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El mismo día en el que la Policía Metropolitana de Bogotá anunció el inicio de un plan masivo para trasladar a los detenidos que estuvieran hacinados en centros de detención transitoria, se conoció el homicidio de Sebastián Roa, un joven de 25 años, a quien le quitaron la vida al interior de la estación de Policía de Rafael Uribe Uribe.
De acuerdo con las primeras versiones, brindadas por el coronel Eiver Alonso, subcomandante (e) de Policía de Bogotá, el hecho se habría presentado en medio de una riña que “causó el deceso de la persona privada de la libertad”. Roa estaba condenado a 24 meses de prisión por el delito de hurto calificado, pues habría estado vinculado al robo de un celular.
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Familiares de la víctima han sido enfáticos en señalar las inconsistencias que se presentaron antes y después del asesinato. Uno de los dos aspectos que esperan aclarar los Roa Vivas es por qué un privado de la libertad tenía un arma blanca, objeto con el que le habrían quitado la vida a su ser querido, el segundo es el plazo que habrían esperado las autoridades para “atender la situación” y haberlos notificado.
“Nos reportan que lo asesinan sobre las 6:00 p. m. del 7 de enero, pero el C. T. I. notifica que hasta las 10:20 p. m. los llamaron y a mi hermano lo llamaron hasta la 1:30 a.m. (del día siguiente), pero sin darle la cara el comandante de la estación”, contó la hermana de la víctima.
Un detalle que ha llamado la atención es el estado judicial del proceso que enfrentaba Sebastián, pues, según se pudo establecer, estaba detenido hace poco más de un mes y a pesar de ya haber sido condenado, no había sido trasladado a un centro penitenciario.
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Información recolectada por este medio de comunicación permitió evidenciar que la estación de Policía de Rafael Uribe Uribe, donde fue asesinado Sebastián, tiene una capacidad para 40 detenidos, pero actualmente hay allí 117 personas privadas de la libertad, lo que significa un hacinamiento cercano a 193 %. Estas cifras no solo reviven la discusión del hacinamiento, sino también pondrían en evidencia que la muerte de Sebastián Roa se pudo haber evitado.
La Policía de Bogotá anunció que ya abrió una investigación al respecto de la mano del equipo del Cuerpo Técnico de Investigaciones (C. T. I.) de la Fiscalía y, además, señaló que se conformó una comisión de disciplina y de justicia penal militar con los entes de control para indagar sobre el caso.
Acabar con el hacinamiento
El plan interinstitucional a nivel nacional para disminuir el hacinamiento carcelario, que están adelantando las autoridades, inició en Puente Aranda, con el traslado de 46 privados de la libertad hacia la cárcel La Modelo. Según la Policía Metropolitana de Bogotá, en total serán trasladados cerca de 300 detenidos hacia ese centro penitenciario.
“En esta primera fase se realizará el traslado de condenados por diferentes delitos como feminicidio, homicidio agravado, hurto y concierto para delinquir. Así, iniciamos este dispositivo de movilización de más de 46 personas detenidas en el sur de la ciudad”, indicó el coronel Eiver Alonso, subcomandante de Policía de Bogotá.
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Este plan responde a una orden del Juzgado 26 Administrativo de Oralidad de Bogotá, debido a que el hacinamiento, solo en Puente Aranda, superaba el 100%, con más de 820 personas privadas de la libertad. Ante este panorama, y en el marco de unas acciones tomadas en una mesa de trabajo del viceministro de Interior de Justicia y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), se habilitaron más de 400 cupos en la principal cárcel de hombres de la capital del país.
Habla la Personería
En el seguimiento que la Personería de Bogotá mantiene, se establece que el hacinamiento general de las estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI) es del 261%. De igual forma, el mayor registro se presenta en los Centros de Detención Transitoria de Usaquén (910%), Bosa (540%), San Cristóbal (420%), Usme (375%), y Kennedy (345%). Respecto a la Estación de Policía Rafael Uribe Uribe, el hacinamiento en este fin de semana presentó 187 %, con 118 personas detenidas, (23 condenados y 94 imputados) en un espacio con cupo máximo para 40 personas.
“En el 2022 la Personería de Bogotá adelantó acciones en búsqueda de mejorar las condiciones de la población privada de la libertad en estaciones de policía. Dentro de ellas se activaron rutas de atención e investigación a presuntos casos de amenazas y torturas al interior de algunas estaciones”.
“Se construyeron mesas de trabajo interinstitucional en temas neurálgicos como alimentación, atención social, seguridad y salud. De esta última se resalta el logro de la implementación de brigadas de salud y odontológicas en las diferentes URI y estaciones de policía que se practican de manera periódica por las diferentes EPS. Se emitieron 19 alertas a las entidades y autoridades competentes, siendo principalmente el hacinamiento y los temas sanitarios el enfoque principal de las mismas”, manifestaron a El Espectador desde la oficina de comunicaciones de la Personería de Bogotá.
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