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La puja por el poder político regional no terminó en las urnas el pasado 29 de octubre. En varios departamentos, que desde el mes pasado están eligiendo a sus directores de Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) para el período 2024 – 2027, se siente la presión para que los candidatos del Gobierno Nacional salgan electos y puedan dirigir, desde esos cargos, los asuntos ambientales de las regiones. No es un asunto menor, teniendo en cuenta que una de las apuestas más ambiciosas de Petro es, justamente, el cambio climático, las energías renovables y los recursos para materializar nuevas medidas en todo el país.
El choque de poderes se sintió desde el 25 de octubre, cuando estaba prevista la elección de los directivos de las 33 corporaciones y para las que el Gobierno Nacional tiene injerencia directa, al tener la posibilidad de postular un candidato de su afinidad en cada departamento del país. Sin embargo, en al menos nueve departamentos (San Andrés, Nariño, Risaralda, Santander y la corporación de la Orinoquía) la elección quedó suspendida de manera indefinida por supuestas irregularidades, tutelas o recursos que otros postulantes demandaron en el proceso de elección.
Y aunque las corporaciones son, como su nombre indica, autónomas, la cartera del Gobierno con la que se relacionan para asuntos administrativos es el Ministerio del Medio Ambiente. Fuentes cercanas a esa cartera aseguran que, después de los resultados de las elecciones regionales, en las que el petrismo no quedó con representatividad en la mayoría del país, “la presión se ha agudizado para ganar esas direcciones”. Según la fuente, las CAR “son en este momento la única salida del Gobierno para tener representatividad y poder en el resto del país”.
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El caso más sonado en los últimos días fue el de la elección de Corporinoquía, que es la entidad ambiental que regula las actividades en Casanare, Arauca, Vichada, y una parte de Cundinamarca y Boyacá. La elección se hizo el pasado 8 de noviembre, pero según denunciaron ante el Consejo de Estado, la convocatoria para la votación se hizo apenas media hora antes del proceso, lo incumpliría con los estatutos, que establecen que se debe hacer mínimo cinco días antes para garantizar la transparencia.
Sin embargo, mientras haya procesos judiciales o administrativos, el proceso de elección queda suspendido. Por ejemplo, en el caso de Codechocó, la elección estaba prevista para realizarse el pasado 25 de octubre, antes de las elecciones, pero dos días antes llegó una tutela de Javier Andrade Palacios, uno de los postulantes, quien advirtió que se estaban vulnerando los derechos fundamentales al debido proceso, la dignidad humana, la confianza, y la transparencia en el proceso.
Una de las razones que expuso en su tutela fue que el actual director —y que buscaba repetir mandato— tenía “cierta ventaja, en comparación con el resto de personas que aspiran a dicho cargo”. El recurso suspendió el proceso por 10 días y el pasado 14 de noviembre, cuando se reanudaron, salió reelegido, justamente, el actual director, Arnold Rincón López.
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Para algunos, las “jugaditas” de interponer recursos en medio o antes de la elección responde a que “buscan ganar tiempo para conseguir los votos que les falta por uno u otro candidato”, como mencionó una persona cercana a la Corporación Autónoma Regional del Chocó, quien afirmó que en ese departamento se ejercieron presiones de altos funcionarios del Gobierno para favorecer a Helcías José Ayala, a quien señalan de ser cercano a la vicepresidenta Francia Márquez, por su cercanía desde 2009 cuando ambos integraban el Proceso de Comunidades Negras.
Sobre este asunto, Andrés Idárraga, secretario de Transparencia de Presidencia, advirtió que hubo zonas del país en las que las elecciones se hicieron sin la presencia de delegados del Gobierno que pudieran garantizar la transparencia. “Comenzaremos una lucha jurídica para que elecciones como esa del Chocó se repitan por falta de garantías”. Sobre las elecciones que demandarán también se refirió al proceso en La Mojana y Quindío.
Pero el Gobierno tampoco salió bien librado de denuncias. De los candidatos que puso el Gobierno en cada región, hasta ahora, apenas han ganado el de la Corporación Autónoma del Norte y Oriente Amazónico, que es la que tiene jurisdicción en Guaviare, Guainía y Vaupés y cuyo candidato era Óscar Javier Vargas -quien además es director técnico de la Agencia de Desarrollo Rural en Meta y Vichada-.
Este diario conoció una denuncia que se radicó el pasado 7 de noviembre ante la Fiscalía contra Vargas por falsedad en documento privado que habría utilizado para cumplir con uno de los requisitos del proceso de la CAR. Según el documento, para certificar su experiencia en asuntos ambientales y cumplir los requisitos para aplicar, Vargas aportó un certificado de la corporación Corpoinafro que, según sus documentos, trabajó con la comunidad indígena Alto Unuma, de Vichada.
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Sin embargo, en el expediente del caso aparece también una mención a carta de Sebastián López Reina, representante legal de esa comunidad étnica, quien señala que no conoce a Corpoinafro y niega que hayan trabajado con ellos. “Es una certificación de carácter falso que utilizó para inducir al error a la Corporación (…) y así obtener una decisión favorable en la elección”. Lo que tampoco le perdonan a Vargas es su cercanía con Alan Jara, pues trabajó como su mano derecha cuando Jara integró la Unidad de Víctimas.
Por su parte, Vargas aseguró que ya fue noticiado de la demanda de su elección y aseguró que se defenderá legalmente. También negó su cercanía con el Gobierno Petro y asegura que esas acusaciones son por “intereses políticos”.
Lo cierto es que la pelea política por ganar las direcciones de las CAR pareciera no tener límites, pues la misma Procuraduría, el pasado 12 de noviembre, le hizo un llamado al Gobierno para que hiciera seguimiento a los procesos de elección. “Hemos visto afectados los procesos por la recurrente interposición de recusaciones y acciones de tutela que no cuentan con carga argumentativa y probatoria suficiente”. Esa entidad las calificó como “maniobras de mala fe con el objetivo de dilatar dichos procesos” y advirtió que hay vacíos jurídicos para poner en regla la elección.
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Por Valentina Parada Lugo
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