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Los grandes y graves impactos ambientales que está viviendo el mundo en general, y el país en particular, nos están señalando que debemos repensar la relación entre ambiente y desarrollo. El ambiente antes no daba votos; hoy, muchos electores definen su voto según el compromiso ambiental de los candidatos.
Si quienes diseñan las carreteras no consideran la variabilidad climática, estas son destruidas por los climas extremos y el propósito de conectividad vial se pierde. Los agricultores tienen que manejar y proteger las fuentes hídricas y crear reservorios de agua, o los cambios en el régimen de lluvias malogran los cultivos. Las empresas de autos y buses tienen que desarrollar alternativas más limpias o pierden posibilidades de venta, por preferencia de los consumidores o por regulaciones ambientales que sacan del mercado a los autos más contaminantes. Las empresas extractoras de petróleo, carbón y gas están planificando su migración a fuentes alternativas sostenibles, para no ver comprometido su futuro. Los países tienen que modificar su matriz energética, so pena de ser comercialmente marginados en el futuro.
Los inversionistas que usan recursos para financiar la deforestación, apropiar tierras y hacer ganadería o monocultivos están entendiendo que esas inversiones son de alto riesgo y que ese negocio se está acabando. El mundo tiene los ojos puestos sobre los beneficios globales que los bosques generan y, mientras se movilizan recursos para su conservación, se toman medidas para aislar y dificultar los mercados para los productos que provienen de procesos de deforestación. Los pequeños colonos-campesinos que se encuentran en zonas de ecosistemas naturales estratégicos entienden que deben conservar parte de su finca en bosque y cumplir con la función ecológica de la propiedad privada.
Ningún sector económico puede abstraerse de entender y mejorar la relación entre su intervención y el ambiente. Los políticos saben que su popularidad en buena medida depende de su gestión ambiental.
La legislación ambiental, antes ignorada y solo asumida como referente ético por los llamados “ambientalistas extremos”, hoy es una herramienta de uso corriente. La presión social por un mejor ambiente empieza a exigir mejores resultados a las autoridades ambientales. Las organizaciones sociales y la gestión ciudadana son cada día más fuertes, tanto a nivel nacional como local, presionando a la institucionalidad por el debido cumplimiento de su misión y por un adecuado y transparente manejo financiero. El ciudadano está más capacitado y consciente para usar la legislación, y encuentra en las redes sociales un gran apoyo para su divulgación y organización.
En la historia reciente hay múltiples movilizaciones populares por razones ambientales que empiezan a forzar gestión institucional y cambios en actividades productivas. Sin embargo, aún hay un gran camino por recorrer para presionar cambios más acelerados. De otra parte, también falta mayor autorregulación en el interior de la sociedad civil. El cambio también depende de nosotros como organizaciones sociales y como individuos, pues no es solo responsabilidad gubernamental.
La diferencia para una mejor gestión ambiental en el corto plazo no la hace un cambio legislativo o cambios en la arquitectura institucional, la define la organización y presión de la sociedad civil al usar las herramientas legales existentes y exigir una mejor gestión institucional. Votemos por los candidatos que han mostrado sensibilidad frente al tema ambiental.
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