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Para la Procuraduría General la ley 1779 de 2016 por medio de la cual se crearon las denominadas zonas veredales para la ubicación temporal de los guerrilleros de las Farc que suscribieron el acuerdo final con el Gobierno en el marco del proceso de paz deben ser declaradas constitucionales.
Así se lo hizo saber el Ministerio Público a la Corte Constitucional mediante un concepto presentado en el estudio de la ley que determinó estas zonas para que los guerrilleros se ubiquen mientras se adelanta la entrega de las armas y su proceso de resocialización
La ley acprdó que «mientras estén en esas zonas se suspenderán las ordenes de captura». El alto tribunal adelanta el estudio de la demanda en contra de los alcances de esta ley señalando que el Congreso no tenía las facultades para administrar el uso y distribución del territorio nacional.
Considera el accionante que esto es función de las entidades territoriales. Para la Procuraduría General la Corte debe esclarecer que los alcaldes y autoridades municipales y departamentales deben tener claridad sobre la ubicación de estas zonas, las actividades que se realizan allí y la duración de las mismas.
«Lo bienes baldíos rurales son de propiedad de la Nación y en ese sentido no es dable que las entidades territoriales reclamen competencia o propiedad sobre aquellos», precisa uno de los apartes del concepto que deberá ser estudiado por el alto tribunal en los próximos días.
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