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El 2 de mayo de 2002, en medio de los combates que en pleno casco urbano del municipio de Bojayá (Chocó) entre guerrilleros de las Farc y miembros de los grupos paramilitares, un cilindro bomba lanzado por los subversivos cayó dentro de la iglesia del pueblo donde los habitantes se resguardaban de los enfrentamientos. Entre 76 y 119 personas murieron (la cifra nunca ha podido ser precisada) y se produjo el desplazamiento de casi 6.000 civiles más.
Han pasado 14 años y las víctimas aún buscan la manera de atenuar sus penas y obtener una reparación que, aunque ya no les devolverá a sus seres queridos, serviría para aliviar en algo el dolor. Por eso, el Comité de Víctimas de Bojayá se reunió con delegados de la Fiscalía General y la Unidad de Víctimas con el fin de definir si es posible hacer la entrega digna e individual de sus seres queridos, cuyos restos hoy se encuentran en un cementerio de Bellavista Nueva (Chocó).
“Las víctimas, tras 14 años, aún no hemos podido realizar los rituales de despedida de nuestros seres queridos. Para nosotros los afros, el funeral es un encuentro para la manifestación de solidaridad. Esperamos que la reunión con los representantes del Estado contribuya para lograrlo”, señaló el Comité de Víctimas en un comunicado.
Antes de la reunión con la Fiscalía, los representantes del Comité de Víctimas se reunieron también en tres oportunidades con Medicina Legal en Bogotá, en compañía de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El 6 de diciembre del año pasado, las Farc realizaron un acto de reconocimiento de responsabilidad por la masacre y aún las víctimas esperan actos de reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado, por permitir que estos hechos de guerra ocurrieran, y por parte de los paramilitares, que no respetaron a la población civil ni sus bienes.
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