¿Qué pasa si se cae la Emergencia Social?

Para Juan Manuel Díaz Granados, presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), si se cae se hace inviable el futuro de las Empresas Promotoras de Salud (EPS), que se verían obligadas a pagar las coberturas no incluidas en el Plan Obligatorio de Salud (POS), un gasto creciente que en total sumó $1,8 billones en 2009, y así tener que recurrir al Fondo de Solidaridad y Garantías (Fosyga), con la posibilidad de que no alcancen los recursos de la cuenta de compensación, de acuerdo con cálculos del Ministerio de Hacienda.

Pero Juan Camilo Restrepo, ex ministro de Hacienda, expresó una opinión contraria. “La caída de la Emergencia no sería una catástrofe, las cosas volverían al estado en que se encontraban a finales del año pasado. El 80 ó 90% de las medidas incluidas en los decretos expedidos las podría tomar el Gobierno a través de las facultades regulatorias ordinarias que tiene a su alcance”. Citó el caso de la regulación de los precios de los medicamentos, medida que según él se podría tomar sin Emergencia Social.

Por su parte, el presidente Álvaro Uribe, en declaraciones a las emisoras (Asenred) de Antioquia, defendió la constitucionalidad de la medida de excepción argumentando que “la Emergencia Social evitó un hecho sobreviniente grave: la parálisis de la salud por falta de recursos por tratarse de una amenaza inminente que no daba tiempo de utilizar la legislación ordinaria para afrontarla”.

Frente a la cada vez más posible caída de la Emergencia, el Gobierno estudia la posibilidad de presentar al Congreso un proyecto, con mensaje de urgencia, que recoja el contenido de los polémicos decretos y así atender la situación de la salud. En especial el recaudo de recursos por $1 billón para atender las coberturas no incluidas en el POS.

En el tema de impuestos, el jefe del órgano de control argumentó que los decretos que aumentan el IVA a cervezas, licores, cigarrillos y juegos de suerte y azar a 16% “no consulta los criterios de equidad, pues sólo establece cargas a un determinado grupo de consumidores y no distingue su capacidad de pago”.

En este sentido, Lucy Cruz, presidenta del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, manifestó que “la financiación de la salud requiere una reforma de fondo, en el Congreso, que le provea recursos de impuestos generales y específicos y no de indirectos como el IVA”.

Sobre el tema tributario, el ex ministro Restrepo indicó que el Gobierno pudo haber caído en la fantasía de subir el IVA a productos de consumo masivo, que finalmente no pagan las grandes empresas, sino los consumidores, que en el caso de los productos a los cuales se les incrementan los gravámenes son comprados por las personas de menores ingresos.