Chávez necesita más poder

La oposición está convencida: el presidente Hugo Chávez estaría aprovechando la tragedia que el invierno ha ocasionado en el país, para obtener beneficios políticos y abrirle paso a su doctrina del socialismo del siglo XXI. Los más de 130.000 damnificados que las lluvias han dejado en estados como Zulia, Miranda, Trujillo, Mérida, Táchira y Nueva Esparta han puesto al gobierno en sintonía para tramitar una Ley Habilitante (ver recuadro arriba) a favor del presidente. A Chávez se le pretende entregar autonomía para que expida decretos con fuerza de ley y pueda ahorrarse los trámites legislativos durante un año, para responder con la mayor prontitud posible a las demandas de la emergencia.

Los opositores no cuentan con una representación considerable en la Asamblea Nacional después de que en 2005 se retiraran mayoritariamente de las elecciones legislativas argumentando falta de garantías. Por eso, es de esperar que hoy sea aprobada la Ley Habilitante en segunda lectura, lo que significaría su inmediata entrada en vigencia. El martes, en la Asamblea Nacional, el oficialismo demostró su mayoría aplastante. En la mañana el vicepresidente Elías Jaua presentó el texto de la ley y en la noche, después de la primera lectura, fue aprobada en su totalidad.

En el Gobierno el optimismo es considerable, Jaua ya expuso los planes antes de que se concretara la aprobación: “Vamos a comenzar en los próximos 15 días a dictar los primeros decretos leyes con la finalidad de atender sobre todo a las personas que están en los refugios”.

No obstante, los contradictores del gobierno que sí participaron de las elecciones legislativas del pasado 26 de septiembre y obtuvieron 67 curules de las 165 que conforman la Asamblea Nacional, es decir, le arrebataron la mayoría al oficialismo, criticaron duramente la ley. Próximos a posesionarse el 5 de enero, consideran un irrespeto hacia sus votantes que durante su primer año de legislación, Hugo Chávez no necesite de la Asamblea para ejecutar sus políticas.

“Estamos pidiendo que se frene esta aprobación, así como que se concrete una reunión de los diputados electos a la nueva Asamblea y con los de la actual, para que se respete a la gente y la Constitución”, dijo Julio Borges, quien a partir del 5 de enero de 2011 asumirá como diputado.

La preocupación se cierne no sólo sobre la Ley Habilitante, a la que se le señala de contener incisos que no vienen al caso para la solución de los estragos del invierno, sino por otra serie de leyes polémicas (ver recuadro abajo), que los partidarios de Chávez vienen impulsando en las últimas semanas. Por ahora, la decisión de la Mesa de Unidad Democrática, el partido que agrupó a la oposición en septiembre, consistió en acudir a la sede de OEA en Caracas para calificar a aprobación de estas normas como una violación al Estado de Derecho.

Otras leyes que generan discordia

Las leyes que están en curso de aprobación impulsadas por los simpatizantes del presidente Hugo Chávez en Asamblea Nacional y que están siendo blanco de críticas, son la reforma a la Ley de Telecomunicaciones y la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. A ambas se las tilda de herramientas a favor de la censura. En ellas se contemplan sanciones para los medios que en cualquier soporte difundan mensajes que promuevan el odio y la intolerancia, inciten al delito, caigan en manipulaciones mediáticas dirigidas a fomentar zozobra o inciten al homicidio. De la misma forma, se responsabiliza a los proveedores de servicios de internet de la información transmitida, así que “deberán establecer mecanismos que permitan restringir la difusión de mensajes y acceso a portales” con contenidos prohibidos.

Las facultades que entregaría la Ley Habilitante

La norma le facilitaría a Hugo Chávez liderar mediante decretos el proceso para recomponer a su país de la emergencia por medio de atención humanitaria a los afectados, el apoyo a las zonas de emergencia con proyectos de infraestructura que vinculan al Estado y a privados y la potestad para recurrir al sistema financiero y tributario. Sin embargo, el documento también faculta al Presidente para “Dictar y reformar normas regulatorias en el sector de las telecomunicaciones y la tecnología de información” y “para erradicar las desigualdades entre los ciudadanos y ciudadanas que se derivan de la especulación, la usura, la acumulación del capital, los monopolios, oligopolios y latifundios y para crear las condiciones de igualdad”.