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Por más de mes y medio, 905 indígenas de las comunidades de El Brazo, Posamanza, Boro Boro y Bacurú Purrú, en Bahía Solano (Chocó), permanecieron desplazados y albergados en una institución educativa del corregimiento El Valle, luego de que huyeran de sus tierras tras el asesinato del líder de las comunidades, Miguel Tapí Rito, a manos de uno de los grupos armados que delinquen en esta zona del país. Entre el jueves 21 y viernes 22 de enero las 196 familias pudieron regresar a sus hogares en un proceso de retorno que fue acompañado por el alcalde del municipio, el personero y la Infantería de Marina.
Líderes indígenas, autoridades municipales y miembros de la Fuerza Pública realizaron varias reuniones para establecer un diálogo sobre los problemas estructurales de las comunidades, sus necesidades y las solicitudes que le hacen a la administración. El apoyo para emprender proyectos productivos en el campo, el ingreso de la Guardia Indígena al territorio para mejorar la seguridad, el mejoramiento de las instituciones educativas y la instalación de energía eléctrica permanente fueron algunas de las exigencias de los indígenas para regresar a sus territorios. El Espectador habló con Úlmer García, alcalde del municipio de Bahía Solano, para explicar cuál es la situación de seguridad de la zona y cuáles fueron los acuerdos.
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¿Cómo fue el retorno de los indígenas a sus territorios?
Previo al regreso nosotros hicimos una serie de reuniones entre los líderes indígenas, el personero, el comandante del Batallón de Infantería de Marina número 23 y el comandante del Tercer Distrito de la Policía Nacional. En esta reunión se hizo todo el cronograma del retorno. Posteriormente a eso, hicimos un comité de justicia transicional, y ahí se determinó todo el apoyo que se les va a brindar a los indígenas; la Unidad de Víctimas apoyó con comida, esto también lo hizo el Programa Mundial de Alimentos, que por medio de la administración municipal entregaron 26 toneladas de alimentos no perecederos. La Unidad de Víctimas también hizo entrega de cerca de 700 galones de gasolina para el transporte de los indígenas. Por más de que ellos tuvieran sus chalupas y lanchas pequeñas se les entregó el combustible para que pudieran llegar a sus territorios. Por parte de la administración municipal se aportó la limpieza de las comunidades indígenas y se adquirió el compromiso de instalar unas lámparas de alumbrado público para que tengan energía eléctrica permanente. Además, con algunos funcionarios los acompañamos en su recorrido por el río hacia sus hogares. El recorrido se hizo en dos días, entre el jueves 21 y viernes 22 de enero de 2021. El lunes vinieron algunos gobernadores indígenas a manifestar que estaban todos y que el retorno había sido un éxito. Se utilizaron unas 50 chalupas y se hicieron tres viajes durante el primer día donde llevaron todo lo que habían sacado cuando salieron y a las personas. En total fueron 905 personas las que regresaron.
¿Cuáles fueron las peticiones que hicieron las comunidades en condiciones de seguridad?
Para que se hiciera el retorno se pusieron tres condiciones: seguridad, voluntariedad y dignidad. En cuanto al segundo punto, ellos manifestaron el deseo que tenían de regresar a su territorio. En cuanto al tema de seguridad, en compañía de algunos líderes observamos la presencia de la Armada Nacional en el territorio de estas cuatro comunidades indígenas, y ellos se sintieron respaldados por esto. En el tema de la dignidad, lo que se exigió fue que tuvieran los medios necesarios para llegar nuevamente al territorio. Se fueron con la promesa que se hizo desde el Batallón de Infantería de Marina para estar allá el tiempo que sea necesario.
¿Cuáles fueron las ayudas que se dieron desde la alcaldía municipal para poder atender esta crisis?
A nosotros nos correspondió darles las ayudas iniciales como los kits de alimentos, los de aseo y alimentos no perecederos. En varias ocasiones se sacrificó a un animal para entregárselo a ellos, pues uno no consigue tanta carne, entonces toca sacrificar al animal y dárselo a ellos. También les dimos pescado. Más allá de eso, la alcaldía asumió todo el transporte de lo que envió la Unidad de Víctimas y otras organizaciones, desde Buenaventura hasta el corregimiento de El Valle acá en Bahía Solano. Esto tuvo un costo significativo porque el transporte desde el puerto hasta acá es bastante costoso. ¿Cómo fue el protocolo para evitar casos de COVID-19? A pesar de las dificultades que representa el virus, solo dos se contagiaron. Estamos seguros que en sus territorios no van a existir contagios. Donde ellos estaban acomodados sí había elementos de bioseguridad y se les dieron charlas informativas sobre el virus. Sin embargo, por su cultura, cuando ellos se trasladaron a su territorio iban sin tapabocas. Esa es una labor difícil, porque por principios ellos no están acostumbrados a utilizar este elemento.
¿A qué acuerdos se llegaron?
Ellos piden que se les asegure el derecho a la vida, el cual está marcado en gran parte por el tema de la inseguridad que hay en la zona. Cuando ocurre este tipo de desplazamiento, el Estado está en la obligación de hacer las reparaciones del caso y que sean incluidos como víctimas del conflicto armado. Estas reparaciones incluyen un apoyo en el tema de los cultivos productivos, la entrada de la Guardia Indígena a este territorio y mejoramiento de las escuelas.
¿Cuáles fueron los compromisos desde la Alcaldía?
Nosotros vamos a ayudarles a presentar los proyectos productivos. Piden también el mejoramiento de las redes eléctricas internas, así como de la infraestructura de las instituciones educativas. Otro de los puntos claves es el del acueducto y lo que tiene que ver con las brigadas de salud para atender a los enfermos. Son actividades que a ellos les van a permitir volver a empezar en su territorio, como la siembra de yuca o plátano. Además, son de las pocas comunidades que no tienen Guardia Indígena, entonces nosotros les vamos a ayudar a organizarla.
¿Cómo está la situación de orden público?
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Si lo podemos resumir por lo que se ha dado en el último mes, la situación ha mejorado significativamente. Por el momento están los hechos que se dieron el año pasado, y que dejaron a estas familias desplazadas, pero hay una calma relativa y esperamos que siga así durante todo el año 2021. No tuve la oportunidad de asistir a la reunión de seguridad que se hizo el día viernes, ninguna autoridad civil fue invitada. Nosotros estuvimos en otra reunión que se hizo en la noche. No nos enteramos qué se trató en ese consejo de seguridad. Sin embargo, después le solicitamos al presidente Duque la necesidad de instalar cámaras de seguridad en el municipio. Ya radicamos un proyecto para poder instalar 22 de esas cámaras en la cabecera municipal, las cuales nos van a ayudar mucho a minimizar los riesgos de orden público que se puedan tener.
¿Cuáles son los grupos armados que se están disputando la zona en este momento?
La Armada no nos ha informado cuáles son los grupos armados que hacen presencia acá en el municipio, pero creo que es la misma dinámica que hay a lo largo y ancho de la costa Pacífica colombiana. Lo que pasa acá y los grupos que están, son los mismos que están en Tumaco y Buenaventura, y Bahía Solano no es ajeno a ninguna de estas situaciones.
