El frustrante caso Odebrecht

La falta de procesos juiciosos y transparentes que le expliquen al país si la financiación de Odebrecht a las campañas presidenciales estuvo mediada por promesas de beneficios corruptos es una vergüenza nacional. Si la impunidad sigue siendo la reina en prácticas que hacen parte de la “normalidad” de nuestra cultura política, será muy difícil comprar los discursos que hablan de reformas estructurales para combatir la corrupción. ¿Por qué en Colombia siempre nos quedamos cortos al momento de las responsabilidades políticas, sociales y judiciales?

Según se supo esta semana, uno de los documentos que la Fiscalía remitió al Consejo Nacional Electoral (CNE) afirma que las evidencias del ente investigador “permiten concluir certeramente que, en relación con las campañas presidenciales 2014-2018, Odebrecht asumió costos relacionados con las mismas, y que los dineros se pagaron desde el Departamento de Operaciones Estructuradas, creado por la compañía brasileña”. Es decir, hay pruebas suficientes para saber que tanto la campaña de Óscar Iván Zuluaga como la del presidente Juan Manuel Santos recibieron financiación por parte de una multinacional que ahora está envuelta en uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia de América Latina. ¿Por qué en otros países avanzan los procesos judiciales, por ejemplo en el caso del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, y aquí la lentitud es la característica esencial?

No se trata de prejuzgar. Todos los involucrados tienen el derecho fundamental al debido proceso y a una defensa justa. Pero lo frustrante de este asunto es que las autoridades judiciales se muestren incapaces de darle respuestas al país. La semana pasada, El Espectador reveló que es muy probable que las investigaciones contra las campañas se van a estrellar en la pared de la caducidad. Es decir, el vencimiento de términos, que tantos procesos ordinarios frustra en Colombia, también opera en las más altas esferas. ¿Y después qué? ¿Todos en silencio porque no se supo si aquí pasó algo, aunque haya un montón de indicios angustiosos?

En una carta, la Misión de Observación Electoral (MOE) dijo que “la falta de alguna decisión (en los casos de Odebrecht y las campañas presidenciales) demuestra las precariedades del diseño institucional electoral actual y la urgencia que hay en hacer las reformas constitucionales dirigidas a darle independencia, autonomía y capacidad técnica y territorial al máximo órgano electoral”. Estamos de acuerdo. No sólo por la importancia monumental que estas investigaciones particulares tienen para el país, sino para todos los casos de abusos al reglamento electoral por parte de campañas regionales y nacionales. Todas las personas que aspiren a un cargo de elección popular deben saber que las leyes se respetan, que las reglas existen para garantizar la salud de la democracia y que la transparencia es un requisito innegociable. Pero si el órgano encargado de investigarlos no tiene dientes y se queda en un mar de impunidad, es difícil promover este mensaje.

Además porque hay un lunar enorme e ineludible en todo este asunto: lo que sabemos en Colombia sobre la influencia de Odebrecht, y sobre otros casos sonados de corrupción, es gracias a la labor de la justicia extranjera. Es necesaria la pregunta: ¿seguiríamos en la oscuridad total de no ser por el actuar de las autoridades internacionales? Y, más preocupante aún, ¿qué otro montón de situaciones están pasando por debajo del radar de nuestra justicia?

Queda la esperanza de que la Fiscalía, aún con la potestad sobre las investigaciones de tipo penal del caso, pueda darle explicaciones al país. Es necesario, porque el caso Odebrecht se está convirtiendo en un símbolo más de una justicia que le queda chiquita a las necesidades de Colombia.

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