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El magistrado Iván Mauricio Lenis, nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, habló en entrevista con El Espectador sobre lo que será llevar las riendas del alto tribunal durante un año electoral en el que cualquier decisión de la justicia impactará la balanza política. Dio detalles sobre expedientes claves para el país, como el caso de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo (Ungrd) y el proceso en contra de Álvaro Uribe Vélez, así como de movidas al interior del alto tribunal que este año tendrá un remezón en las salas de Instrucción y Primera Instancia. La relación con la Casa de Nariño y el Congreso, las peleas entre Cristina Lombana y sus compañeros de la Sala de Instrucción, y la seguridad de los jueces en zonas rojas son temas en los que ya ha avanzado en sus primeros días en el cargo.
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Llega a la presidencia de la Corte en un año muy movido políticamente. ¿Cómo ve este contexto en el que cualquier decisión de la justicia puede influir en la balanza electoral?
Nosotros, como jueces, en esos casos, cuando llegue el momento de discutirlos en las respectivas salas, creemos que lo importante es que a quienes les correspondan esos procesos puedan dar el debate, revisar el material probatorio que obra en el expediente, analizar las distintas posiciones jurídicas y tomar una decisión. Nuestra obligación —y es lo que espera la ciudadanía— es que, frente a cualquier caso que se nos presente, podamos dar el debate, analizar todo el expediente, todos los elementos probatorios y hacer valoraciones de tipo jurídico, constitucional y legal para tomar una decisión. Esa decisión, por supuesto, tiene que estar muy bien argumentada. Luego de adoptarla, debemos poder explicarla en un lenguaje claro y de carácter público a la comunidad en general.
¿Cómo manejar esa relación con las otras dos ramas del poder, Ejecutiva y Legislativa, que son de naturaleza política?
Yo creo que lo importante es que las distintas ramas del poder público podamos trabajar armónicamente como lo establece la Constitución. Nosotros estamos acá para que el Estado y la justicia funcionen. Si ese trabajo armónico se da, quién se beneficia es la ciudadanía. Lo importante es que ese diálogo institucional se mantenga en el margen del respeto y no se salga de los cauces. Uno tiene que decir que bienvenido el debate con argumentos, bienvenida la deliberación pública y lo importante es que ese escenario se dé. Si, por ejemplo, podemos debatir aún en todas las diferencias, y llegar a consensos que beneficien en la toma de decisiones en los temas que nos interesan y que nos corresponden tomar, pues sería un logro importante, mantener siempre diálogo con ideas y tratar de llegar a consensos.
¿Qué problemas podrían ayudar a solucionar esos consensos de la justicia con el gobierno y el Congreso?
Hay algunas regiones del país que tienen problemas de seguridad y conocemos todos que allí hay presencia de grupos al margen de la ley, pero precisamente ese diálogo armónico entre las distintas ramas del poder nos permite que el Estado y la justicia funcionen en todas partes. Ahí hay que hacer esfuerzos importantes para que el Estado le pueda brindar protección a la ciudadanía, pero también a los distintos funcionarios del Estado como los jueces que tienen una función en esas regiones.
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El propio presidente Gustavo Petro ha dicho en distintas ocasiones, cuando las decisiones judiciales no le favorecen, que las altas cortes le dan “golpes blandos”. ¿Cómo hacer para que sus decisiones no pierdan legitimidad en ese discurso político?
Sobre las apreciaciones que pueda hacer un funcionario del Estado o la comunidad en general acerca de nuestras decisiones, no me puedo referir, pero insisto en que lo más importante para nosotros —y ahí radica nuestra convicción— es que lo que fallemos lo hagamos siempre en derecho, dentro de un marco constitucional, y que se trate de decisiones que puedan ser explicadas en un lenguaje claro a la comunidad.
¿Cómo evitar que los casos que avanzan en las distintas salas cedan ante la presión política y la polarización?
Todos los procesos en cualquier despacho judicial tienen sus propias dinámicas y tiempos. Lo que puedo asegurar, como representante del poder judicial, es que la justicia ha venido tomando decisiones en la medida en que el material probatorio de algunos procesos se ha culminado y se puede, por ejemplo, formular una resolución de acusación. La Sala de Instrucción ha venido adoptando decisiones, algunas ya conocidas por el público, y seguramente este año, en algunos de esos casos que pueden tener impacto nacional, seguirá haciéndolo. Lo importante es esperar a que esas decisiones salgan y sean conocidas por la opinión pública.
Dentro de esos casos que usted menciona está el de la Ungrd. Varios congresistas, que actualmente están en campaña, están bajo investigación por, supuestamente, recibir coimas del gobierno. ¿Cuándo habrá decisiones en esos casos?
Los tiempos son imposibles de concretar, pero sí podemos afirmar que el trabajo que viene haciendo la Sala de Instrucción va a seguir produciendo resultados, con decisiones en esos casos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), de Invías, y otros, que saldrán en su momento oportuno. No puedo decirle si será en un mes o en dos meses, pero sé que vienen avanzando y que muy probablemente durante este primer semestre se tomarán nuevas decisiones en esos casos que son de interés para el país.
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En la Corte no solo hay casos relacionados con el gobierno Petro, también de la otra orilla política, como los de los hermanos Uribe Vélez. ¿Qué está pasando con esos procesos?
Todos los casos que llegan a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia tienen un reparto y, una vez se admite la demanda de casación, ese proceso, dentro de las dinámicas de la sala, tiene un momento en que será resuelto. Tengo entendido que el caso del señor Santiago Uribe aún no ha llegado a la Corte, pues está todavía en el Tribunal Superior de Antioquia. El caso del exsenador Álvaro Uribe sí llegó ya a la Corte. En ese proceso se resolvió un recurso de recusación y ahora está pendiente de la admisión de la demanda de casación, pero todas esas decisiones y el estudio del caso están sujetos a las dinámicas propias de la sala.
¿Y por ser casos de interés nacional no serían priorizados?
La Ley Estatutaria de Administración de Justicia establece, en efecto, algunas situaciones que permiten la prelación en el turno de los casos que estudia la Sala de Casación Penal. No podría adelantar ninguna decisión en ese sentido, porque esa posible situación debe ser estudiada por el magistrado ponente, quien tendrá que revisar, de acuerdo con la realidad procesal, la información del expediente y las causales que establece la ley, si es posible hacer una priorización.
Hace unos días usted dijo que la Corte está “al día” con los conceptos que le solicitan en casos de extradición y que les han dado prioridad. ¿Cómo ven que el gobierno, en algunos casos, como el de alias Araña, frene los envíos a los que ustedes ya les dieron luz verde?
En el tema de extradiciones hay que tener en cuenta que se trata de un proceso mixto. La primera parte es un análisis judicial que corresponde a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. La segunda etapa es un procedimiento administrativo que corresponde al presidente. En cuanto al aspecto judicial, en efecto, la Sala de Casación Penal está al día en las extradiciones que han llegado a su consideración; no hay atraso en las decisiones. Es importante tener en cuenta que, por ejemplo, en el caso de las personas que integran el Tren de Aragua, la sala priorizó esos expedientes y dio concepto favorable para que fueran extraditadas a Chile. Ahora esos casos quedan en la esfera del presidente: él es autónomo y el ordenamiento legal le otorga la facultad de decidir si procede con ellas o no.
En su presidencia también llega el primer cambio de magistrados de las salas especiales. ¿Cómo será el proceso para reemplazarlos?
Como la gran mayoría cumple su período constitucional, en efecto esas salas se van a renovar. Ya hay un proyecto de convocatoria para elegir a los magistrados que reemplazarán a quienes terminan su período constitucional; está próximo a iniciarse y, una vez el Consejo Superior de la Judicatura integre las listas, estas llegarán a la Corte Suprema de Justicia para cada uno de los despachos que quedarán vacantes, y empezaremos el proceso que nos corresponde para decidir quiénes ocuparán esos cargos. Tengan la certeza de que nuestro interés es que esas decisiones se tomen con anterioridad a la fecha en que vencen los períodos de quienes se van.
Nuestro interés es que no pase ni un solo día sin continuidad: que quien termina su período sea reemplazado de inmediato por quien le corresponda posesionarse. En esa convicción estamos, porque la justicia no puede demorarse en estos casos, ya que se trata de salas que quedarían desintegradas si no se eligen rápidamente los funcionarios que vayan a ocupar esos despachos.
¿Cómo ve el ambiente para este último año en la Sala de Instrucción? A través de los años se ha visto que los magistrados que la integran han tenido conflictos que pasaron incluso al plano personal.
Creo que lo importante es que la Sala Especial de Instrucción ha venido trabajando, ha tomado las decisiones colectivas que corresponden y ha hecho un trabajo conjunto muy importante en los casos que le ha tocado, algunos en temas de corrupción, y sigue avanzando. Sé que este semestre tiene procesos que, luego de un período de recaudo probatorio y análisis específico, seguirán avanzando hacia decisiones. Eso es lo importante para nosotros y para la comunidad en general: que es una sala que trabaja, responde y está dando respuesta oportuna a lo que espera la población de ella.
Eso es en cuanto a resultados, pero el ambiente laboral ha escalado incluso hasta la Sala Plena. Usted, como presidente, ¿qué les dice ante esa dinámica?
Son situaciones que yo particularmente no viví ni presencié, pero lo importante que puedo decir, como representante del poder judicial y como presidente de la Corte Suprema, es que valoro el trabajo que realiza esa sala especial y que está produciendo resultados, y eso es lo más importante.
¿Cuál es el sello que usted quiere dejar como presidente de la Corte Suprema?
Este año vamos a conmemorar los 205 años de creación de la Corte Suprema de Justicia y hemos articulado ese momento alrededor de la frase: “205 años de justicia presente en la vida de las personas y en la democracia”. Ese lema es muy importante en este momento, porque lo que quiere es rescatar y volver a mostrar y poner de presente que la justicia ha estado presente en la vida de las personas y en la democracia, lo hacemos con las decisiones que tomamos. Justicia presente implica entender los retos que tiene la administración de justicia hacia el futuro. Justicia presente no es solo para decir, “aquí estamos, hemos tomado decisiones importantes para el bien común, para proteger derechos, para garantizar libertades”. Pero entendemos también que la justicia se tiene que transformar y pensar hacia el futuro.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Jhordan C. Rodríguez
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