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El campo de petróleo ubicado en Tibú inició operaciones en 1944, pero fue hasta 1971 que Ecopetrol adquirió parte de la producción de la zona para empezar con las actividades que se mantienen hasta hoy. Actualmente produce alrededor de 2 mil barriles diarios. En cuanto a la producción de gas, el campo de Sardinata se inauguró en 2012 con el objetivo de abastecer de este recurso a la región. Alrededor del 20 % del gas que se consume en Cúcuta, capital de Norte de Santander, proviene de este municipio. El campo produce 700 mil pies cúbicos de gas al día.
Tibú y Sardinata se ubican en zonas en las que históricamente ha habido problemas de orden público por presencia de grupos al margen de la ley que llegaron a la región a comienzos de la década de los 80. Primero fue el Ejército de Liberación Nacional (Eln). A este se le unieron el Ejército Popular de Liberación (Epl), las extintas Farc y, posteriormente, las Autodefensas Unidas de Colombia.
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Sin embargo, el reciclaje de la violencia y la transformación de las dinámicas de conflicto en los territorios tras la firma del Acuerdo de Paz con las Farc han sido en los últimos dos años el caldo de cultivo para el recrudecimiento de la confrontación armada y el fortalecimiento de grupos ilegales que controlan el territorio.
Con este panorama como telón de fondo, la producción de gas y petróleo en la zona ha disminuido considerablemente debido al riesgo que significa ir a los pozos para verificar la producción y hacer trabajos de mantenimiento. “Si no podemos salir por todos los motivos de seguridad, los pozos se van a ir apagando y eso va a bajar la producción de petróleo y gas en estos campamentos”, explicó Orlando Mauricio Sánchez, gerente de Ecopetrol en Norte de Santander.
La infraestructura petrolera ha sido blanco de ataques en medio de la confrontación armada desde 1970, cuando los oleoductos y pozos se convirtieron en puntos estratégicos para ejecutar atentados por parte de los actores armados ilegales. De hecho, Norte de Santander es una de las zonas del país más afectadas por estos actos, con un registro de 262 ataques entre 1970 y 2016, según un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes).
Para el gerente de Ecopetrol en el departamento, es claro que las intimidaciones a los empleados y el robo de vehículos están afectando los resultados en terreno: “Nosotros seguimos operando y tenemos una producción de 2.600 barriles, pero tenemos una filtración de 400, porque no hemos podido salir al campo a revisar los pozos. Ante la imposibilidad de salir, se ha ido mermando la producción”.
Ante este panorama, la Alcaldía de Tibú, la Gobernación de Norte de Santander y la Fuerza Pública empezaron a trabajar de la mano de la empresa para llegar a una solución y así evitar que Ecopetrol deje la zona, una decisión que puede causar una pérdida económica considerable para una población que se desarrolló en torno a esta actividad.
La producción de gas y petróleo, además, da trabajo a 520 personas de forma directa y beneficia a por lo menos 1.000 familias de la zona, según Corina Durán, alcaldesa de Tibú.
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“Sería lamentable que Ecopetrol tuviera que irse del municipio, ya que no solo se verían afectadas las personas que se benefician directa o indirectamente de la empresa, sino también por las regalías que recibe el municipio por medio de la compañía”, dijo la alcaldesa de Tibú. Señaló, además, que en el último año las operaciones petroleras y de gas le dejaron al municipio $3.900 millones. Una suma que es destinada primordialmente al desarrollo de infraestructura y vías de Tibú, según la mandataria local. “Creemos que Ecopetrol va a tomar la mejor decisión y sabemos que ellos están en el municipio porque les conviene y es un buen lugar para trabajar. Por eso no hemos analizado un plan B”, sostiene la alcaldesa.
De acuerdo con Sánchez, se están invirtiendo $41 millones para apoyar el mejoramiento de la infraestructura de las vías y colegios. El gerente explica que el interés de la empresa es mantenerse en la zona y que están trabajando con las autoridades locales para que así sea. Sin embargo, señala que “si operativamente no podemos trabajar, pues no podemos hacer nada”.
José Sánchez, presidente de Asojuntas de Tibú y líder de la comunidad, asegura que la comunidad se vería afectada, pues la empresa “ha hecho esa labor social en el municipio con respecto a la parte de educación y a las vías terciarias y secundarias”.
Insiste en que una de las salidas para mejorar la situación social y de seguridad en el Catatumbo es el cumplimiento del Acuerdo de Paz firmado con las Farc. Sin embargo, es escéptico de que las cosas cambien en un futuro cercano. “Tibú y el Catatumbo se han caracterizado por ser una zona muy conflictiva. Como es un área rica en subsuelo, aquí convergen inversionistas y grupos armados. Esa situación de violencia en nuestro municipio y en nuestra subregión no tiende a cambiar mucho, siempre ha existido la problemática y va a seguir existiendo”.
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Los problemas de orden público, la proliferación de actores armados y el fortalecimiento de estructuras ilegales que antes tenían menos presencia en la zona vienen siendo alertados por la comunidad, líderes y organizaciones sociales que han llamado la atención sobre las afectaciones directas a la población civil en medio de estas dinámicas de confrontación armada.
De hecho, en la zona se han identificado 12 estructuras armadas. Las que tienen más capacidad de acción son los Pelusos, o Ejército Popular de Liberación (Epl), los Rastrojos y los grupos armados pos-Farc. A ellos hay que sumarle la presencia del Eln, el grupo armado más grande de la región, que cuenta con tres frentes que están en guerra y han denunciado una supuesta alianza entre los Rastrojos y el Epl por el control territorial, en especial por el manejo de las trochas de la frontera con Venezuela y las rutas del narcotráfico.
