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Ante el juez sexto de control de garantías, un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública le imputó cargos a Óscar Sánchez Jaramillo, exsecretario de Educación de Bogotá, señalado de incurrir en el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
La decisión se relaciona con los hechos ocurridos entre los años 2012 y 2013, cuando la Secretaría de Educación Distrital suscribió 133 convenios de asociación por más de $355 mil millones.
De acuerdo con el ente acusador, 15 de ellos fueron adjudicados a la Caja de Vivienda Compensar por un valor de $303.464.391.144, monto correspondiente al 85% del total de la inversión. Al parecer, esta adjudicación fue realizada bajo la modalidad de contratación directa, lo cual -dijo la Fiscalía en audiencia- viola el principio de selección objetiva y la Ley 80 de contratación.
El objetivo era “aunar esfuerzos institucionales, administrativos, financieros, técnicos, y logísticos que contribuyan al acceso y la permanencia de niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo, a través de acciones alimentarias asociativas dirigidas a la población escolar de los colegios oficiales priorizados por la Secretaría de Educación, cumpliendo los lineamientos técnicos y estándares establecidos y acordados, para la ejecución y el fortalecimiento del programa de alimentación escolar».
Por estos mismos hechos, en noviembre de 2016 la Fiscalía presentó escrito de acusación en contra de Gloria Mercedes Carrasco Ramírez, Nohora Patricia Buriticá Céspedes y María Cristina Valderrama Blanco, exfuncionarias de esa entidad.
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