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La constante propagación de las acciones delictivas de las bandas criminales (bacrim) llevó al presidente Juan Manuel Santos a tomar cartas en el asunto para diseñar nuevas estrategias frente a las actuaciones de estas organizaciones delincuenciales.
Al concluir el Comité de Seguimiento a las bandas criminales, el Jefe de Estado dio a conocer varias medidas a seguir para mitigar el impacto de las labores delictivas desplegadas por los integrantes de esta mezcla mafiosa entre delincuencia común y narcotraficantes.
Primero se impartió la orden de elevar de $1.500 a $3.000 millones la recompensa a quien suministre información concreta que permita dar con el paradero de Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, máximo jefe del clan Úsuga.
La medida establecida por el Gobierno se da luego del paro armado que decretó hace dos semanas esta banda delincuencial. La acción de los Úsuga llevó a un cese de todas las actividades en algunos municipios de Antioquia, Córdoba, Cesar y Bolívar.
Dentro de las estrategias del Estado, como segunda medida también se puso en marcha contra las bacrim un bloque de búsqueda más robustecido conformado por las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. La intención es atacar con esta unidad las zonas donde se presume están concentradas las bacrim.
La orden es clara: este año debe ser ejecutadas 1.700 operaciones en todo el territorio nacional dirigidas específicamente al desmantelamiento de estas organizaciones. “El fin del conflicto nos obliga a fortalecer nuestras acciones contra cualquier amenaza criminal”, dijo Santos.
“El único camino que les queda a estos grupos es el sometimiento a la justica o enfrentar el rigor de la acción del Estado”. Así concluyó Santos su intervención en la Casa de Nariño al finalizar el Comité de Seguimiento.
Las bandas criminales se han convertido poco a poco en la principal fuente de inseguridad del país, por encima de las Farc y el Eln. De ahí que sean ahora la prioridad del Estado en el despliegue de las actividades castrenses.
Y es que de tal orden es la intranquilidad por las bacrim que seis organizaciones la semana pasada denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el surgimiento de una «nueva fase» del paramilitarismo en Colombia.
Las organizaciones hicieron una petición para que el Gobierno colombiano reconozca a estos grupos armados como paramilitares y dejen de llamarse solamente bandas criminales. Vale recordar que el clan Úsuga, al que las autoridades han vinculado con el cartel de Sinaloa, liderado por el mexicano Joaquín el ‘Chapo’ Guzmán, nació después de la desmovilización de las ya disueltas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que llegaron a un acuerdo para dejar las armas en 2006. Actualmente la organización liderada por ‘Otoniel’ se hace llamar las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
Respuesta de los Úsuga
Pocas horas después de que el presidente Juan Manuel Santos pusiera en marcha la nueva estrategia del Gobierno Nacional contra las bandas criminales por la amenaza que representan para el Estado, se conoció una respuesta del clan Úsuga.
Al conocer que se redoblaron los esfuerzos estatales en el combate a estos grupos criminales, la organización de Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, emitió un comunicado supuestamente desde las montañas de Colombia.
Indicó, de acuerdo al texto publicado por el diario El Colombiano, que no es cierto que estén convocando a nuevos paros armados y que no son responsables de los recientes asesinatos registrados a dirigentes de izquierda y defensores de derechos humanos.
“Es completamente falso que se hayan decretado más días de paro en ninguna parte. Todos los comunicados en este sentido son ilegítimos y no representan la organización”, indica el texto firmado por las Autodefensas Gaitanistas, como también se hace llamar esa organización. El clan Úsuga hace un par de semanas mantuvo en zozobra a seis departamentos del país al paralizar todo tipo de actividades en 36 municipios.
De acuerdo al comunicado, los Úsuga plantean que seguirán con sus acciones sin importar las medidas militares que se adelante en su contra. “El apoyo incondicional de las comunidades que están abandonadas por el Gobierno Central, nos compromete a continuar en la lucha de lograr mejores condiciones de vida para todas ellas. No cesaremos en el empeño de conseguir una Colombia más justa e incluyente”, cita el comunicado en una nueva muestra de desafío al Estado.
Y agrega: “Es preciso aclarar que no somos responsables de las muertes de miembros de la Unión Patriótica, ni de la Marcha Patriótica, y tampoco de otros activistas de los derechos humanos o sindicalistas que se han presentado en los últimos meses”.
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