Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
La vida está a punto de cambiarle a Camilo* por lo que pasó el 17 de mayo de 2021, en medio de las movilizaciones del paro nacional en Antioquia. El vendedor ambulante cuenta que consumió una dosis personal de droga y se puso a bailar en la calle con un machete mientras le gritaba arengas a la Policía. Dos uniformados lo detuvieron, lo golpearon y lo llevaron a una Unidad de Reacción Inmediata (URI) afirmando que él los había agredido físicamente. Por eso, en cuestión de semanas, el joven de 27 años puede ser destinado a una cárcel por el delito de violencia contra servidor público, lo que podría implicar hasta ocho años. (El joven de la Primera Línea que grabó manifestaciones y está imputado por terrorismo)
Camilo insiste en que él no agredió a los policías, y que fueron ellos quienes lo detuvieron sin motivos y ordenaron en la Unidad de Reacción Inmediata “darle un tratamiento especial”. En consecuencia, lo esposaron y lo colgaron de una varilla durante un par de horas. La Fiscalía tiene otra versión. Sostiene que el joven era un miembro de la Primera Línea, que estaba manifestando, cerrando vías y lanzando objetos contundentes e incendiarios contra los agentes. Según el ente acusador, Camilo lesionó en sus manos a dos patrulleros que recibieron incapacidades de cuatro y de seis días. (Para leer más notas de Investigación dele clic aquí)
Olga Lucía Bernal García, asesora del área de penal de la Universidad de Antioquia y abogada defensora de Camilo, cuestiona la imputación contra su cliente. Ella afirma que él no era ningún miembro de la Primera Línea; que no agredió a ningún uniformado; que es poco creíble que los policías recibieran una cortada en sus manos si suelen usar guantes; y mucho menos que esas supuestas laceraciones hayan provocado una mínima incapacidad y, en contraste, constituya un delito tan grave de ocho años de cárcel, sin posibilidad de ser recluido en la casa, pues se trata de un delito contra la administración pública. (“Separar Policía de Mindefensa” y otras 40 recomendaciones de la CIDH a Colombia)
“Cuando Medicina Legal llega a hacer los análisis, en medio de las protestas, minimiza lo que les pasa a los detenidos y maximiza las lesiones de los policías. Son casos sustentados en pruebas sin respaldo. Me han ofrecido cambiar la conducta a lesiones personales, para que el muchacho no cumpla la pena en la cárcel, pero él se negó a aceptar algo que no hizo. Siempre se pregunta: ¿Cómo voy a buscar trabajo después? Así que él y muchos otros procesados prefieren ir a juicio a demostrar los montajes. La mayoría lo son y difícilmente llegarán a ser condenas, los jueces no les darán credibilidad”, aseguró la abogada Olga Bernal.
Camilo es uno de los cuatro supuestos miembros de la Primera Línea que fueron capturados en el último año y que defiende la abogada Bernal. Todos los casos tienen patrones comunes, según la defensora: “la vinculación de los procesados a las primeras líneas, pese a no serlo; la imputación del delito de violencia contra servidor público; el uso de dictámenes de Medicina Legal que acreditan supuestas laceraciones en las manos de los policías y declaraciones poco creíbles, como, por ejemplo, decir que ‘entre 100 personas, el policía identificó claramente a la persona que le tiró una piedra en la mano’”.
“Tengo otro caso en el que un policía dice que mi cliente le lanzó una piedra durante una noche de protesta, en la que incluso quitaron la luz. Es increíble que, en medio de la oscuridad, de los gases y del caos, alguien pueda ver exactamente lo que el policía dice que vio. Mi defendido sufre de asma, le tiraron gases, se empezó a ahogar y, por eso, no corrió y lo detuvieron. Tristemente estos procesos judiciales son para desmotivar las movilizaciones, y se han utilizado de manera arbitraria, tratando de sostenerlos a partir de montajes”, asegura la abogada Bernal que reclama debido proceso para sus defendidos.
La historia de Camilo se enmarca en el estallido social que se inició el 28 de abril de 2021, una acción de protesta por una nueva reforma tributaria que derivó en graves actos de violencia. Las cifras de la Organización de Naciones Unidas aseguran que 63 personas murieron, 1.140 fueron heridas, 60 sufrieron violencia sexual y hasta 700 se reportaron como desaparecidas. En respuesta, 201 personas de las llamadas “primeras líneas” han sido procesadas, según cifras de la Fiscalía. Entre la congestión habitual de los despachos, los procesos avanzan sin que se haya proferido la primera condena.
El concepto de “primera línea” empezó a tomar fuerza en Colombia en el año 2019, después de las marchas en las que falleció el joven Dylan Cruz. Como lo describió este diario, en un reportaje sobre la primera línea Escudos Azules en Bogotá, su objetivo es defender la protesta y recibir los primeros impactos de las fuerzas antimotines. Las expresiones más conocidas de esta misma expresión se habían dado antes en Chile y en Hong Kong, donde manifestantes se organizaron con escudos para recibir los primeros impactos de la fuerza pública y proteger a los civiles asistiéndoles con primeros auxilios.
Sin embargo, la Fiscalía y la Policía consideran que al interior de estas primeras líneas se han ideado ataques contra los uniformados y los bienes públicos, a tal punto que no dudan en llamarlos “delincuentes” y “terroristas”, calificativos que, según algunos defensores de derechos humanos, estigmatizan a los integrantes de las primeras líneas en su derecho legítimo de protesta. Además, los tienen bajo riesgo inminente. Por esa razón, a finales del año pasado, se solicitaron medidas de protección a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger sus derechos.
A través de una solicitud de información pública, El Espectador conoció que desde el 28 de abril hasta el 22 de noviembre de 2021 se han abierto 18 procesos contra supuestos integrantes de las primeras líneas. Los departamentos de Valle del Cauca y Antioquia, así como la capital de la República, son las zonas en las que se concentran la mayoría de los expedientes. Cada proceso implica más de un hecho, más de un delito imputado y más de un procesado. El acumulado de estos procesos incluye a 201 personas investigadas, de las cuales, 176 han sido capturadas. Los procesos siguen en curso en diferentes juzgados.
Los delitos que con mayor frecuencia se han imputado son daño en bien ajeno, empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos, violencia contra servidor público, obstrucción a vías públicas que afectan el orden público y terrorismo. Estas investigaciones se encuentran a cargo de Fiscalía Delegada para la Seguridad Ciudadana. Esta dependencia aseguró a este diario que, si bien la protesta social es un derecho, la manifestación debe ser pacífica, por lo tanto, “cuando se presentan episodios de violencia en el desarrollo de estas, la Fiscalía en virtud de sus facultades, evalúa la afectación de bienes jurídicos individuales o colectivos y como titular de la acción penal interviene”.
La Fiscalía tiene un equipo conformado por fiscales destacados, con presencia en todo el territorio, acompañados de investigadores. Se trata de “recursos humanos y técnicos para darle celeridad y eficacia a las investigaciones”. Sin embargo, todos los procesos continúan en investigación. La Fiscalía ha emitido directivas con lineamientos a los fiscales para que determinen qué delitos pueden cometerse en los episodios de “manifestaciones violentas” en el desarrollo de la protesta social. Es el caso de la Directiva No. 002 del 04 de junio de 2021, que da pautas para la investigación y judicialización de delitos cometidos. Dicho documento ha sido criticado por defensores de derechos humanos porque genera más ambigüedades y abre la puerta a arbitrariedades.
Juan Sebastián Hernández, investigador de Dejusticia, explicó a este diario que “con la nueva directiva se intenta justificar un gran número de imputaciones por delitos de terrorismo” enmarcando la protesta social como una actividad potencialmente terrorista y de crimen organizado. En esa opinión coincide Juan Mario Tobón, penalista que puso a su disposición su firma para defender de forma gratuita a los detenidos en las protestas. Tobón tiene cuatro casos y sostiene que la Policía trasladó estas personas a calabozos para presentarlos después como “vándalos” o miembros de Primera Línea sin serlo. En una audiencia llegaron 25 abogados a defender aprehendidos de una captura masiva.
El abogado Tobón llama la atención sobre el caso de Andrés*, un estudiante de 22 años, capturado en Medellín el 28 de julio de 2021 por cargar 19 papas bomba en una nevera de icopor. Según Tobón, su defendido era objeto de seguimientos con anterioridad, ya que en el expediente se mencionan interceptaciones y testimonios de supuestos policías infiltrados, aunque después los agentes hicieron pasar su captura como un caso de “flagrancia”, en medio de una requisa casual en el Parque de los Deseos, en Medellín. Ser capturado en flagrancia tiene un efecto importante porque, si la persona llega a aceptar los cargos imputados, la rebaja es mucho menor a las habituales.
“Lo detuvieron por tráfico y producción de armas de uso privativo, como si estuviera portando 19 granadas. No es lo mismo que te cojan con una granada que, con una papa bomba para producir efecto sonoro en una protesta. Las papas bomba no son armas de uso privativo, según el decreto que las regula. Mi cliente lleva siete meses privado de la libertad, es desproporcionada esta imputación”, afirmó Tobón a El Espectador. En el escrito de acusación, la Fiscalía dice que eran “artefactos explosivos improvisados, debido a la mezcla de sustancias que individualmente no son explosivas, pero que, al mezclarse en sus debidas proporciones, configuran la categoría de explosivos, una vez son confinados en el contenedor”.
En ese mismo contexto, al menos 30 personas supuestamente de las primeras líneas han sido imputadas por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, que se castiga hasta con 12 años de cárcel. Un delito imputado en concurso con el de concierto para delinquir y terrorismo, lo que, según el abogado Tobón, implica afirmar que la Primera Línea es una organización criminal con finalidades de terrorismo. “Hemos notado el interés de la Fiscalía de marcar a este colectivo como organización delictiva. La deslegitimación y la criminalización de la protesta es el objetivo principal. ¿Por qué tantas personas con medida de aseguramiento? Es una presión para que acepten cargos y que la Fiscalía muestre resultados”, concluyó el abogado.
*Nombres cambiados para proteger la identidad de los procesados
Por Pilar Cuartas Rodríguez
Conoce más