Reclamo por concesión de títulos mineros

La misiva fue firmada por los senadores Alberto Castilla e Iván Cepeda y el representante a la Cámara Alirio Uribe –del Polo Democrático–, quienes solicitaron al ministro Arce adoptar los correctivos necesarios para que las decisiones sobre el tema tengan en cuenta la normatividad vigente.

La petición responde a una situación particular. Según se explica en el texto de la carta, alcaldes de varios municipios del país han mostrado su preocupación por una comunicación que la ANM ha enviado a sus oficinas informándoles sobre la existencia de distintas propuestas de concesión en sus jurisdicciones.

“La Agencia Nacional Minera les escribió a varios alcaldes. Yo he podido saber de casos de Nariño, Antioquia y Quindío, diciéndoles que hay unas concesiones mineras en sus territorios y que tienen 30 días –prorrogables por 30 más– para solicitar a la Agencia acciones que permitan proteger el ambiente en medio de la explotación minera”, explicó el senador Alberto Castilla.

En los documentos enviados a las administraciones locales, la Agencia asegura que las propuestas se encuentran en trámite de estudio, puesto que no están superpuestas con ningún área excluida de la minería, y suministra información puntual sobre el contrato de concesión como la ubicación del terreno, extensión, mineral que se quiere explotar y actividades a realizar. Por ejemplo, en el caso del informe que llegó a la Alcaldía de El Peñón (Santander), se explica que el área libre para exploración y explotación es de 1932,6508 hectáreas (sic) para la búsqueda de cobre y sus concentrados.

Y aunque en las diferentes comunicaciones la Agencia Nacional de Minería insiste en que el objetivo es “garantizar la participación real y efectiva de las autoridades territoriales en el proceso previo al otorgamiento del contrato de concesión” conforme a lo señalado por la Corte Constitucional, existen algunos reparos. De acuerdo con los congresistas, dichas comunicaciones desconocen abiertamente la normatividad que especifica que en materia de exploración y explotación existen competencias concurrentes que deben conjugarse de tal suerte que haya participación activa sobre la política minera.

“De hecho, la Corte ha señalado que en la materia existe una regla jurisprudencial que consiste en la necesaria concertación de las decisiones relativas a la explotación de los recursos naturales entre el Gobierno Nacional y los entes territoriales, dado que ambos, como pertenecientes al Estado, detentan la propiedad del subsuelo y por ende tienen competencias para intervenir en las decisiones relativas a su explotación”, aseguran los parlamentarios.

En el fondo, la preocupación de las autoridades locales es que en los documentos enviados la Agencia prácticamente decide cuál es la forma de participación que deban tener las administraciones. “Algunos alcaldes acudieron pidiendo asesoría porque no sabían qué responder a la agencia. Pero la norma es clara e incluso el Consejo de Estado ha dicho que el orden nacional no puede subordinar o decidir qué tiene que hacer o cómo determinar la acción de los entes territoriales y en este caso está siendo determinado”, aseguró Castilla.

Por eso en las cartas de respuesta de los mandatarios locales a la ANM se específica por qué lo solicitado carece de soporte legal, cuáles son las reglas jurisprudenciales que se encuentran vigentes respecto a titulación minera y por qué se están vulnerando y desconociendo. “La Corte establece la concertación como regla constitucional respecto a la explotación de recursos naturales (…) La carta que usted me envía pretende dar por sentada la participación del municipio a través de una carta en la que se nos imponen un procedimiento, unos plazos y una respuesta. Lo anterior sin contar con que hay otras instancias del municipio que también tienen derecho a participar en este tipo decisiones”, señala una de las respuestas enviada a la vicepresidencia de Concertación y Titulación de la ANM.

Sobre el tema, la Agencia ya ha hecho claridades. De hecho la semana pasada, cuando se desató la polémica por la solicitud de títulos mineros en Salento, Quindío, la entidad emitió un comunicado en el que explicó sus procedimientos en cuanto a la participación de entidades territoriales en los procesos de titulación para mitigar la posible afectación de proyectos.

“Una vez verifica que el área de la solicitud del contrato de concesión minera no se encuentra en un área excluida para minería, envía al alcalde o a los alcaldes de los municipios en los cuales se ubica la solicitud, una consulta para que tengan conocimiento de los proyectos y puedan aportar elementos que favorezcan a su región y a su población”, indicó la Agencia, insistiendo en que se trata de un procedimiento de consulta a los alcaldes que nunca antes se había hecho y que busca realizar “minería bien hecha”.

Aún así, la preocupación persiste. De ahí que Castilla, Cepeda y Uribe hayan decidido enviar la carta al ministro Arce solicitándole mayor control al asunto, sobre todo teniendo en cuenta que a pesar de que la Corte determinó un nuevo procedimiento para la concesión de títulos –a través de la sentencia C-123 de 2014–, éste aún no ha sido establecido mediante ley.

“Respetuosamente le solicitamos que se abstenga de continuar imponiendo procedimientos administrativos a los entes territoriales que desconozcan sus competencias y que asimismo se abstenga de entregar títulos mineros hasta que se expida una ley que reglamente el procedimiento para ello, el cual debe incluir las competencias que tienen los entes territoriales en la materia”, concluye la carta de los congresistas.