Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Al coctel explosivo que da forma a la crisis carcelaria por la que atraviesa el país, se le sumó en las últimas horas un nuevo elemento. Se trata de un cruce de declaraciones entre el fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez y la Federación Colombiana de Trabajadores Penitenciarios (Fecospec), una federación que agrupa a unos 19 sindicatos del Inpec.
Resulta que el pasado miércoles 15 de mayo, el jefe del ente acusador anunció la apertura de una investigación contra guardias del Inpec que «estarían exigiendo sobresueldos a las administraciones municipales como condición para trasladar a establecimientos carcelarios a los detenidos que se encuentran hacinados en sitios de reclusión transitoria de las Unidades de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía y en estaciones de Policía».
Según dijo en rueda de prensa el fiscal Martínez, la investigación busca establecer si los uniformados del Inpec están cometiendo delitos como «constreñimiento, concusión y extorsión»: Además, según advirtió Martínez Neira, los funcionarios municipales que habrían accedido al pago de estos sobresueldos, podrían ser investigados por peculado. «Es una situación caótica y dramática la que se está viviendo en el Inpec», señaló el Fiscal General de la Nación.
Horas después del pronunciamiento del jefe del ente acusador, El Espectador conoció la respuesta de la Federación Colombiana de Trabajadores Penitenciarios.
Según esa entidad, la exigencia de sobresueldos a los entes territoriales a los que se refiere el fiscal, «no corresponden a presuntos delitos como extorsión, constreñimiento, concusión, prevaricato y peculado; estos pagos corresponden a la exigencia del cumplimiento de la Ley 65 de 1993».
El artículo 19 de la Ley mencionada señala que «los departamentos o municipios que carezcan de sus respectivas cárceles podrán contratar con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, el recibo de sus presos mediante el acuerdo que se consagrará en las cláusulas contractuales, conviniendo el reconocimiento que los departamentos o municipios hagan del pago de los siguientes servicios y remuneraciones:
a) Fijación de sobresueldos a los empleados del respectivo establecimiento de reclusión;
b) Dotación de los elementos y recursos necesarios para los internos incorporados a las cárceles nacionales;
c) Provisión de alimentación en una cuantía no menor de la señalada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario para sus internos;
d) Reparación, adaptación y mantenimiento de los edificios y de sus servicios, si son de propiedad de los departamentos o municipios».
En plata blanca, los funcionarios del Inpec le están reconociendo al fiscal que efectivamente se están cobrando a los entes territoriales sobresueldos para la manutención de reos. Sin embargo, dicen, esta acción está apegada a la Ley.
Por esta razón, directivos de la Federación Colombiana de Trabajadores Penitenciarios (Fecospec) piden al Fiscal General de la Nación, «una rectificación de la información de manera pública teniendo en cuenta que se está injuriando y calumniando el buen nombre de los funcionarios del Inpec, por exigir el cumplimiento de la Ley».
En el documento citado, Fecospec solicita una reunión con el fiscal para «aclarar la responsabilidad de los entes territoriales con las personas Privadas de la Libertad, que aún no han sido condenadas»,
Según el sindicato más grande del Inpec, los sobresueldos están contemplados en una serie de convenios que municipios cercanos a Bogotá han firmado con las tres cárceles principales de la capital de la República. En dichos convenios, se incluyen dineros para el manteniendo del parque automotor, radios de comunicaciones, colchonetas, sábanas, almohadas y el sueldo de los guardianes.
Por este tema Fecospec pidió al Fiscal «investigue si al Director del Instituto Nacional Penitenciario Inpec ha realizado los convenios interadministrativos con las administraciones municipales, los cuales deben totalizar alrededor de quinientos cuatro mil seiscientos setenta y tres millones de pesos (504.673.000.000) teniendo en cuenta el costo anual por PPL (persona privada de la libertad) y la cantidad de sindicados actuales que se encuentran en el Inpec, todo de conformidad a la ley 65 de 1993».