La «empresa criminal» de Pedro Aguilar

En la audiencia de imputación de cargos el fiscal del caso manifestó que el líder gremial conformó una “empresa criminal” que desfalcó a la Nación entregando camiones que no cumplían los requisitos exigidos por el decreto que buscaba la chatarrización de dichos vehículos. Igualmente presentó vehículos que solamente existían en el papel y otros que pertenecían a personas ya fallecidas y cuya identidad fue usurpada.

Aguilar Rodríguez aprovechó los vacíos de la resolución 7036 de 2012 del Ministerio de Transporte con el fin de presentar camiones que no cumplían con los requisitos para que el Gobierno les entregara un retroactivo. Mediante la entrega de documentos falsos Aguilar presentó en diferentes municipios el mismo vehículo. Se le cambiaban las placas y las condiciones técnicas para darle una apariencia de legalidad al asunto. 

El líder de los camioneros presentó un camión particular de carrocería para recolectar, pese a que una de las exigencias del Ministerio era que el vehículo fuera de uso público y no particular. Con la ayuda de la «red criminal» que se conformó y a cambio de una alta suma de dinero se pudieron modificar y alterar los documentos para poder inscribirlo en Miranda (Cauca) y cobrar el retroactivo. 

La Fiscalía reveló que se adulteró el Registro Único de Transporte (RUT), sellos notariales y documentos de traspasos. Una de las pruebas que reveló el delegado del ente investigador fue una llamada que se le disparó a Aguilar en la que «cuadra» con su interlocutor la entrega de un dinero para que le entregue un vehículo para presentarlo ante el Ministerio.

En dicha charla se fija entregar 14 millones de pesos para la «compra» del vehículo. En la accidentada conversación también se dan detalles sobre el trámite que se iba a adelantar para que se chatarrizara el vehículo de carga. Por estos mismos hechos son procesados los socios de Aguilar: Piedad Sánchez, María Sánchez, Juevenal Agredo y Reinero Cueltán.

Con esta estrategia ilegal el líder gremial recibió sumas entre los 35 y 80 millones de pesos por vehículo. Para lograr su cometido conquistó a una funcionaria del Ministerio de Transporte quien le daba vía libre a la aprobación de los trámites presentados para recibir el dinero.

Debido a la gravedad de los hechos la Fiscalía General le solicitará al juez de garantías que cobije con medida de aseguramiento en centro carcelario a Aguilar y a los otros cuatro procesados.