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La semana pasada comenzó en Antioquia la implementación de un proyecto que busca responder al reto de cómo vamos a lograr que el Estado llegue a copar los vacíos de poder que dejó la desmovilización de las Farc. Aunque concordamos en el diagnóstico del problema realizado por la Gobernación de ese departamento, su solución genera justas incomodidades y es un llamado a que el Gobierno Nacional articule cuanto antes una política sobre el tema que se pueda replicar en todo el país para evitar las improvisaciones.
En este espacio planteábamos ayer una pregunta: ¿dónde está la prometida paz territorial? Nos referíamos a la lentitud del Estado colombiano en todos sus niveles para llegar a los espacios que históricamente le habían sido vedados por la presencia del conflicto. Insistíamos en la importancia de un plan integral y contundente que se ejecute de manera pronta. Lo que viene ocurriendo en Antioquia es una muestra del problema que ocurre ante esa falta de liderazgo del Gobierno Nacional.
Luis Pérez, gobernador de Antioquia, quien ha sido, cuando menos, ambivalente en sus declaraciones sobre el proceso de paz, puso a andar las llamadas vicealcaldías de Seguridad con cuerpos de paz. Ya operan, con el apoyo de los alcaldes locales, en Anorí, Remedios, Vigía del Fuerte, Dabeiba e Ituango, zonas de normalización del conflicto con las Farc, y están planeadas para Segovia y Briceño, zonas de influencia histórica de esa guerrilla.
Pérez le explicó a El Espectador que “allá el único gobierno era la guerrilla. La gente empezó a pelear porque no había quién resolviera sus conflictos. Hay un vacío normativo en el interior del ciudadano. Tenemos que llevar Policía que durante 35 años no hubo, y escuelas. En general, la institucionalidad”. Y al introducir las vicealcaldías lanzó una frase vehemente: “El Acuerdo de Paz es nacional, el posconflicto es regional”.
El objetivo de las vicealcaldías es evaluar las necesidades de cada municipio y destinar los recursos necesarios para que allí llegue la institucionalidad. La intervención, insiste el gobernador, va a ser de carácter “civilista”, pese a que estará en cabeza de policías en retiro (“sin armas”, insiste Pérez).
Es difícil no estar de acuerdo con los propósitos que el gobernador asocia a la medida. Es importantísimo que el Estado, y no sólo desde el punto de vista militar, llegue a los territorios abandonados.
Sin embargo, hay varias preocupaciones. Primero, Pérez ha dicho que el Gobierno va “muy lento”, algo que es cierto, pero de ahí a decir que el posconflicto debe ser resuelto como cada región considere más pertinente hay un salto que no podemos compartir. Colombia ya tiene muchas experiencias de esfuerzos aislados, desorganizados, sin articulación nacional y sin supervisión, que se prestan para abusos de poder y crean más problemas que los que solucionan.
Segundo, ligado a eso, estas zonas son particularmente claves para la reintegración, y genera justa desconfianza que sea alguien con mentalidad de orden público, y no de intervención social, quien esté a cargo de administrar los procesos de recuperación. Con toda la hostilidad discursiva de la Gobernación hacia los desmovilizados de las Farc, ¿cómo vamos a generarles credibilidad en el Estado y a garantizar su seguridad?
De cerca, las vicealcaldías tienen los mismos rasgos de proyectos fallidos que han sido dañinos para los defensores de derechos humanos en el país, y son también un problema más para que el Gobierno proponga una solución coordinada en todas las regiones. La paz debe hacerse en conjunto, con transparencia y sin estigmatizar a ninguna de las partes involucradas en el conflicto. Necesitamos mejores respuestas.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.
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