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El proceso en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal debe seguir su curso. Así lo determinó la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, a través del despacho del magistrado Manuel Antonio Merchán Gutiérrez, quien tenía sobre su escritorio una decisión crucial para el expediente: resolver un recurso que buscaba tumbar todo lo actuado en contra del exmandatario, una solicitud elevada por Jaime Granados Peña, abogado del líder natural del Centro Democrático. El Tribunal le cerró la puerta al pedido de la defensa y, ahora, el siguiente paso será agendar las audiencias preparatorias contra el exsenador. La primera será el 6 de septiembre y, una vez terminen esas diligencias, Uribe Vélez se convertirá en el primer ocupante de la Casa de Nariño en enfrentar un juicio penal.
En la reciente decisión de segunda instancia del Tribunal, el magistrado Merchán Gutiérrez le dio la razón a la jueza Sandra Liliana Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, quien el pasado 24 de mayo, durante la audiencia de acusación en contra de Uribe Vélez, negó de plano la solicitud de nulidad que pidió el abogado Granados. En su decisión, el magistrado Merchán señaló que se confirma “lo que fue materia de apelación”, es decir, la decisión de la jueza, mediante la cual se negó la solicitud de nulidad de todo lo actuado por parte de la defensa del expresidente. “Contra esta decisión no procede recurso alguno”, añadió el togado, con lo que no habrá nuevos trámites que puedan demorar el inicio del juicio.
Además, el magistrado señaló durante la audiencia que no encontró ninguna irregularidad en el proceso de acusación contra el exmandatario, como aseguraba la defensa de Uribe Vélez respecto a la adición del delito de soborno. Para el togado, así se le hayan imputado unos delitos al exmandatario durante esa etapa, en la fase de acusación se pueden sumar otros, como es el caso del soborno. La jueza Heredia, por su parte, ya había zanjado esa discusión sobre la imputación de Uribe durante la audiencia de acusación, dejando en claro que la indagatoria es equivalente a la imputación (una discusión que aclaró la Corte Constitucional en 2022). Por ese motivo rechazó de plano la nulidad que solicitó Granados, y señaló que, durante ese procedimiento, al exmandatario le manifestaron los hechos por los cuales estaba siendo procesado.
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Y es que, durante el inicio de la diligencia de mayo pasado, cuando el entonces fiscal encargado del expediente, Gilberto Villarreal, acusó al también exsenador por esos tres delitos, el abogado Granados pidió tumbar de tajo todo el expediente, pero la jueza Heredia le bajó el pulgar. Para la defensa del expresidente, no es posible rechazar de plano una solicitud de nulidad sin que se abra la puerta para sustentar ese requerimiento, pero aún así la jueza insistió en que no debía proceder, entre otras cosas, porque el proceso no puede sufrir demoras, teniendo en cuenta que la acción penal por los delitos que se le endilgan a Uribe Vélez prescribe el 8 de octubre de 2025. No obstante, hay quienes aseguran que la fecha de prescripción sería en noviembre de 2026, pues cuando el exmandatario fue llamado a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia, esta solo tuvo validez cuando Uribe renunció al Senado en 2020. La puerta está abierta a ese debate, además.
Los delitos por los que el fiscal Villarreal acusó al líder opositor tienen que ver con su presunta participación en la utilización de abogados y emisarios que fueron enviados, al parecer por órdenes suyas, a algunos centros carcelarios para obtener testimonios a su favor en otros procesos relacionados con los presuntos vínculos de Uribe Vélez con el paramilitarismo. Uno de esos enviados, por ejemplo, habría sido su abogado Diego Cadena, quien también enfrenta un juicio por los mismos hechos, por fraude procesal y soborno, luego de, supuestamente, haber ofrecido dinero y asesorías gratuitas a exparamilitares para que cambiaran sus testimonios en contra del exjefe de Estado. La diligencia en contra del abogado, a quien le fue suspendida su tarjeta profesional durante tres años por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, está aplazada hasta el próximo 5 de noviembre.
Entre los testigos clave en el caso está Juan Guillermo Monsalve, hijo de un exmayordomo de la familia de Uribe Vélez, quien ha mencionado que el líder natural del Centro Democrático fue fundamental para la creación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia. En muchas ocasiones, la defensa del exmandatario ha intentado desvirtuar los señalamientos de Monsalve, pero el testigo ha afirmado que el abogado Cadena lo visitó a él y, a través de su compañero de celda, Enrique Pardo Hasche, le insistieron en cambiar su versión. De hecho, una grabación realizada por el propio Monsalve da cuenta de cómo Pardo Hasche le explica los beneficios que podría haber gozado si hablaba en favor del exmandatario.
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Toda esta historia, junto a otros episodios en otras prisiones en Colombia, resumida en pocas palabras, llevó a que la Corte Suprema de Justicia llamara a indagatoria al exmandatario en 2018 y, el 4 de agosto de 2020, la Sala de Instrucción del alto tribunal ordenara medida de aseguramiento preventiva y domiciliaria en su contra. Tan solo 14 días más tarde, Uribe renunció al Senado, y el expediente fue a parar en los escritorios de fiscales bajo la administración de Francisco Barbosa, quienes, sin éxito, pidieron insistentemente precluir el proceso contra Uribe. Al menos dos juezas de Conocimiento que revisaron el caso le dijeron a la Fiscalía de Barbosa que su trabajo fue flojo y que debían seguir investigando. La administración Barbosa tuvo el expediente por cuatro años y lo único que intentó fue cerrarlo.
El proceso, entonces, cayó en manos de Gilberto Villarreal, quien acusó formalmente a Uribe por los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal ligados a esos hechos. El abogado Granados, entonces, no se quedó de brazos cruzados, pidió la nulidad, y cuando la jueza se la negó, interpuso una queja contra esa decisión ante el Tribunal Superior de Bogotá, que aceptó el recurso. Tras esa decisión judicial, el jurista pudo sustentar por qué la defensa pedía que el expediente en contra de Uribe Vélez debía retroceder a la etapa de acusación. En primer lugar, el jurista argumentó que si era necesario volver a estudiar la solicitud de nulidad, no estaba claro si el exsenador fue acusado formalmente o no. Y, por otra parte, Granados manifestó que la Fiscalía cometió errores en la acusación, pues modificó “el núcleo fáctico de la imputación, pasando de dolo eventual a dolo directo.”
Según la sustentación de la nulidad, cuando el expresidente fue llamado a indagatoria por la Corte Suprema, la primera instancia que lo investigó, el alto tribunal precisó que las conductas por las que hoy se encuentra imputado se habrían presentado con intención eventual. Es decir, que el expresidente, aunque no quería cometer delitos, debía conocer que sus actuaciones iban contra la ley. Sin embargo, el fiscal Villarreal acusó a Uribe Vélez de cometer esas irregularidades con intención directa, es decir, con pleno conocimiento de sus acciones. Es por esto que Granados solicitaba que se anulara esa parte del proceso, pues, para él “resulta contradictorio (…) No se trata de una simple variación. Cambia el marco fáctico de la acusación y viola el principio lógico de la no contradicción”.
Así las cosas, el expediente en contra del expresidente seguirá su curso normal. La siguiente etapa serán las audiencias preparatorias antes del juicio, en las cuales se pondrán sobre la mesa las pruebas que serán debatidas en el juicio y que iniciarán el próximo viernes 6 de septiembre. Por su parte, la defensa del expresidente le dijo a este diario que respetará la decisión del Tribunal, pero no descarta la opción de interponer una tutela como último recurso para reversar el resultado. En todo caso, con esta determinación del magistrado Merchán, el expresidente Álvaro Uribe Vélez deberá ir a juicio.
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