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Las masivas protestas de los últimos meses en varios países de América Latina —para no mencionar las de los chalecos amarillos en París o las de Barcelona— son un llamado de atención para sus gobernantes. Algunos sectores las han descalificado por presuntas infiltraciones por parte de actores externos e incluso por ser una conspiración inspirada por el castrochavismo y sus aliados.
Estas acusaciones, ciertas o no, impiden dimensionar y enfrentar el impacto de la crisis de la democracia y la creciente insatisfacción de los ciudadanos de la región con este sistema, la cual pasó, según el Latinobarómetro 2018, del 51% al 71% en menos de una década. Este fenómeno se refleja en el descenso en todos los indicadores sociales, económicos y políticos y en la incapacidad de las élites políticas para resolver problemas como la desigualdad, la pobreza, la corrupción y la inseguridad. Esto va acompañado del debilitamiento de la credibilidad y legitimidad de las instituciones inherentes a la democracia y a su creciente desprestigio. Estas son percibidas como ineficientes, corruptas y al servicio de sectores que no representan el interés general o son objeto de ataques cuando adoptan decisiones que no les favorecen. Los partidos políticos y la democracia representativa parecen haberse quedado rezagados frente a las necesidades y expectativas de los ciudadanos en temas como el empleo, seguridad social y ciudadana, educación, igualdad de género, calentamiento global, derechos sociales, políticos y económicos, entre otros.
Colombia no es ajena a esta situación. A pocos días de las elecciones del próximo 27 de octubre, proliferan las prácticas políticas que han contribuido al desprestigio de los partidos y el sistema electoral. La violencia y amenazas contra candidatos; la compra de votos; la trashumancia electoral; la precaria transparencia en el reporte de los ingresos y gastos de las campañas; la feria de los avales; la proliferación de coaliciones y candidatos por firmas que cobijan a personas cuestionadas y vinculadas a corrupción, grupos armados ilegales, narcotráfico y herederos de parapolítica; las alianzas de un descarado oportunismo político entre personas provenientes de orillas ideológicas opuestas y que hasta hace pocos días se decían irreconciliables les dan argumentos a quienes consideran que las elecciones se han convertido en una farsa, en las que todo vale. Y a quienes optan por otras vías de participación, como la protesta social, para exigir sus derechos.
Como lo señala Marta Lagos, directora del Latinobarómetro, “en el momento en que menos vale la política, más importancia tiene. La izquierda y la derecha democrática (…) deben enfrentar la debacle de la política y liderar a sus pueblos; no dejarlos a la deriva de lo que encuentran en el camino, en la indiferencia y el individualismo. Lo importante no son los destinos personales, sino los liderazgos que conducen y producen bien común”. Las elecciones del domingo son una oportunidad para elegir a esos líderes que permitan recuperar la confianza en la democracia. De lo contrario, estaremos abocados a un creciente deterioro del Estado social de derecho, y con ello de las posibilidades de dirimir los conflictos por vías pacíficas.
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