«El paramilitarismo tiene todavía tanto poder, que el Gobierno le teme»

Muchos de los que llamaron para indagar por su suerte también le preguntaron cuándo regresaría a Suecia, país en el que vivió más de 28 años exiliada como sobreviviente del genocidio de la Unión Patriótica y del que regresó hace un par de años. Imelda Daza fue enfática. Su país es su casa y su derecho es poder vivir en él sin temer por su vida y sin la necesidad de huir de nuevo. Por eso se quedará. Por eso y porque está convencida de que en Colombia las cosas han cambiado y la posibilidad de alcanzar la paz está más cerca que nunca.

¿Cómo fue la reacción del país político al atentado en su contra?

El apoyo de la clase política me abrumó. La llamada del presidente de la República, del ministro del Interior, del comandante general de la Policía. Lo agradecí profundamente porque me di cuenta de que en todo caso no es el Gobierno el que me quiere matar, son los enemigos del Gobierno que ahora son también mis enemigos. El respaldo me hizo sentir que es posible seguir trabajando por la paz y que sí puedo quedarme.

¿Cuál era la intención del ataque?

El ataque no fue exactamente contra Imelda Daza Cotes, no represento tanto. Solamente represento la voluntad de una organización política, Unión Patriótica, que se resiste a la guerra e insiste en que es posible construir democracia en Colombia. Pero el ataque buscaba dar un golpe mortal al proceso de paz, porque la intención era masacrar a 20 personas de Marcha Patriótica, Juventud Rebelde, Juventud Comunista, Partido Comunista y Unión Patriótica. La izquierda en pleno. Masacrarnos a nosotros lanzaba un mensaje al mundo: aquí no hay condiciones para hacer la paz. Hubieran podido atribuírselo hasta al Eln como una manera de presionar al Gobierno para que acelere la negociación con ellos. Estoy segura de que la mesa en La Habana se hubiera paralizado.

Y al no lograr el objetivo, ¿cuál fue el mensaje que quedó en el país?

Una advertencia seria de que los enemigos de la paz están dispuestos a sabotear el acuerdo. Es la inminencia de la firma de un acuerdo definitivo lo que ha generado esta situación. Hay pánico en la izquierda porque no es solamente este ataque, ha habido mucha represión contra integrantes de la Juventud Comunista y la Juventud Rebelde. Jóvenes que son detenidos por participar en protestas, judicializados y empapelados sin motivos con procesos que se inventan. Hay una represión contra la izquierda y precisamente contra quienes han venido trabajando por la paz. ¿Y quién promueve esto? Organismos de inteligencia, Policía y Ejército, sectores de las Fuerzas Armadas que se oponen a la paz porque no hay unanimidad frente al proceso. Hay sectores entre ellos que intentan sabotear estimulados por los sectores tradicionales de ultraderecha y fascistas.

En los últimos meses se han conocido muchas denuncias sobre ataques, casos de desaparición y asesinatos de líderes de derechos humanos y de integrantes de la izquierda. ¿Ha habido alguna respuesta por parte del Gobierno?

Ninguna. El establecimiento no reacciona, la Fiscalía no se pellizca y está demasiado ocupada en cosas muy gruesas como para ocuparse de jóvenes que fueron detenidos y pertenecen a la JUCO. No hay una política de atención a los derechos humanos en este país y esa es una de las cosas pendientes para trabajar en el posacuerdo.

De hecho, algunos sectores del Gobierno han señalado que en este tipo de casos no se ha podido demostrar que se trate de ataques sistemáticos contra la izquierda o que existan patrones comunes…

Es sorprendente la incapacidad del Estado colombiano para entender sus fallas y la de los gobernantes para aceptarlas. El genocidio contra la Unión Patriótica todavía el Gobierno no lo ha reconocido, mucho menos va a reconocer que el tomar presos a cuatro jóvenes en Cali, cinco en Villavicencio y dos en Valledupar sea una práctica sistemática. No creo que lo que sucede ahora sea una política, pero hay un sector minúsculo, pero suficiente para hacer daño, que decide implementar por su cuenta medidas represivas contra la juventud. Si no es una política sistemática, es una costumbre dentro de las Fuerzas Armadas, el aparato judicial y los organismos de inteligencia.

¿Qué papel cumplen en todo este escenario los grupos armados de derecha, las bandas criminales y lo que algunos sectores siguen llamando paramilitarismo?

El paramilitarismo tiene todavía tanto poder que el Gobierno le teme y por eso no es capaz de identificarlos y reconocerlos. He recorrido la costa Atlántica, pueblos, municipios, veredas, ciudades y sé que por lo menos allá el fenómeno del paramilitarismo está vigente. La diferencia con lo que ocurría a finales de los 90 es que hoy no tienen una estructura vertical con mandos jerárquicos. Están dispersos, pero la dispersión no impide la sincronización de acciones. Hay articulación en ellos y tienen todavía mucho dinero del narcotráfico y de empresarios, aunque menos que en épocas anteriores. Sin embargo, hay boleteo, hay pueblos en los que regularmente el vendedor de chance tiene que pagarles a paramilitares. Cobran y con eso resuelven ellos temas de financiación. Están vivos, aunque se pusieron distintos nombres. Pienso que los mismos que los apoyan y los respaldan se han encargado de llamarlos de distinta manera para dar a entender que el problema es menor y que son apenas grupúsculos y reductos que quedaron del paramilitarismo.

¿Cuál debe ser entonces el paso que debe dar el Gobierno para que existan verdaderas garantías para los grupos de izquierda, sobre todo teniendo en cuenta que uno de los temas acordados en La Habana es precisamente el de participación en política?

Lo que falta es voluntad política del Gobierno para reducir a los grupos paramilitares. Es una cuestión de comprometer a las Fuerzas Armadas en esa tarea. Así como tuvieron voluntad para combatir durante 50 años la guerrilla y para reprimirnos a nosotros por opinar diferente y a todo el sector que hace política legal de izquierda. Así como persiguen hoy a los jóvenes por qué no persiguen a los paramilitares. Es que ellos andan raudos y campantes en los pueblos de la costa. Falta voluntad para poner a raya a militares y policías que no estén de acuerdo con la política central del Gobierno que es la paz. Falta consenso, y en eso falla, y los que pagamos el pato somos los que trabajamos por la paz.

¿Cómo ha sido el trabajo de pedagogía de la paz al que se ha dedicado en los últimos meses?

He descubierto que la gente se siente feliz cuando entiende qué es lo que se está negociando en La Habana. Nadie sabe. Ni los campesinos ni los estudiantes universitarios, porque he ido a explicar los acuerdos a varios lugares y la gente no entiende qué es el proceso de paz. Es un pueblo ansioso de participar, pero nadie le brinda las oportunidades de hacerlo. Y como le dije al presidente Juan Manuel Santos, esta labor la hago gratuita y voluntariamente. A mí nadie me está pagando honorarios y no tengo ninguna ONG que le pida dinero a nadie para hacer lo que hago. Lo único que el Gobierno me brinda es el transporte con el esquema de seguridad. Lo demás lo pago yo.