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Antes de la promulgación de la Constitución de 1991, el presidente de la República o su ministro de Gobierno (ahora del Interior) no se atrevían a designar como gobernador a un pícaro más o menos visible. Había que salvar las apariencias…, digamos, pues ¡qué vergüenza con la indiada! Con criterio parecido, el gobernador se cuidaba al nombrar alcaldes. Es cierto que entonces tales designaciones estaban reservadas a miembros de las castas políticas imperantes, pero en general no había quejas sobre su comportamiento en el manejo de la cosa pública.
Ahora, luego de la “democratización” de las alcaldías y las gobernaciones, al lado de candidatos honestos, no escasean los asaltantes para hacer su octubre y su negocio, no raramente mafioso. El espectáculo electoral es cada vez más repulsivo: un rufián por allí, o su hijo (en vista de que el padre está investigado o se sabe que compró votos o tiene pendientes jurídicos o, en fin, es un bellaco ya reconocido), o el muñeco de los paras o el títere bacrim se lanzan a conquistar electores o a poner a funcionar el TLC (teja, lechona y cerveza) para atrapar calentanos.
Quizá resultara oportuno plantear la posibilidad de desdemocratizar este asunto de la burocracia local y regional, pensando —como lo pensamos— que la idea de ese cambio constitucional se planteó como si fuéramos Noruega o Finlandia, sin percatarnos de que Colombia es un país presa de la corrupción y el mal gusto que muestran aquellos candidatos que enfilan su voracidad hacia el erario.
Es bastante sintomático que ahora no se hable de aportantes a las campañas, sino de “inversionistas”, pues se sabe suficientemente que los dineros destinados a las operaciones preelectorales se recuperarán con generosos incrementos. Hay lugares del país donde la feria de aspiraciones es verdaderamente grotesca, y de cuatro o cinco candidatos no se salva ni la tatarabuela, y se muestran en televisión sin mayores capacidades para disimular su catadura.
Preguntamos: ¿las directivas nacionales y departamentales de los partidos extienden avales a los rufianes sin advertir la corruptela? ¿O lo saben, les importa un carajo y participan de las componendas? ¿O han institucionalizado la idea de que la política no es la política, sino la politiquería y el latrocinio? ¿O por qué, si no respaldan al tipejo, éste les cobra algún pecadillo de su liderazgo y “canta”?
Más: ¿las autoridades nacionales no pueden descalificar con pruebas a los bribones que se pasan la justicia por la faja? ¿La Procuraduría carece de dientes frente a los aspirantes no idóneos? ¿O el fiscal, por ejemplo, se busca pensando en que se trata justamente del funcionario que debe llegar a hacerse el pánfilo ante las fechorías del ejercicio político, oficiando el “tapen, tapen”?
Con todo lo que pasa en la vida del país, estamos a un paso de que este se instaure formalmente como una picarocracia. Que se nos diga de una vez dónde vivimos y dónde desembarazarnos del asco.
Tris más 1. ¿Por qué, en el caso de la fauna política gorda, no funciona el rigor de la interpretación jurídica que se le aplica a la gente marginal cuando comete algún delito, nunca más grave que el de los pillos que cuestionamos?
Tris más 2. Muy saludable que los estudiantes se manifiesten públicamente contra la corrupción.
Tris más 3. Un alto funcionario danés renunció por haber dicho públicamente una mentira casi intrascendente, más por ligereza que por mala fe.
*Sociólogo Universidad Nacional.
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