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Una de las iniciativas más grandes que tuvo el gobierno de Gustavo Petro en su primer año de mandato fue declarar el Estado de emergencia en La Guajira, para, a través de facultades especiales, hacerles frente a las problemáticas históricas de esa zona del país. Sin embargo, la Corte Constitucional puso el freno de mano en casi todos los movimientos del primer mandatario y han echado abajo una decena de decretos enfocados a la atención de la salud, economía, alimentación y educación que proponía el jefe de Estado. Uno a uno han ido cayendo los decretos que expidió el gobierno sobre el Estado de Emergencia declarado a mediados de este año en La Guajira.
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La Corte Constitucional se ha encargado de hacer la revisión punto por punto de la iniciativa con al que el primer mandatario buscaba hacerle frente a las problemáticas de esa zona del país que, según ha insistido el mismo Petro, este año será duramente azotada por el fenómeno de El Niño. En su análisis, los magistrados principalmente han considerado que los problemas históricos de La Guajira relacionados con la salud, la alimentación y la economía, no podrían ser resueltos concediéndole al presidente poderes extraordinarios como la posibilidad de promulgar decretos de ley sin necesidad de que pasen por la aprobación del Congreso.
Hasta el momento, el alto tribunal ha echado abajo 10 de los 11 decretos relacionados con el Estado de emergencia que expidió el Gobierno. El primero de ellos fue el 1085 de 2 de julio de 2023, “por medio del cual se declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el departamento de La Guajira”. Pero, para este, la Corte Constitucional le dio un año al Gobierno en el que podrá aplicar las acciones que considere pertinentes para mejorar la situación en esa parte del país, debido a que hay “convergencia de una serie de eventos climáticos de carácter grave, como lo son el fenómeno de El Niño, la reducción de precipitaciones en La Guajira, el calentamiento global, el aumento de la temperatura local y la temporada de ciclones”. La situación, dice la Corte, “profundiza la vulnerabilidad en la que ya se encuentra la población del departamento de La Guajira”.
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A pesar del tiempo que dio el alto tribunal, los magistrados de la Sala Plena continuaron con la detallada revisión y dejaron después sin piso jurídico el decreto con el que Petro pretendía recuperar las Salinas Marítimas de Manaure, el 1268 de 2023. En este caso, con lo dicho por la Corte, también se caen las medidas que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo anunció que iba a tomar para recuperar y salvaguardar la operación de la empresa Salinas Marítimas de Manaure, Sama Ltda. Al expedir ese decreto, el Gobierno dijo que esa medida permitiría garantizar la protección de los derechos al trabajo, la salud, la educación, el suministro de agua potable y el desarrollo social de las comunidades de la región.
Otra de las grandes promesas que no se podrán materializar con poderes especiales del presidente es la creación de una universidad Wayúu. La Corte Constitucional también tumbó el decreto 1274 de 2023, que buscaba, como lo había anunciado el jefe de Estado desde su campaña para llegar a la Presidencia, la creación de “una institución de educación superior indígena propia del pueblo Wayúu”. La propuesta del Gobierno, tenía la finalidad de hacer realidad una institución pública de carácter especial y autónoma, cuyo objetivo sería “la formación integral y la investigación en el marco del Sistema Educativo Indígena Propio, y contribuir al reconocimiento de la diversidad étnica y cultural del pueblo Wayúu y de todas y todos los colombianos”.
También así, los magistrados analizaron y tumbaron uno de los decretos más polémicos: con el que se iniciaba en La Guajira un piloto de la reforma a la salud que busca adelantar el Gobierno, el 1270 de 2023. La caída de este decreto dentro del Estado de Emergencia se dio con el efecto retroactivo, es decir, que podrá seguir en marcha por un año solamente y después quedará totalmente eliminado, tal como lo determinó al tumbar también el Decreto 1085 de 2023.
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Asimismo, uno de los decretos que recibió críticas y que la Corte Constitucional también echo abajo fue el 1276, que ordenó un aporte de $1.000 pesos a la factura de energía para estratos 4, 5 y 6 declarado en la emergencia económica en La Guajira. Con su decisión, el alto tribunal ordenó que “los recursos recaudados en virtud de lo previsto en el artículo 3 del Decreto Legislativo 1276 de 2023 deberán ser devueltos a los contribuyentes mediante compensación con la facturación del servicio de energía eléctrica, en un término máximo de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de adopción de esta decisión”.
El alto tribunal determinó también que el decreto 1250 con el que se adoptaban medidas en materia de agua y saneamiento básico es “inexequible”. Esta caída norma buscaba otorgar al Ministerio de Vivienda funciones que le permitieran financiar proyectos relacionados a la problemática del agua potable en La Guajira. El decreto también sostenía que se iba a ofrecer acceso al agua en zonas donde no hay acueducto. Esto, por medio de medios alternos como carro tanques, agua potable tratada envasada, tanques de polietileno y tanques colapsables, entre otros. También creaba el Instituto de la Gestión del Agua de la Guajira, cuyo objetivo era crear estrategias para promover el acceso al agua sostenible.
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La Corte ha sido muy clara desde el primer momento con los motivos para tumbar los decretos y resalta que no se trata de un tema político. Para la crisis, dice el alto tribunal, más allá de medidas especiales, es necesaria “la acción decidida y la colaboración armónica de todas las instituciones del Estado, y llevarse a cabo, en primer lugar, a través de los instrumentos ordinarios que prevé la Constitución”, es decir, que el Gobierno tiene que aprovechar la legislatura que ya existe y trabajar de la mano con otras ramas del poder como la Legislativa. Sin embargo, el presidente Petro ha mostrado su descontento con lo dicho por los magistrados, pero tuvo que ceder y llevar sus propuestas al Congreso. “A pesar de la tesis de la corte constitucional, que no comparto, pero respeto, el gobierno no dejará sola a la Guajira. Los proyectos de ley han sido presentados. Se perdió un tiempo valioso frente a la sequía, pero intervendremos con lo que tenemos para lograr que no sigan muriendo por falta de agua potable, niños en la Guajira”, escribió en su cuneta de X (antes Twitter).
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