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El escándalo que tiene tambaleando al general Luis Ospina, comandante del Ejército, por ordenar seguimientos a un profesor particular de su familia, no puede verse con la óptica emotiva de que su actuación fue por cuenta de problemas íntimos. No, aquí lo que pasó fue muy grave, como lo demuestra el hecho de que ya cayeron otro general y dos coroneles, y pronto también les hará compañía el otro protagonista de este infortunado suceso.
Pero eso no puede significar que de entrada se descalifique al general Ospina por ordenar el espionaje, pues esa conducta, por sí sola, puede no haber sido delictuosa, como lo anticipó el ministro de Defensa. Desde luego, ya va a ser muy difícil despejar esa creencia, luego de que los medios sembraron la idea de que el general decidió valerse de su poder para hacer seguimientos. Ospina saldrá, pero no bien librado, porque si la Fiscalía y la Procuraduría no lo sancionan, lo harán los implacables ojos del feminismo.
Naturalmente, es delito que un general ponga a sus hombres a vigilar los movimientos de alguien por motivos personales. De eso no puede haber duda. Si eso no puede suceder ni siquiera en tiempos de paz, menos en medio de esta guerra contra el ELN y con lo que queda de las FARC. No obstante, no es fácil establecer dónde termina la celotipia y cuándo empieza la seguridad institucional.
En efecto, si a un general un buen día le presentan en su casa a alguien que no se sabe de dónde salió pero que de repente se convertirá en contertulio de los suyos, seguramente averiguará quién es, quién lo remitió, qué hace, dónde vive o trabaja, etc. Si no lo hace y después resulta que se trataba de un delincuente, a ese general le lloverán rayos y centellas por no haber averiguado lo que un observador cuidadoso sí habría indagado. La pasividad en ese caso puede incluso violar protocolos de seguridad.
Pero si bien pudo no ser delito que el general Ospina se hubiese interesado por las coordenadas de un profesor, sí habría delinquido de comprobarse que incluyó al docente en una lista de presuntos subversivos para vigilarlo con apariencia de legalidad, cosa que tampoco está completamente establecida. En este último caso, el general, sin ningún atenuante, habría mancillado no solo el honor militar sino deambulado por muchas normas del Código Penal, como esos funcionarios y militares que idearon y perpetraron 6.402 asesinatos de inocentes y gentes que consideraban desechables y los disfrazaron de guerrilleros caídos en combate para cobrar prebendas. Tal parece que el fantasma siniestro de los “falsos positivos” todavía vive en las brigadas y en la conciencia de algunos militares.
Aunque el ministro Iván Velásquez admitió la posibilidad de que no hubiere delito por el espionaje, no absolvió plenamente al general Ospina. Pero el comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Giraldo, probablemente presionado por algunos oficiales que dejaron saber su inconformidad con todo esto, en vez de salir de frente y con pruebas para aclarar este enredo, expidió un comunicado gelatinoso tratando de quedar bien con unos y otros, que es la manera de quedar mal con todos.
No le hace bien a nadie esconder las evidencias de este episodio de espionaje, las cuales el país tiene derecho a conocer. Que no todo se quede en dimes ni diretes, porque si hubo uso ilegal de la inteligencia estatal es urgente que tan pavoroso incendio no se apague con la simple salida del Ejército del general Ospina.
Algo tiene que estar pasando en los cuarteles que debemos conocer los civiles, para que hayamos oído unas pocas voces castrenses que ya no le quieren marchar a la solidaridad de cuerpo. En todo caso, mal momento para la seguridad nacional que debe enfrentar delincuentes de todos los pelambres, en vez de andar esquivando las bombas de gran poder cuyas mechas letales han prendido los mismos militares.
Adenda No 1. Desconocer la “regla fiscal” sería el paso más rápido para derrumbar lo que queda de democracia.
Adenda No 2. La justicia condena a un juez por recibir coimas, pero al abogado del sobornador, ni una investigación. ¿Dónde está la odiosa Comisión de Impunidad (Disciplina) Judicial?
Adenda No 3. Hizo bien el ministro de Cultura, Juan David Correa, al pedir perdón en nombre del Estado por el desastre de Armero. Falta el juicio de responsabilidad histórica contra el ministro de Minas de entonces.
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