Canciller pide a la ONU reconocer narcotráfico como traba para la implementación

La vicepresidenta y canciller agradeció por los reconocimientos en los avances que hizo Ruiz Massieu en su informe, pero le pidió a este y a todos los miembros del Consejo de Seguridad que intervinieron ahondar en el problema del narcotráfico que, a ojos del Gobierno, es el fenómeno que ha impedido avanzar de la forma deseada en la consolidación de la paz en el país.

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“El narcotráfico, que es un tema poco tocado en el Consejo de Seguridad, (es el principal problema) en la implementación del Acuerdo de Paz. Es importante que las Farc avancen en compromisos reales y contundentes para acabar con este flagelo, ayudando a identificar las rutas y quiénes fueron sus aliados en el negocio, cómo se mueven los recursos”, dijo.

Según explicó, en el narcotráfico se encuentran las causas y responsables de los asesinatos de líderes sociales y excombatientes, y por ello llamó a los países con asiento en el Consejo de Seguridad a trabajar en corresponsabilidad en la lucha contra el narcotráfico.

Ante las críticas de algunos representantes, como fue el caso de Rusia, que se concentró en criticar todo lo que falta por consolidar la paz, Ramírez recordó ante el Consejo de Seguridad que la implementación se fijó para un plazo de 15 años y que apenas en noviembre próximo se cumplen los primeros cinco años tras la firma del Acuerdo en el Teatro Colón.

“Me sorprende que digan que no ha habido ningún avance. No leo eso en el informe de Carlos Ruiz. Quisiéramos que el avance sea del 100%, pero solo se han recorrido cinco años de un plazo de 15, con unos costos que desbordan el presupuesto de Colombia”, señaló, acotando que las estimaciones del Gobierno sobre lo que valdría ejecutar los textos de La Habana equivaldrían a dos años enteros del Producto Interno Bruto (PIB). “Como si fuéramos un país sin deuda externa, compromisos de pensión, entre otros”, , dijo con un tono crítico a los comentarios que cuestionaron el progreso de la paz.

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Otro tema del que se ahondó en el informe y del que los representantes hicieron eco fue el del paro nacional, en el que estos evidenciaron que parte del descontento social explotó por deudas históricas del Estado. La vicepresidenta y canciller desestimó dichas lecturas: “No es cierto que las violencias recientes del país obedezcan al incumplimiento del Acuerdo”. E insistió que el motivo del encuentro de este martes responde exclusivamente a lo referente a los textos de La Habana.

Y sin entrar a dar muchos detalles sobre el paro, comentó que las movilizaciones “fueron protestas como consecuencia del dolor por cuenta de una pandemia que se ha llevado a millones de personas y que ha empobrecido a muchas otras”. Ene se sentido, habló de los acuerdos con los jóvenes y de compromisos puntuales como la matrícula cero para el segundo semestre de 2021, el subsidio del 25% de los salarios de jóvenes, entre otros.

Sobre las preocupaciones puntuales por violaciones de Derechos Humanos en el marco de estas movilizaciones, en las que, según recogió el informe de Ruiz Massieu, las Naciones Unidas contabiliza 56 muertes, la vicepresidenta y canciller insistió en que las autoridades competentes están al tanto investigando los hechos de violencia, que, a su juicio, fueron generados por infiltrados que buscan destruir y desestabilizar.

“Vemos una extraña coincidencia con este proceso electoral que se avecina (…) Hay personas que quieren llegar al poder destruyendo el orden vigente que tenemos”, sostuvo sin referirse a nadie en específico. Sin embargo, por otras afirmaciones de funcionarios del Gobierno y hasta el presidente Iván Duque, se interpreta que a quien alude es a Gustavo Petro, a quien el uribismo ha tachado como el culpable del desorden social y la violencia suscitada desde el 28 de abril, cuando comenzó el paro nacional.

Volviendo al tema central de la sesión, Ramírez compartió varias cifras sobre reincorporación social, política y económica, haciendo énfasis en el compromiso del Estado de seguir acompañando y apoyando a los reincorporados. En ese sentido, destacado los más de 13.000 kilómetros de infraestructura en zona rural, las más de 13.000 personas desmovilizadas y comprometidas con el Acuerdo, los 509 proyectos productivos adicionales, el acompañamiento y seguimiento a la situación de seguridad de los excombatientes, el aumento de personas exFarc con esquemas de protección, entre otros temas.

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Aunque reconoció el trabajo del Sistema Integral para la Paz y lo ocurrido recientemente, con el reconocimiento de responsabilidades por parte de excomandantes de las Farc ante la JEP por el macro caso 01 (secuestro), Ramírez pidió mayores resultados. “Si bien se ha progresado en líneas como el secuestro, la sociedad pide mayores esfuerzos por parte de las Farc, que haya investigación por violencia sexual y reclutamiento de niño”, solicitó.

Por último, la vicepresidenta y canciller manifestó que hay cifras compartidas que no corresponden, muchas de las cuales, sostuvo, se sacaron de medios de comunicación y que, por la falta de tiempo, se reunirá y les escribirá a las misiones diplomáticas en Colombia haciendo precisión sobre esos datos.

“Las cifras que se han mencionada acá no son precisas y tal vez se pueda responder porque de nuestra parte no hemos dado mayor información”, concluyó.