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La determinación del presidente Gustavo Petro de revivir el hospital San Juan de Dios parece que no tendrá mayor oposición de la Alcaldía de Bogotá, pero no será un proceso fácil ni barato. En el camino se vislumbran retos como la concertación del precio, un pleito internacional contra el Distrito, por incumplimiento de contrato, y una segura acción de repetición contra la nación, en caso de que condenen a la Alcaldía. A grandes rasgos, estos podrían ser temas que sumarían medio billón de pesos.
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Detrás de este panorama hay una historia. Cuando Gustavo Petro fue alcalde (2012-2015) quiso que Bogotá lo recordara por dos obras: el subterráneo y la recuperación del hospital San Juan de Dios, de los cuales avanzó en los estudios del proyecto férreo y alcanzó a comprar el mítico hospital. Pero al dejar el cargo sus planes quedaron en manos de Enrique Peñalosa, quien a modo de sátira siguió con los proyectos, pero el metro lo contrató elevado y el San Juan lo mandó a demoler para edificar un nuevo hospital. Hoy que Petro es presidente lucha por rescatar algo de lo que su opositor borró.
Sobre la primera línea del metro, y su insistencia en un tramo subterráneo (así como de sus pocas posibilidades), se ha escrito bastante. Ahora su nuevo frente (y posible consolación) es el San Juan de Dios. En este caso aseguró mejor el terreno al incluir en el Plan de Desarrollo un artículo que le dio facultades extraordinarias por seis meses para adquirir el complejo, crear la persona jurídica que asumirá su manejo y expedir disposiciones para su operación.
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El miércoles (ad portas de vencerse la autorización especial) expidió el decreto con el que dio el primer paso, que justificó en el cumplimiento de la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, al fallar una acción popular en 2023, no solo ordenó a la nación emprender acciones para ejecutar, en asocio con Bogotá, el PEMP del hospital San Juan de Dios y gestionar los recursos para restaurar, recuperar, conservar y defender el complejo hospitalario como patrimonio cultural. A diferencia del tema metro, acá no tendrá mayor oposición, pero el proceso no será sencillo.
El pleito internacional
Durante la alcaldía de Petro se avanzó en la estructuración del Plan de Manejo Especial de Protección (PEMP) para Bienes de Interés Cultural (BIC), como el San Juan de Dios. Además, compró los terrenos a la Gobernación de Cundinamarca, por casi $150.000 millones, y alcanzó a contratar adecuaciones para rehabilitar algunas estructuras. Con el cambio de administración, Peñalosa impuso su idea de que era más barato demoler y construir que recuperar los edificios.
En ese sentido, tras la adopción en abril de 2016 del PEMP, que avaló la demolición del edificio Torre Central, adjudicó a la firma española Copasa (diciembre de 2019) un contrato de estudio, diseño, construcción, dotación y mantenimiento del nuevo hospital Santa Clara, por casi $450.000 millones, en estos terrenos. En julio de 2020, bajo la administración de Claudia López, se firmó el acta de inicio, algo que Petro calificó como “una incoherencia histórica”.
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Hoy, transcurridos tres años, está claro que ese contrato no se ejecutará. El constructor tenía que tramitar el permiso del Ministerio de Cultura para demoler, pero no lo logró. Se lo rechazaron en el gobierno de Iván Duque, y con la llegada de Petro a la presidencia esa puerta definitivamente se cerró. No solo por los anuncios que hizo el mandatario de que licitaría obras de restauración, sino porque incluyó la recuperación en su Plan de Desarrollo.
Toda opción para hacer la obra quedó descartada en septiembre, cuando el ministro de Cultura, Juan David Correa, le reiteró a través de un oficio a la alcaldesa López, “que ningún proyecto constructivo del conjunto hospitalario San Juan de Dios, que incluya la demolición del edifico Torre Central, recibirá autorización, ya que la torre goza de protección especial”.
Ante la imposibilidad de ejecutar le contrato, Copasa demandó a la Alcaldía ante un tribunal de arbitramento por incumplimiento de contrato, al adjudicarle una obra inviable. En el documento narró cómo solicitó tres veces el permiso de intervención al Mincultura, pero los rechazaron, exigiendo ajustes que excedían el objeto del contrato. “Nunca lo aprobó, al considerar que el proyecto presentaba líos de estructuración”.
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Ahora, en su demanda arbitral, pide que condenen al Distrito a pagar una indemnización por $70.000 millones, de los cuales $30.000 millones son por costos en el proceso y $40.000 millones por las ganancias que dejaron de percibir. “El contratista nunca dimensionó lo complejo del trámite. Ya con las declaraciones de Petro, el Plan de Desarrollo y el rechazo del Mincultura, vio que no podía seguir y convocaron al tribunal”, explicaron desde la Alcaldía.
Teniendo en cuenta los antecedentes, las perspectivas de la actual administración frente al desenlace del Tribunal de Arbitramento no son alentadoras. Saben que la posición del actual Gobierno es factible que condenen al Distrito. No obstante, también tienen claro que ante ese escenario no le quedaría más que promover una demanda de repetición contra la nación por los perjuicios a la ciudad.
Negociación o expropiación
Al margen del pleito que tendrá que enfrentar el Distrito, también está la negociación de la propiedad entre la Presidencia y la Alcaldía. El reciente decreto asignó a la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco la tarea de adquirir “a título gratuito u oneroso” el hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil, usando cualquier mecanismo legal que faculte la adquisición. Y para determinar el precio, dice, se tendrá en cuenta el avalúo comercial determinado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones o por peritos privados.
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En este punto la Alcaldía tiene claro que, si el predio lo necesita el Gobierno para crear un complejo hospitalario, no se opondrán. Lo clave, aseguran, es llegar a un acuerdo alrededor del precio que se le debe pagar a la ciudad. Y, anticipándose al tema, ya tienen algunas cuentas. Si bien en la alcaldía de Gustavo Petro se pagaron $150.000 millones, ocho años después el precio es mayor, no solo por la valorización, sino por las inversiones en mantenimiento y obras adicionales.
De acuerdo con la Alcaldía, el complejo tiene alrededor de 130 mil metros cuadrados y, según el último avalúo realizado por la Oficina de Catastro, el valor del metro cuadrado en este sector alcanza los $2,5 millones. Es decir, la nación tendría que desembolsar alrededor de $370.000 millones para ser su nuevo propietario tanto del San Juan como del Materno Infantil. A esto se sumarían casi $50.000 millones por mejoras y mantenimiento, para un total de $420.000 millones. “Sea compra o expropiación, algo le tienen que reconocer a la Alcaldía. Frente al contrato que se firmó en 2019, algo tendrán que hacer con el constructor, porque ante la ley ya tiene unos derechos adquiridos”, indicó Luis Gonzalo Morales, exsecretario de Salud.
Pero la cuenta no termina ahí. En los cálculos del Distrito está la eventual (y casi segura) derrota en el tribunal de arbitramento. En este caso, dicen, la acción de repetición contra la nación sería por el monto de la condena. Si se tiene en cuenta la aspiración del constructor, que es de $70.000 millones, esto haría que este proyecto del presidente Gustavo Petro llegue a casi el medio billón de pesos, sin contar las nuevas inversiones para ponerlo a funcionar.
“El decreto llega a implementar el artículo 365 el Plan de Desarrollo. Era algo que estábamos esperando y lo que procede es que el Fondo Financiero de Salud haga los acercamientos con la inmobiliaria Virgilio Barco, para cumplir los pasos de avalúos y procesos legales para la adquisición por parte del gobierno nacional. Tenemos que ilusión, desde la administración distrital, que este paso sirva para que la ciudadanía pueda disfrutar de este complejo, que hoy presta servicios en el materno infantil, pero que bueno que lo haga en un gran hospital universitario”, dijo Alejandro Gómez, secretario de Salud.
El decreto presidencial está en firme y empieza un nuevo capítulo en la historia del San Juan. Se vendrán meses movidos antes de que la nación sea el nuevo propietario del complejo hospitalario. Lo cierto es que todos estos asuntos los tendrá que tratar con la próxima administración.
Hospital San Juan de Dios, una institución histórica
El Hospital San Juan de Dios data del siglo XVI y llegó al siglo XXI como hospital universitario. Sus trabajadores dejaron de recibir salario hacia 1999 y cerró sus puertas en 2001, después de una intervención de la Superintendencia de Salud. La Ley 735 de 2002 lo declaró monumento nacional junto con el Instituto Materno Infantil, y le ordenó a la nación remodelarlo, restaurarlo y reabrirlo como hospital universitario.
Tras una década de abandono, en 2012 la Alcaldía de Gustavo Petro se propuso recuperarlo, pero se encontró con diversos obstáculos. Inicialmente pagó arrendamiento, hizo algunas adecuaciones y puso a funcionar un jardín infantil. Al final de su mandato adquirió la propiedad por casi $150.000 millones. Aunque Enrique Peñalosa proyectó allí la construcción de un nuevo hospital con 312 camas, 86 consultorios y 50 camas de observación, implicaba demoler la torre central. Hoy, 11 años después, Petro logró imponerse a esta obra y quiere volver a comprar, pero a nombre de la nación.
Detalles del complejo hospitalario
La propiedad se ubica entre la carrera 8C y la avenida Caracas y las calles 1 y 2 sur; abarca 13 hectáreas y tiene 24 edificios, de los cuales 17 se encuentran en el nivel de conservación integral (9) y arquitectónico (8). Actualmente, según el Distrito “avanzan estudios y diseños integrales de 12 de los 17 edificios con mayor valor patrimonial y de cinco espacios emblemáticos de los jardines y plazoletas interiores del complejo hospitalario, y se están ejecutando obras de restauración de los dos edificios que cuentan con autorizaciones y licencias de construcción”. La propiedad pasó a manos del Fondo Financiero Distrital de Salud, hecho que se materializó mediante la resolución n.° 085 de 2022.
Por Alexánder Marín Correa
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