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El martes se expidieron los primeros tres decretos de la Emergencia Social, que buscan enfrentar la crisis que atraviesa el sector de la salud con un déficit de por lo menos $2,2 billones y que “amenaza de manera inminente, entre otros aspectos, la continuidad en la prestación de este servicio público esencial”, según el texto oficial de Presidencia.
El Decreto 074 “introduce modificaciones al régimen del Fondo de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Fonsat)”. Se amplía la cobertura de gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios, así como la atención y los gastos de rehabilitación. Se aumenta la cobertura del SOAT en 30%, pasa de reconocer 800 a 1.100 salarios mínimos legales diarios vigentes.
El segundo decreto busca “agilizar la solución de controversias (de contenido económico) entre las diferentes entidades y organismos del Sistema General de Seguridad Social en Salud”. El actual conflicto entre las EPS y el Fosyga, por los recobros de los tratamientos no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS), que asciende a $500 mil millones, sería cobijado por este decreto.
La última medida busca liberar saldos de aportes patronales (cerca de $600 mil millones), que están en algunas cuentas de entidades como administradoras de pensiones y cesantías. Esto permitirá “financiar la atención a la población pobre no asegurada y los eventos no cubiertos por el POS”.
El ministro de esta cartera, Diego Palacio, aseguró que con los decretos que se han expedido tras la declaratoria de Emergencia Social se ha logrado liberar cerca de $1,5 billones.
Los que no están de acuerdo con estas medidas son más de 300 trabajadores del sector que protagonizaron el martes una vigilia en la Catedral Primada de Colombia y la Iglesia del Voto Nacional, en Bogotá, exigiendo una reunión con el presidente Álvaro Uribe y el ministro Palacio, para pedirles que su prioridad sea cubrir la deuda que hay con los hospitales públicos.
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