Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
En febrero de este año el gobierno alemán le comunicó al colombiano que desconocer los protocolos de negociación con el Eln sentaba un precedente negativo para futuros acuerdos entre ambos países y para eventuales procesos de paz dentro y fuera de nuestro territorio. El canciller Carlos Holmes respondió que el presidente Duque no estaba incumpliendo ningún compromiso, porque no fue él quien firmó los documentos que establecían cómo debía procederse en caso de que las negociaciones se rompieran.
Con esa afirmación, en la que aún hoy persiste, el jefe de la diplomacia colombiana desconoce que en el ámbito internacional los presidentes actúan en representación de los Estados. Desde luego que nuevos gobiernos, siempre en nombre de su país y no a título personal, pueden renegociar convenios internacionales de tal manera que se modifiquen o cesen las obligaciones mutuamente contraídas en el pasado. Pero mientras eso no ocurra se debe respetar la palabra empeñada, porque las relaciones al interior de la comunidad de naciones giran alrededor de la buena fe. No creo que haya muchos cancilleres en el mundo dipuestos a refrendar con cada nuevo jefe de Estado todos los acuerdos internacionales suscritos a lo largo de su historia con multiplicidad de países.
Las palabras del ministro hacen evocar la vehemencia con que el Centro Democrático se opuso a que se elevara a norma constitucional el deber de cumplir el Acuerdo de La Habana durante los próximos tres gobiernos; siempre lo mostraron como un compromiso entre las Farc y el presidente Santos, y por eso se esforzaron para que quedara abierta la posibilidad de que en una nueva presidencia se lo pudiera cambiar. Después de que la Corte Constitucional avalara el Acto Legislativo 02 de 2017, el entonces candidato Duque exploró opciones legales que le permitieran modificar unilateralmente lo pactado y, luego de posesionado, tanto él como su partido han seguido intentando alterar la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz; primero mediante el forzado mecanismo de las objeciones y después a través de propuestas legislativas como la que busca crear salas especiales para la investigación y el juzgamiento de los integrantes de las Fuerzas Armadas.
Las reiteradas declaraciones del canciller ponen en evidencia que esta administración no se considera vinculada por el Acuerdo de Paz, porque no fue firmado por el presidente Duque. La insistencia en solicitar la extradición de los negociadores del Eln que permanecen en Cuba parece estar orientada a abrir alguna fisura a nivel internacional que les permita desconocer las obligaciones adquiridas por la administración anterior no solo en lo atinente a ese grupo guerrillero sino, incluso, las que se asumieron en lo relacionado con el cumplimiento de lo pactado con las Farc.
Si en su momento alguien tuvo dudas sobre la necesidad de blindar constitucionalmente lo convenido en La Habana, este gobierno se ha encargado de despejárselas. Solo gracias a que el Congreso aprobó esas normas y a que la Corte Constitucional las avaló, el Acuerdo de Paz se mantiene vigente y sus enemigos tienen que conformarse con ralentizar su implementación.
Conoce más