Mató a habitante de calle y pagará condena en pabellón especial

El 23 de octubre de 2013, a las 9:30 de la noche, un motociclista que avanzaba por la carrera 10ª, se detuvo en la calle 1ª Sur. Se bajó, se acercó a una carreta de reciclaje en la que se encontraba un habitante de calle y sacó un arma blanca. De la nada y sin razón, el motociclista lo atacó. Le propinó dos heridas en la espalda y después en el pecho. Todo transcurrió en cuestión de segundos. La víctima, un hombre rubio y barbado, identificado como Jhon Jairo Bedoya Medina, de 48 años, fue auxiliado por los transeúntes y remitido al hospital La Samaritana, donde falleció minutos después. (¿Qué hacer con los habitantes de calle?)

“Miré al suelo para coger una piedra o un palo para ayudarlo”, aseguró en ese momento uno de los testigos del crimen, que esperaba un bus. Pero no alcanzó a hacerlo. El motociclista, como si nada, arrancó y desapareció. Quienes presenciaron el hecho llamaron a la Policía y a los pocos minutos llegó una patrulla del cuadrante 53, del barrio Santa Fe. Tras obtener la descripción del agresor, los uniformados emprendieron la persecución.

En la calle 6ª encontraron a una persona que respondía a la descripción que dieron los testigos: un hombre delgado, de baja estatura y que se movilizaba en una motocicleta Suzuki azul. Se trataba de Jaime Andrés Santamaría Castañeda, de 23 años. Según el testimonio de los policías, tenía un cuchillo en sus manos y cuando le preguntaron por qué había atacado al habitante de calle, Santamaría Castañeda dijo que estaba cansado de la indigencia y que quería ayudar a la comunidad. En el expediente reposan testimonios según los cuales Santamaría hirió a otro habitante de calle que nunca apareció. “Fue imposible contactarlo para que compareciera ante el despacho”, dijo la juez 16 penal de conocimiento.

Pero la sangre que se encontró en el chaleco y en el arma blanca fue la clave para determinar la responsabilidad de Santamaría Castañeda. Los resultados de los estudios periciales demostraron que la hoja del cuchillo tenía dos tipos de ADN: uno correspondía a Bedoya Medina y el otro a una segunda víctima, cuya identidad nunca fue esclarecida.

A pesar de que en este caso Santamaría Castañeda aceptó el cargo de homicidio agravado, dos años después de los hechos el atacante fue declarado inimputable luego de que se le practicara una valoración psicológica. Medicina Legal determinó que el agresor padece un trastorno mental permanente. Aun así, la jueza emitió el pasado miércoles fallo condenatorio en su contra. “No se aplica una pena sino una medida de seguridad”, puntualizó.

Eso quiere decir que Santamaría Castañeda podrá ser recluido en un pabellón especial de una cárcel o en un centro psiquiátrico. Su condena podrá ser de hasta 20 años, pero por ahora seguirá en la cárcel Modelo de Bogotá, mientras la sentencia queda en firme.

Alto índice de impunidad

Cuando se trata de muertes de habitantes de calle, las probabilidades de que queden en la impunidad son muy altas: hay pocas investigaciones y pocas condenas, indica el Centro de Memoria Histórica. Durante 2016 se registraron 65 homicidios de miembros de esta población, mientras que en 2015 hubo 88, y no hay certeza de cuántos procesos se siguen en contra de los implicados. De hecho, ni siquiera hay datos actualizados sobre el número de habitantes de calle en Bogotá.

Alberto López de Mesa, quien habitó en las calles de Bogotá durante más de 15 años, asegura que mientras vivió en esa situación los ataques contra esta población fueron sistemáticos y que en su mente no hay registro de capturados o de condenas ejemplares.

De acuerdo con Marcela Tovar Thomas, directora del Centro de Pensamiento y Acción para la Transición, el consumo de drogas tiende a ligarse con la comisión de delitos. “En muchos casos se cree que el consumo de drogas en una zona propicia más delitos. Entonces el supuesto argumento consiste en que hay que deshacerse de los consumidores de droga, porque van a robar y a atracar. Es decir, los hechos relacionados con atentar contra los bienes ajenos son percibidos como si fueran peores que el delito de atentar contra la vida de otra persona”.

De las víctimas que Alberto López de Mesa vio durante su período en las calles, muchos no han tenido dolientes, porque —dice— es muy difícil buscar a los parientes y conocidos. Así sucedió con Jhon Jairo Bedoya Medina, la víctima de Santamaría Castañeda. Su cuerpo permaneció más de dos años en Medicina Legal sin que fuera reclamado. “Es muy difícil que un habitante de calle sea ubicado y que comparezca ante un despacho judicial. El anonimato de su identidad y de su arraigo es garantía de que no haya investigación”, añade Tovar Thomas.

A pesar de los esfuerzos de la Secretaría de Integración Social para acompañar a los habitantes de calle con el fin de que tengan acceso a la administración de justicia, los expertos sugieren que se requiere definir un conjunto de políticas públicas que permitan crear acciones para prevenir este tipo de hechos, y que al mismo tiempo exista capacidad estatal para esclarecer los delitos perpetrados que siguen en el anonimato.