores electos para 2024-2027.
Bula es economista de la Universidad Externado y en esas aulas se conoció con Petro, en donde entablaron un colegaje que le permitió hacer parte del proyecto político que llegó a la Casa de Nariño. Su arribo a la dirección generó altas expectativas de cara a la legitimidad de la institución, que había sido foco de inconsistencias en otras administraciones. Pero, por el contrario, funcionarios alegaron menos transparencia ante posibles deficiencias en servicios, contratos cuestionables y supuestos malos tratos a empleados.
Fueron cuatro sindicatos los que hicieron las solicitudes formales ante los entes de control, así como el acompañamiento para adelantar acciones de vigilancia por posibles casos de corrupción y “despilfarro de recursos públicos”, que habrían empezado a evidenciar a partir de la baja cobertura y ejecución de la institución faltando menos de dos meses para que termine el año. Todo eso, pese a que la institución tiene un presupuesto de $361 mil millones, y a que el director anterior, Pedro Medellín, dejó una restructuración institucional en marcha.
(Lea: “Gobernadores electos le piden Petro duplicar recursos para financiar el PAE”)
El Decreto 165 de 2021 determinó la supresión de algunos empleos en la ESAP, así como el incremento y formalización de otros en la planta global. “Hemos estado muy atentos a la gestión, especialmente después de que la entidad fue fortalecida en el rediseño. Si legalmente la escuela fue reforzada para ampliar su cobertura, mejorar la calidad y ofrecer mayores condiciones laborales, no comprendemos por qué aún nos mantenemos con una alta contratación por prestación de servicios”, explicó Shirleny Hernández, presidenta de uno de los sindicatos.
Por otro lado, de acuerdo con Elvia Nancy Ospina, líder de otro sindicato, había “expectativas porque Bula es un académico. Estábamos esperando que se cumpliera lo que prometió Petro sobre la profesionalización del empleo público”. No obstante, se habrían incrementado los contratos bajo la modalidad de prestación de servicios. Las quejas hablan de “nóminas de 1.200 contratistas”, que le estarían costando a la institución $62 mil millones solo en el nivel central.
La ESAP ha estado inmersa en duros procesos por presunta corrupción y clientelismo desde el gobierno de Juan Manuel Santos, cuando el director de la institución era Giovanni Chamorro, quien supuestamente habría sido cuota del ahora embajador de Colombia en Reino Unido, Roy Barreras. Es más, por las presuntas irregularidades, el exsenador estaba siendo investigado en la Corte Suprema de Justicia, pero las indagaciones no avanzaron y Barreras dijo que él no controló lo burocrático de la entidad.
Así, los funcionarios de la ESAP esperaban que con Bula la entidad se fortaleciera y que se completara la incorporación de algunos servidores, como parte de la reestructuración. No obstante, las quejas no se limitan al presunto incremento de los contratos por prestación de servicios, sino también a altos convenios con operadores, a los que los sindicatos pidieron ponerles lupa por su alta cuantía, pero poco tiempo de ejecución.
Las denuncias también llegaron a la Contraloría, a la Procuraduría e, incluso, a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, que optó por no investigar y remitió la denuncia al despacho de Bula. Según señalaron, el Ejecutivo “no tiene funciones de intervención”. Es más, de acuerdo con los líderes sindicales, también han comunicado sus quejas a Petro, pero sin respuesta. Desde el Gobierno les dijeron que el presidente confía en la gestión de Bula.
Los contratos de alta cuantía
A los sindicatos les preocupa que en el último año “se ha tercerizado la misionalidad de la escuela, como nunca antes”, además de que, a pesar de la existencia de los convenios, algunos servicios no se estarían prestando de manera integral. El contrato más alto, sobre el que se solicitó la vigilancia preventiva de la Procuraduría, fue el convenio de operador logístico con la Unión Temporal Logística LPA ESAP 2023, integrada por las siguientes sociedades: Logística y Gestión de Negocios, Fundación País Humano y la Fundación Alférez Real, por $ 11.680.030.499, para “prestar servicios de apoyo para el desarrollo de actividades y eventos”.
Las dudas sobre ese contrato, registrado el 20 de septiembre de 2023 por el Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Hacienda, residen en que tiene un plazo de ejecución que no puede exceder el 31 de diciembre de 2023. Para los denunciantes, es inusual que tenga un tiempo de ejecución de tres meses pese a su alto valor. “El último contrato de operador en el año 2021 por $2 mil millones, fue suscrito con un tiempo de ejecución de 12 meses”, dijeron.
El Espectador se comunicó con el director Bula, quien defendió los acuerdos y señaló que el alto rubro se debe a que incluye los eventos y las capacitaciones para los mandatarios locales electos el pasado 29 de octubre. Por otro lado, dijo que en el primer semestre de 2023 se cometió un error con el contrato del operador y que por eso se tuvo que rehacer el proceso en septiembre: “Los recursos no se están derrochando, pues hay actividades pendientes y acumuladas. Debido al error, en el primer semestre estuvimos limitados”, advirtió.
Otros contratos que despertaron dudas fueron los compromisos para implementar la modalidad de aulas híbridas, es decir, la realización de clases virtuales y presenciales. Para eso, por lo menos, habría tres convenios millonarios con empresas y un borrador por $5.271.174.720 para suministrar los equipos necesarios. Las organizaciones sindicales están en contra de esa modalidad, pues “desconoce la realidad de los municipios de quinta y sexta categoría”, en los que hay deficiencias en la conectividad de las TIC, “lo que genera un detrimento en la calidad”, dijeron.
Según Bula, los contratos responden a la creación de 90 aulas híbridas en distintas entidades territoriales del país: “Es una inversión significativa, para colocarnos en la punta del conocimiento y ofrecer mejores servicios a donde no pueden llegar nuestros profesores (…) Ahora, vamos a hacer un estudio previo para que las aulas sean instaladas en donde haya conectividad”.
Los viajes del director
En las denuncias presentadas, las organizaciones también solicitaron vigilancia sobre “los múltiples viajes de Bula”, pues con la empresa Logística y Gestión de Negocios, que también intervino en el convenio con el operador logístico, la ESAP firmó un contrato por $2.496.893.577 para el “suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales”. Al tiempo que, según las cuentas hechas por los sindicatos frente a los viáticos, los viajes de Bula -desde su llegada a la ESAP- superan los $80 millones. El director le señaló a este diario que el contrato de vuelos no es solo para trasladarlo a él, sino a otros directivos y funcionarios de la institución.
No obstante, los sindicatos y congresistas aprovecharon la ausencia de Bula a un control político al que fue citado este 14 de noviembre en la Comisión Séptima de la Cámara, para cuestionar “sus constantes viajes”, pues se encontraba dando apertura a la primera inducción de las nuevas autoridades territoriales en Cartagena. Según dijo, la razón de que las capacitaciones se hicieran en los territorios fue para “descentralizar los procesos”. La sesión en el Congreso fue citada Alexandra Vásquez, del Pacto Histórico, y Germán Rozo, del Partido Liberal. El director no se presentó y los representantes dijeron que el cuestionario fue resuelto sobre el tiempo; pero la ESAP señaló que lo enviaron el 4 de octubre.
“Hay mucho ruido alrededor de la ESAP y muchas quejas. Cuando nosotros hacemos las preguntas del control político, nos dimos cuenta de que hay una baja ejecución. Lo mínimo que debió hacer Bula fue darles la cara a quienes estaban esperando una respuesta”, dijo Vásquez, quien agregó que, pese a hacer parte de la coalición que acompaña a Petro, esperaba que Bula diera “orden a la institución; desafortunadamente, no ha sido así y queremos que los funcionarios que sean nombrados por el presidente actúen de esa manera”. La excusa enviada por la ESAP a la Comisión fue negada y se elevó una queja a la Procuraduría.
Los sindicatos están a la espera de que los entes de control avancen en las denuncias presentadas, que son las mismas por las que a mediados de septiembre los maestros de la ESAP se fueron a asamblea permanente y pararon sus actividades. Por ahora, los representantes de la Comisión Séptima radicaron una moción de observación, que sería citada en las semanas siguiente, para que Bula resuelva las dudas expuestas ante el Congreso.
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Por Laura Duarte Sandoval
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