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La Procuraduría sigue recolectando testimonios que le permitan sustentar su juicio disciplinario contra Luis Fernando Duque, representante de Centros Poblados, y antiguos altos funcionarios del Ministerio de las Tecnologías y de la Información. Este 14 de febrero fue el turno del ingeniero civil Alfredo Amín Yaber, quien verificó y colgó en el SECOP II la documentación con la cual el contratista se hizo con el billonario contrato, que buscaba llevar internet a 7.000 centros digítales en todo el país. Entre los papeles, la garantía bancaria al parecer falsa que detonó el escándalo de corrupción.
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El Ministerio Público tiene en juicio disciplinario al contratista Duque, así como a Adriana Meza, secretaria general del Mintic; Sandra Orjuela, subdirectora de Gestión Contractual de Mintic; Camilo Jiménez, director de Infraestructura de Mintic; y Paola Izquierdo, representante de la interventora Consorcio PE 2020 C Digitales. De ellos, solo Duque está procesado penalmente, pues la Fiscalía cree que los antiguos funcionarios públicos fueron engañados por Centros Poblados, una unión de cuatro empresas que al parecer eran manejadas por el zar de la contratación Emilio Tapia.
El ingeniero Amín Yaber aseguró que fue contactado por Roberto Gómez y Juan Carlos Cáceres, involucrados con dos de las empresas de la unión temporal: Novotic e Intec de la Costa. La última entidad, según el testigo, era la única parte de la unión que contaba con experiencia en el sector de las comunicaciones. Los buscaron, dijo, porque tenía recorrido estructurando los documentos que se alojan en SECOP II, donde Centros Poblados entró en un concurso para ganar el billonario contrato, cuya ejecución está en veremos y por el que se entregaron $70.000 millones de anticipo. Por las manos de Amín Yaber pasó cada uno de los documentos entregados por la unión temporal.
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“Los documentos que se preparan para una oferta son los mismos formatos que pone la entidad. Es simplemente llenar los datos que correspondan. Hay documentos que son expedidos por terceros, como el tema de la Cámara de Comercio o los certificados de antecedentes disciplinarios. Yo ayudaba al llenado de los formularios y a verificar en mi experiencia los documentos que me facilitaba Robert Gómez”, explicó el testigo Amín. Agregó que sobre la garantía bancaria, que soportaba la seriedad de la propuesta de Centros Poblados, el encargado era Juan José Laverde, quien hasta el año pasado trabajaba en la compañía de seguros Rave.
“Yo subí a la plataforma una copia de la garantía bancaria. El original tenía que ser radicado en las instalaciones del ministerio de las TIC. Eso fue unas horas antes del cierre. Nosotros fuimos el último proponente en presentar oferta porque la garantía se demoró en llegar. En algún momento escuché que era una garantía difícil de conseguir por la magnitud del proceso. Nunca tuve conocimiento si había fallas. Juan José Laverde me la envió por WhatsApp”, explico el testigo Amín Yaber.
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Según ha dado a conocer la Fiscalía, la Procuraduría y la exministra Karen Abudinen, el billonario contrato quedó clausurado porque Centros Poblados presento una garantía bancaria falsa. Se trataba de un documento del Banco Itaú, el cual el mismo ente financiero desmintió. Para cuando se conoció de la falla, el ministerio ya había desembolsado el anticipo y encontraba deficiencias en la ejecución de los centros digitales. La exministra Abudinen, investigada por la Corte Suprema, renunció a su cargo tras quedar en el ojo del huracán.
De acuerdo con el ingeniero Amín, todos los documentos que allegó al SECOP II se los entregó Robert Gómez, a excepción de la garantía del banco Itaú. Fue reiterativo en mencionar que Juan José Laverde era el encargado de gestionar el papel y que Centros Poblados fue la última empresa en presentar su oferta, dada la demora en la consecución de la garantía. Laverde permanece en prisión domiciliaria y está imputado por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado.
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Al parecer, el agente de seguros venía asesorando a Centros Poblados en conseguir las pólizas necesarias para presentarse a la licitación que abrió el Mintic y, luego, en la misma labor cuando la unión temporal fue seleccionada. Pero no presentaron una póliza, sino una serie de garantías con logos del banco Itaú, que resultaron falsa, pues, “ninguna aseguradora estaba dispuesta a expedir las pólizas requeridas”, según dijo la fiscal del caso penal. Por lo cual, el testimonio de Amín concuerda con la teoría del caso del ente investigador, en específico contra Laverde.
Cuando el abogado del contratista Duque preguntó a Amín por la participación de su cliente, señaló que recién lo conoció en persona cuando ya se habían cargado todos los documentos a SECOP II. Explicó que si necesitaba una firma de Duque, todo se gestionaba a través de Roberto Gómez y Juan Carlos Cáceres. Ambos son mencionados en la teoría de la Fiscalía como aquellos que gestionaron reuniones con Emilio Tapia para, al parecer, presentar a Centros Poblados como el contratista ideal para el Mintic.
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