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El gobierno ya comenzó en forma, con la radicación de sus primeros proyectos de la legislatura, a buscar los votos de los indecisos e, incluso, de quiénes se han opuesto para poder tramitar sus reformas en el Congreso. Y es por eso que sus baterías están enfiladas en un par de comisiones determinantes.
En efecto, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, empezará a probar su capacidad de diálogo como vocero político del “gobierno del cambio” en el Congreso. Al respecto, dice que se deben dar discusiones desde el respeto y evitar “los fantasmas”, refiriéndose a las críticas a la Jurisdicción Agraria por, supuestamente, revivir la “expropiación exprés”.
Más allá de la particularidad de cada uno de los proyectos, que las voces de preocupación lleguen no solo de opositores, sino de congresistas declarados en independencia -y a los que el gobierno debe poner de su lado- es un buen termómetro de cómo empieza a perfilarse las discusiones que se darán en el Legislativo.
Aunque Cristo asevera que el gobierno no hace cálculos, se trata de un asunto tan matemático como político. Lo primero se puede entender al mirar la composición de la Primera en el Senado, que está pendiente de que se programe la discusión de la Jurisdicción Agraria. De los 21 senadores que hoy tiene la comisión (son 22, pero Rodolfo Hernández renunció al Congreso), el gobierno tiene, por lo menos, cinco votos fijos: cuatro del Pacto Histórico y uno de Comunes.
En la oposición hay, también, cinco: los tres de Cambio Radical y dos del Centro Democrático. Hay que decir que esos cinco son de personajes tan visibles como Paloma Valencia y María Fernanda Cabal de Centro Democrático, y Carlos Fernando Motoa y David Luna de Cambio Radical.
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En lo político, siguiendo con la jurisdicción, debe enfrentarse a las críticas por la expropiación exprés, que la Corte Constitucional tumbó del Plan Nacional de Desarrollo. Una discusión menor, porque congresistas del oficialismo aseveran que la reforma agraria es “del corazón” del gobierno actual.
Con eso dicho, el gobierno debe avanzar en las negociaciones con los otros 10 parlamentarios para conseguir los apoyos necesarios. Ariel Ávila, de Alianza Verde y presidente de la Comisión, hace parte del bloque de ese partido que respalda al gobierno. El otro verde es, no obstante, uno de los opositores férreos del petrismo: JP Hernández.
Por su parte, Humberto de la Calle, de Verde Oxígeno, aunque no ha cantado cómo votará, sí está presto a conversar el proyecto, toda vez que responde a uno de los puntos claves del Acuerdo de Paz de 2016 -en los que él dirigió la delegación del gobierno-: los conflictos por la tierra. (Conozca cómo se distribuyen las fuerzas en las comisiones en los gráficos al final de este artículo)
Por ello, el jefe de la cartera, siguiendo la advertencia del presidente Gustavo Petro de “dar una batalla por el cambio”, se ha reunido con los partidos de todos los sectores para presentar sus proyectos.
María Fernanda Carrascal, representante del Pacto Histórico y quien está en la Séptima de la Cámara, se atreve a hacer una proyección con una propuesta que ya fue aprobada en primer debate: la reforma laboral, que está pendiente de surtir su segundo debate en la plenaria de la Cámara.
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“Servirá para ver cómo está el ambiente. Yo creo que, en la reforma laboral, hay muchos temas que ya están bastante consensuados. Lo que vamos a ver en plenaria va a ser interesante en la medida que va a haber mucha gente que va a sentar sus posiciones sobre todo ideológicas, claro, el debate laboral no es un debate aunque tiene muchos tecnicismos y pocas personas lo entienden”, dice.
Y eso que dice Carrascal se corresponde, de una u otra forma, con una opinión que tiene la también representante Catherine Juvinao, de Alianza Verde y cada vez más crítica con el gobierno. Que el debate empiece a ser más técnico que político se entiende en que, a partir de marzo del año entrante, cuando los legisladores retomen sus tareas en el Congreso estarán con otro objetivo claro: las parlamentarias de 2026. Es, además, una situación casi tradicional en el Legislativo cuando piensan en los comicios.
A juicio de Juvinao, “los colegas y los partidos en general buscan desmarcarse del gobierno en la medida en la que se acerca la campaña de 2026. Es algo que pasa en todos los gobiernos cada cuatro años es que el Congreso, que cuando se va acercando la campaña, empieza a tirarle más duro al gobierno, porque es un poco la manera de demostrar independencia, demostrar autonomía”.
Esas discusiones incluyen, por ejemplo, la reforma a la salud, que el gobierno aún no ha presentado, con el amague de que ya el articulado está listo, pero que está pendiente del aval fiscal del Ministerio de Hacienda. Esos dos artículos que son los que, hasta el momento, están más avanzados tienen como protagonistas a las comisiones Primera, que define asuntos relacionados de manera directa con la Constitución, y la Séptima, que aborda temas como la salud, lo laboral y los servicios públicos.
En todo caso, la tensión es palpable en los pasillos del Capitolio, incluso, aunque no se trate de “fuego amigo”, en la bancada del Pacto Histórico. Según un congresista de esa bancada, la relación con Laura Sarabia (directora del DAPRE) y Cristo sigue siendo compleja. “Estamos a la expectativa”, dice para explicar el “temor” de algunos de cuánto podría ceder el ministro de cara a las conversaciones con los demás partidos.
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Otra muestra de ese nerviosismo se dio en la reunión que sostuvo, a final de la tarde, la bancada de independientes en la Cámara. En un momento, según contaron a El Espectador, la representante Katherine Miranda chocó con la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, por el temor alrededor de la “expropiación exprés”. Al término del encuentro, la congresista verde negó que se tratara de algo distinto a la “vehemencia” propia de esos debates.
Algo que también dijo Miranda, y que también muestra cómo los ánimos están caldeados, es el hecho de que, desde la independencia, critican que aún no se conozca el articulado de la reforma a la salud.
La preocupación, dijo otro parlamentario de los independientes y con los que el gobierno deberá dialogar, es que no está claro si tendrá mensaje de urgencia o no. Si lo llega a tener, a juicio de esa persona, se perdería cualquier margen de maniobra para evaluar y cambiar el articulado de la reforma a la salud. “Lo que queremos es una silla en la conversación”, asevera.
De esa forma, Cristo se encuentra ante una jornada casi que maratónica en los próximos meses, cuando deberá seguir conversando con casi todas las bancadas que quieran sentarse con el gobierno (el Centro Democrático ya dijo que no lo hará). Mientras tanto, corre contra el reloj en una legislatura corta y que estará, desde principio del año entrante, por las elecciones de 2026.
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Por Leonardo Botero Fernández
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