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El exjefe paramilitar, Salvatore Mancuso, fue aceptado en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como “bisagra” o punto de conexión entre las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y miembros de la Fuerza Pública. La decisión estuvo a cargo de los magistrados de la Sala de Definición Heydi Patricia Baldosea, Pedro Elías Díaz y María del Pilar Valencia, quienes contrastaron las declaraciones que el excomandante de las AUC entregó durante cuatro días en una audiencia pública y revisaron los documentos que allegó para soportarlas. Sin embargo, se presentaron divisiones en la decisión. La magistrada Valencia salvó su voto, no por no estar de acuerdo con que Mancuso haga parte de esa jurisdicción, sino por considerar que su trabajo podía quedar a medias.
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Aunque Valencia está de acuerdo con que Mancuso ingrese a la JEP, porque sus aportes sobre el fenómeno paramilitar fueron efectivos, novedosos y suficientes, no concuerda con que esa jurisdicción no haya asumido toda de la competencia de sus procesos. Es decir, que el exjefe paramilitar haga parte al mismo tiempo de Justicia y Paz y de la JEP. Esto implica, según el salvamento de voto, que al fragmentarse la competencia se dividen también las posibilidades de investigación y judicialización, lo cual hace más difícil investigar a fondo los hechos. “Hace más arduo los tramites al ser fuente de fricción entre la JEP y Justicia y Paz. Además, lo llevaría a llevar un doble proceso por los mismos hechos”, dijo la magistrada en la audiencia.
Además, la togada Valencia considera que la decisión de la mayoría priva a la JEP de contar con beneficios concretos que brindarle a Salvatore Mancuso, como el beneficio de libertad, con lo cual también se hace más difícil exigirle aportes de verdad al exjefe paramilitar. “Con ello podría afectarse también las aspiraciones de las víctimas de verdad y justicia”, leyó la magistrada.
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Sobre este punto, se refirió en rueda de prensa el magistrado Pedro Elías Díaz, quien intentó aclarar la controversia. Dijo que la decisión radica en que Mancuso fue aceptado como “bisagra” o punto de conexión entre las AUC y miembros de la Fuerza Pública y no de jefe paramilitar. Razón por la cual Justicia y Paz conserva esa jurisdicción y, por lo tanto, es esta quien puede definir su libertad. Aclaró además que la investigación de lo que pasó en el conflicto armado no debe ser complementaria entre la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia, los Tribunales de Justicia y Paz y la JEP.
Salvatore Mancuso fue aceptado en la JEP luego de que se concluyó que sus aportes son novedosos, concretos y suficientes. Las magistradas Valencia y Baldosea señalaron durante la audiencia que los aportes de Mancuso fueron presentes, efectivos, novedosos y suficientes para soportar la cantidad de operaciones conjuntas desarrolladas (con paramilitares) y la manera como el paramilitarismo cooptó la misionalidad de la fuerza pública. Por su parte, el magistrado Pedro Díaz presentó el análisis y la contrastación de lo dicho por Mancuso durante la Audiencia Única de Verdad. La contrastación reveló que Mancuso amplió el umbral de verdad con relación a señalamientos sobre la parapolítica. “Mancuso evidenció que detrás de la violencia desplegada por el contubernio entre el paramilitarismo y la fuerza pública (en Córdoba contra sindicalistas y profesores) se encontraban importantes actores económicos y políticos de la región”, dijo el magistrado Díaz.
El exjefe paramilitar también habló que el actuar paramilitar permitió que la Fuerza Pública aumentara sus resultados, operaciones y que de esta manera las estructuras paramilitares se apropiaran de los territorios que le interesaban. También, según la JEP, entregó información novedosa sobre la desaparición forzada que se desplegó en la zona fronteriza con Venezuela, donde dijo que al menos 200 cuerpos de personas que fueron desaparecidas a lo largo del conflicto armado en el país, fueron arrojados en territorio venezolano. Con esta decisión, el exjefe paramilitar tendrá que comparecer en los casos 03, que corresponde al de los falsos positivos; caso 04, situación territorial del Urabá; caso 06, crímenes contra miembros de la Unión Patriótica; y caso 08, crímenes cometidos por la fuerza pública en asocio con los paramilitares.
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