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En completo sigilo, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ha recopilado pruebas en el proceso que le sigue a la exsenadora y hoy candidata, Piedad Córdoba, por sus supuestos nexos con las Farc en la primera década de 2000. El testimonio que le dio a la justicia Andrés Vásquez, quien fuera su asesor para esa época, en el que detalló la supuesta cercanía e influencia que tenía la excongresista en las filas de la insurgencia, revivió el viejo fantasma de lo que se llamó farcpolítica. Aunque no se trata de acusaciones nuevas y Córdoba ha dicho que es una persecución en su contra, la versión de Vásquez es apenas una de las pruebas que hoy forman parte del expediente.
Testimonios de excombatientes y otros exasesores, así como información financiera de la exsenadora y su círculo cercano han ido llegando a engrosar el caso. La investigación se centra en hechos que rodearon los acuerdos humanitarios que Córdoba hizo con las Farc, con apoyo del gobierno de Hugo Chávez en Venezuela, para la entrega de secuestrados. A través de los años, la duda sobre cuál era realmente la influencia que tenía la exsenadora en las Farc persistió y ahora, la magistrada Cristina Lombana, a cargo del proceso en la Corte, está jalando los hilos, aunque la abogada de Córdoba la ha intentado apartar del proceso con dos recusaciones y una tutela.
De los computadores de “Raúl Reyes”
Una de las afirmaciones que ha causado más resonancia del testimonio de Vásquez es que, según él, Piedad Córdoba es alias Teodora. Este nombre aparecía mencionado en correos electrónicos y documentos extraídos de los computadores del difunto comandante guerrillero Raúl Reyes, pero la justicia nunca probó la verdadera identidad detrás de ese alias. Vásquez, por su parte, señaló en la declaración que reveló Noticias Caracol el pasado domingo: “Es cierto que se estableció, desde la reunión con Piedad Córdoba en el campamento de Reyes, una comunicación con él directa o de manera indirecta entre ella y él. Y yo escuché a Piedad no solo decírmelo a mí, sino decírselo en ese momento al canciller de Venezuela, Nicolás Maduro”.
Esta acusación no es nueva. Nació, e realidad, cuando se conoció por primera vez el contenido de los computadores de Raúl Reyes. Fue en marzo de 2008, cuando las Fuerzas Militares y la Policía colombiana se adentraron hasta territorio ecuatoriano para un operativo en el que murió el jefe de las Farc. Allí fueron hallados estos documentos electrónicos, pero de inmediato se puso en duda la cadena de custodia. La Interpol auditó los hallazgos y concluyó que los equipos y la información no había sido modificada. Pero la palabra final la tuvo la Corte Suprema de Justicia que concluyó que no podía tener en cuenta esas pruebas porque las debía aportar una autoridad ecuatoriana y no la colombiana.
En concreto, porque Colombia y Ecuador tenían vigente para ese momento un tratado de cooperación judicial y, aparte de la discusión sobre la operación militar desplegada, al entrar en suelo extranjero los uniformados colombianos no podían recopilar pruebas. “Si autoridades nacionales desprovistas de facultades de policía judicial, desatendiendo la anterior preceptiva (…) practican inspecciones y recogen elementos de conocimiento que luego incorporan al país y propugnan su judicialización (…) esas pruebas son ilegales y les aplica la cláusula de exclusión, tornándose nulas”, declaró en ese momento la Sala Penal, al inhibirse de investigar al representante Wilson Borja.
Pues bien, la magistrada Lombana estuvo en junio de 2021 en un ETCR de La Guajira para tomarle el testimonio a una excombatiente que podría dar fe de la supuesta cercanía de Piedad Córdoba con Raúl Reyes. Se trata de una mujer que en las filas de las Farc le manejó el radio al comandante guerrillero durante 18 años. La defensa de la exsenadora estuvo también en la diligencia y se opuso a que un perito de la Fiscalía, experto en terrorismo, le pasara preguntas a la magistrada o que mostrara tanto interés por la estructura y división de funciones en la guerrilla. El incidente escaló y llevó a una tutela que pedía sacar a Lombana del caso, que fue negada.
Las finanzas de Piedad Córdoba
Asimismo, desde diciembre de 2020, la Corte pidió a bancos información de las cuentas de Piedad Córdoba, su exmarido, su hija, sus hijos, así como de sus hermanas y hermanos. También le solicitó a la DIAN información tributaria de la exsenadora y de su familia, y también un reporte a las centrales de riesgo que maneja Asobancaria. En todos los casos, Lombana pidió información hasta 2016, lo que llevó a la abogada de Córdoba a preguntar en la tutela: “¿Qué investiga realmente esta funcionaria?, ¿por qué involucra a los familiares de Piedad Córdoba en sus indagaciones financieras y tributarias, y por qué hasta el año 2016, seis años después de la salida del Congreso de Piedad (Córdoba)?”.
Lombana pidió estos reportes financieros casi 10 meses antes de escuchar la declaración de Andrés Vásquez en el consulado de Colombia en Miami (EE. UU.). A su vez, el exasesor aseguró que Piedad Córdoba se habría beneficiado por interceder en nombre de personajes como Carlos Battistini o el hoy extraditado Álex Saab, señalado de ser testaferro del régimen de Maduro. Esa versión coincidiría con lo que ha señalado el periodista Gerardo Reyes, quien en su libro sobre Saab, sostiene que la exsenadora recibió US$350.000 en Bogotá.
La investigación contra Piedad Córdoba nació en la Sala Penal por declaraciones que dio entre 2007 y 2008 en México y en la Universidad Nacional cuando era congresista. Cuando estalló el escándalo por el contenido de los computadores de Raúl Reyes, ella negó cualquier vínculo con las Farc, más allá de los acuerdos humanitarios que negociaba. La procuraduría de Alejandro Ordóñez la destituyó del Senado en 2010 y la inhabilitó para hacer política, pero en 2016 el Consejo de Estado tumbó esa decisión, porque, de nuevo, la información de los computadores no podía ser considerada como prueba.
Tras la creación en 2019 de la Sala de Instrucción, la investigación le correspondió, por reparto, a la magistrada Lombana, cuestioanda desde el momento de su elección por su pasado como jueza militar y relaciones profesionales con el Ejército. La abogada de Córdoba ha asegurado en el proceso que la magistrada no puede escarbar, nuevamente, en los famosos computadores de Raúl Reyes. De hecho, la Corte ha escuchado a más excombatientes y a personas que fueron cercanas a la exsenadora. En plena etapa electoral, con Córdoba de candidata al Senado por el Pacto Histórico, y después de 10 años, estas revelaciones reviven un fantasma que ha hecho mucho escándalo, pero en el que todavía hay muchos detalles por esclarecer: la farcpolítica.
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