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El expediente judicial que vincula a la exsenadora Piedad Córdoba por sus presuntos nexos con las Farc reposa en la Corte Suprema de Justicia desde hace casi 14 años, y se vuelve a mover con una declaración que rindió desde Miami, Andrés Vásquez, un exasesor de la política, quien aseguró que Córdoba se lucraba de los acuerdos humanitarios que se adelantaron con algunos rehenes que estuvieron en poder de la estructura guerrillera. El expediente que hoy ocupa la atención de los colombianos se ha movido entre solicitud de pruebas, recusaciones y hasta una tutela que podría llegar a la Corte Constitucional en caso de ser seleccionada.
El proceso judicial que, inicialmente, aterrizó en la Sala Penal de la Corte Suprema, hoy reposa en el despacho de la magistrada de la Sala de Instrucción, Cristina Lombana. Previo a que ella se encargara del expediente, en el caso ya se había recolectado una serie de testimonios de policías, militares, exsecuestrados y exguerrilleros que daban cuenta o desmentían el presunto vínculo ilegal de Córdoba con las Farc. Aunque la política ha mencionado abiertamente su relación con el extinto grupo, algunos la tildan de ser Teodora Bolívar, una mujer que sostenía nexos delictivos con la guerrilla.
El alias de Teodora Bolívar que le fue adjudicado a Córdoba salió a la luz pública luego de información que, supuestamente, recolectaron las autoridades de los computadores incautados cuando el Ejército bombardeó el campamento del exjefe guerrillero Raúl Reyes y del cual salió muerto. Desde 2008, se abrió una investigación de oficio en contra de la exsenadora, y empezó a coger fuerza hasta este año con las declaraciones que entregó Vásquez ante la magistrada Lombana en octubre del año pasado.
Aunque esa apenas es una de las tantas pruebas que ha decretado la funcionaria en el caso, es la que tiene en jaque a la política que está en plena campaña electoral por el Pacto Histórico con la que busca llegar de nuevo ante el legislativo. El expediente contra Córdoba, se dice, es grueso. Pues no solo reposan las antiguas y nuevas pruebas si no también una serie de recusaciones en contra de la magistrada que lleva el caso. En septiembre de 2019, la abogada Ximena Castilla, quien defiende los intereses de la exsenadora, presentó una recusación en contra de Lombana aduciendo que no podía llevar el proceso porque es mayor retirada del Ejército.
Las recusaciones
Esa no es la primera vez que su condición de oficial retirado le pasa factura a la magistrada, en otros procesos que son de su conocimiento también ha sido recusada. No obstante, la Sala ha considerado en múltiples ocasiones que no es necesario que se aparte de los expedientes ya que su imparcialidad no está afectada porque ya no hace parte de la institución castrense. Aunque esa situación ha quedado expuesta abiertamente, la abogada Castilla no escatimó en allegar un documento en el que alegó que Lombana declaró a los militantes de las extintas Farc como sus “enemigos” mientras hizo parte de las fuerzas armadas.
Eso, sin contar que, también estuvo bajo subordinación del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien también ha mostrado abiertamente su postura sobre los exmiembros de las Farc. Para la abogada Castilla “los términos peyorativos, despectivos y ofensivos utilizados por comandantes de las Fuerzas Armadas contra los miembros de las Farc y contra Piedad Córdoba al considerarla, equivocadamente, como perteneciente a este grupo armado, restan toda objetividad e imparcialidad para la investigación preliminar que se adelanta contra la exsenadora de quien se ha dicho, erróneamente, es Teodora de Bolívar”.
La recusación, en ese caso no prosperó, y lo mismo ocurrió con un segundo documento que llegó en junio de 2021 en el que la abogada solicitaba nuevamente que Lombana fuese apartada del expediente. En esta ocasión, su hipótesis se basó en una seguidilla de errores y “faltas de respeto” que se presentaron durante, otra prueba de recolección de testimonio que realizó la funcionaria en La Guajira. La declaración era de alias Eliana González, quien era la encargada del radio de Raúl Reyes, durante 18 años.
En ese entonces, la abogada relató en el documento que la magistrada Lombana no solo fue “hostil e intimidante” con las preguntas hacia González sino también realizó comentarios grotescos en contra de Castilla quien también participó de la diligencia que, además, contó con la presencia de un experto de la Fiscalía en “terrorismo y subversión”. Pese a que la defensa de Piedad expuso uno a uno los posibles “abusos autoritarios” de Lombana, la Sala no le dio la razón, lo que la obligó a presentar una tutela con la que busca que amparen el derecho al debido proceso.
La tutela
“Desde el inicio de sus actuaciones fue evidente su interés en investigar, lo que la funcionaria cree desfavorable a la hoy exsenadora. Por tal razón se presentaron recusaciones contra ella, y a favor de la Justicia material, con el propósito de apartarle de la investigación, en razón a su condición de militar y de la pública animadversión de las Fuerzas Armadas contra la senadora Piedad Córdoba, entre otros hechos”, resalta el documento que presentó la defensa de la política.
La abogada ha sido reiterativa en su versión sobre la posible imparcialidad de Lombana en el expediente, pues considera que desde los interrogatorios a los exmilitantes de la Farc, hasta sus autos ordenando pruebas y en la práctica de las mismas, ha sido evidente su “animadversión” con quienes tienen ideologías diferentes a la suya como militar y exoficial de las Fuerzas Armadas, incluida, Córdoba, cuya ideología de izquierda es de público conocimiento.
Castilla resaltó en el documento que Lombana ha incurrido en abusos de autoridad ya que ha ordenado y practicado pruebas, por fuera de su competencia, pues decretó, en su momento, recolectar información sobre las finanzas de la mamá, papá, hermanos, e hijos de la política quienes carecen de fuero. A juicio de la abogada, la magistrada no es la competente para adelantar algún tipo de indagación.
“La conducta de la funcionaria, con sus abusos, irrespetos y desafueros, ha desbordado todos los límites de la legalidad y del respeto y permite afirmar que está tratando a la ciudadana Piedad Córdoba como culpable”, dice la tutela y resalta que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema ha vulnerado los derechos de Córdoba a una indagación imparcial, digna, con respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia, a la presunción de buena fe y a la seguridad jurídica.
En primera instancia, en noviembre de 2021, la Sala Civil de la Corte Suprema no le dio la razón a la abogada. Adujeron que las críticas sobre la vida castrense que tuvo la magistrada Lombana ya habían sido superadas en otros debates que se dieron por la misma pretensión. En segunda instancia, tras una apelación de la abogada, la Sala Laboral ratificó la decisión, el pasado 19 de enero, y junto con ello, el documento quedó a disposición de la Corte Constitucional para que lo seleccione para su estudio.
Por el momento, el expediente penal promete seguirse moviendo con las pruebas que decretó la magistrada Lombana, pues este miércoles, precisamente, recolecta el testimonio de la precandidata Íngrid Betancourt, quien ha dicho que Córdoba la quiere hacer a un lado en su carrera política. La exsecuestrada por las Farc no descarta que las apreciaciones rendidas por Andrés Vásquez tengan una cuota de verdad.
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