Assange da la cara en Londres

Scotland Yard confirmó el arresto, siguiendo una orden de detención europea lanzada por Suecia, que solicita a Assange para interrogarlo y decidir si se presentan formalmente contra él cargos por violación tras ser acusado por dos mujeres en el país nórdico.

El fundador de Wikileaks declaró tras la detención que su arresto no va a cambiar los planes de continuar con la publicación de documentos secretos. La misma idea ya había sido expuesta por Assange en un artículo que escribió sobre su situación titulado La verdad siempre triunfará. Una vez se oficializó su detención, el periódico australiano The Australian publicó el texto para sus lectores (ver página 14).

El comunicado de arresto, hecho público por Scotland Yard, reza: “Oficiales de la Unidad de Extradiciones de la Policía Metropolitana han arrestado a Julian Assange en nombre de las autoridades suecas como sospechoso de violación (…). Assange, de 39 años, fue arrestado a través de una Orden de Detención Europea por cita previa en una comisaría de Londres a las 9:30 de la mañana”. Continúa la nota: “Está acusado por las autoridades suecas de un cargo de coacción ilegal, dos cargos de acoso sexual y un cargo de violación, todos ellos supuestamente cometidos en agosto de 2010. Assange ha de comparecer hoy en el Tribunal de Westminster”.

Assange nunca ha negado que tuvo relaciones sexuales con esas dos mujeres, pero siempre ha dejado claro que hubo consentimiento mutuo. Ellas, las acusadoras, avalan en parte esa versión, sin embargo alegan que todo comenzó de forma voluntaria, pero que dejó de serlo al darse cuenta de que Assange no tenía preservativos.

Los abogados del antiguo hacker australiano, que además ha conmocionado al mundo filtrando cientos de miles de documentos relacionados con la guerra de Irak y Afganistán, temen que si Reino Unido entrega a Assange a Suecia, éste acabará siendo extraditado a Estados Unidos (ver recuadro).

Por eso, y porque el australiano niega las acusaciones de naturaleza sexual presentadas contra él, los abogados van a oponerse legalmente a la extradición. Mark Stephens, uno de sus abogados, declaró a la agencia británica Press Association antes de que se confirmara la detención de su cliente: “Aún no hemos visto la orden de arresto. Tenemos 10 días para ello y un montón de asuntos complejos que organizar. Aún no he hablado con la policía”.

Cuenta cancelada en Suiza

Mientras la posibilidad de un procesamiento penal se dirime entre Suecia y el Reino Unido, Suiza ha protagonizado el último episodio del acoso financiero a Assange y su organización. “PostFinance ha decidido terminar sus relaciones de negocios con el fundador del sitio de internet Wikileaks”, señala un comunicado que hizo público la entidad financiera suiza. Según su versión, Assange facilitó un domicilio falso en Ginebra al dar de alta la cuenta, lo que ha sido descubierto tras realizar un examen de sus datos. Así, la entidad bancaria considera que está “en su derecho de cerrar la cuenta de Julian Assange”.

La organización Wikileaks ha cifrado en un comunicado de respuesta que este golpe supone la congelación de aproximadamente 31.000 euros que pertenecían a fondos personales y otros previstos para la defensa legal de su fundador. También recuerda que a éstos habría que añadir otros 60.000 congelados por PayPal la semana pasada: “Wikileaks y Julian han perdido 100.000 en activos esta semana”. En el comunicado aclaran que Assange, “como refugiado sin hogar que intenta conseguir residencia en Suiza, usó la dirección de sus abogados en Ginebra para la correspondencia bancaria”.

El texto, publicado a través de su web y de Twitter, recuerda que Wikileaks tiene algunas cuentas bancarias en Islandia y Alemania y pide apoyo financiero. “Uno de los aspectos más fascinantes del ‘cablegate’ es cómo está poniendo de relieve las dinámicas de poder entre Estados supuestamente independientes como Suiza, Suecia y Australia”, concluyen. No obstante, para terminar de completar un bloqueo financiero, las firmas Visa y Mastercard anunciaron el bloqueo de los pagos que se canalicen hacia Wikileaks, argumentando que se trata de una organización ilegal.