Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Un barco diseñado para brindar servicios de salud en el Amazonas —una de las regiones más dispersas y de difícil acceso en Colombia— se encuentra en el centro de una nueva polémica en el sistema de salud. Luego de que el periodista Daniel Coronell revelara unos audios en los que se escucha a Beatriz Gómez Consuegra, delegada para prestadores de servicios de salud de la Superintendencia Nacional de Salud, presionando a funcionarios del hospital público San Rafael de Leticia para firmar el contrato que da vía libre a la embarcación, el proyecto ha generado algunas críticas. Más allá de ese episodio, la iniciativa enfrenta preguntas sobre su sostenibilidad financiera, su viabilidad operativa y su real utilidad en un departamento como la Amazonia, con un río que puede presentar graves sequías.
El Ministerio de Salud lo denomina “barco-hospital” y lo presenta como un centro de atención primaria en salud de carácter fluvial (CAPS-F por sus siglas técnicas). Según las especificaciones enviadas por Cotecmar (una empresa pública colombiana especializada en construcción naval) el pasado 28 de marzo en una cotización dirigida al Hospital San Rafael de Leticia y que este periódico conoció, se trata de una embarcación autopropulsada con dimensiones notables: mide 46,3 metros de largo (eslora), 11,5 metros de ancho (manga) y 2,9 metros de altura desde la base del casco hasta la cubierta principal (puntal). Para hacerse una idea más clara, su longitud equivale, aproximadamente, a medio campo de fútbol profesional, y su ancho es similar al de una calle de doble sentido.
Este tamaño, considera Minsalud, es suficiente para que el barco pueda alojar áreas clínicas, quirófanos y zonas de espera. Según la cotización de Cotecmar, el CAPS-F está diseñado para prestar consultas generales, ginecológicas y odontológicas, ofrecer servicios de vacunación, realizar cirugías menores, tomar y analizar muestras en laboratorio, hacer radiografías, entregar medicamentos y brindar atención por medio de telemedicina. Además, contaría con un ascensor interno que facilitaría el traslado de pacientes entre los distintos niveles de la embarcación. Sin embargo, esto sigue siendo un diseño sobre el papel. Aunque la resolución 1315 de 2024 aprobó $55.045 millones para la construcción del barco, la obra —que estaría a cargo de Cotecmar— nunca recibió la autorización final para comenzar.
“Cuando yo llegué a la institución, el 4 de septiembre de 2024, me encontré con un proyecto completamente estructurado, listo para contratar”, cuenta Lina Baracaldo Moreno, hasta hace unas horas agente interventora del hospital San Rafael y quien se negó a firmar el contrato, lo que produjo su salida de la institución. El proyecto estaba diseñado en tres fases: la construcción del barco, su dotación y su transporte (el barco se construye en Cartagena, pero tiene que trasladarse hasta Leticia). “Inicialmente, cuando recibo el hospital, el proyecto cuesta $55.000 millones, incluyendo las tres fases. Posteriormente, en noviembre, Cotecmar dice que hay que actualizar la cotización, porque la primera se hizo a finales de 2023 y dicen que las condiciones del mercado cambiaron”, cuenta la exfuncionaria.
El proyecto sufrió entonces un ajuste tanto en las fases de ejecución como en el valor, ajuste que fue presentado por el hospital, aprobado por la Gobernación del Amazonas y viabilizado el 13 de diciembre por la Dirección de Prestación de Servicios (Subdirecciones de Prestación de Servicios y de Infraestructura en salud). Los $55.000 millones costearían la construcción, pero la dotación médica y tecnológica, así como el traslado de la embarcación desde Cartagena hasta Leticia, no tenían recursos garantizados. De acuerdo con la información enviada por Cotecmar el pasado 2 de diciembre de 2024 al hospital San Rafael, solo el costo estimado del traslado ascendía a otros $12.210 millones, lo que incluía tanto el transporte del CAPS Fluvial como el apoyo logístico necesario para su movilización.
“No había ningún soporte documental que me dijera a mí que podía garantizar que esas otras dos fases iban a ser financiadas”, dice Baracaldo. El Ministerio de Salud señalaba en la resolución que la fase II del proyecto, que consistía en la adquisición de la dotación para el Buque Hospital Fluvial, se viabilizaría una vez el avance en la construcción del barco fuera superior al 70%. Solo hasta ese momento, decía el Minsalud, la Secretaría Departamental de Salud del Amazonas debería presentar la actualización del proyecto en este componente con valores actualizados para la fecha y cumpliendo los requisitos establecidos. “Pero yo, como ordenadora del gasto, debía garantizar no solo la construcción, sino todas las fases del proyecto, incluyendo la sostenibilidad, que también estaba en duda”, defiende Baracaldo.
Justamente, la sostenibilidad financiera del buque, que tuviera la plata para operar después de construido, era otra de las principales preocupaciones del hospital. En una comunicación oficial enviada a la Supersalud el 31 de marzo, el Hospital San Rafael advirtió que los costos de operación del barco superaban los $16.000 millones. En el documento se señalaba que esa financiación no estaba asegurada y que según la proyección de venta de servicios, el resultado anual sería negativo en al menos $13.000 millones durante el primer año, cifra que aumentaría a $28.000 millones anuales a diez años, lo cual resultaba “incompatible con la situación de una entidad que lleva cuatro años bajo intervención forzosa administrativa”.
El 28 de diciembre de 2023, el entonces gobernador electo de Amazonas, Óscar Enrique Sánchez, envió una carta oficial al Ministerio de Salud expresando su total respaldo al proyecto del buque hospital. “Una vez asuma mis funciones, ratificaré el mismo y me pondré a disposición de las partes para contribuir a la construcción y puesta en marcha” del proyecto, se leía en la comunicación. Como una muestra del apoyo, el pasado 3 de febrero de 2025, entonces, la Gobernación —de la cual depende el hospital San Rafael— expidió la resolución 0301 que adicionó $55.000 millones al presupuesto del hospital San Rafael para la vigencia de ese año.
Sin embargo, la Gobernación no autorizó el compromiso de vigencias futuras. Como el proyecto se planeó para ejecutarse en 22 meses, la falta de esa garantía presupuestal dejaba, para Baracaldo, la continuidad del buque aún más en el aire.
Todo esto, sin embargo, representa para el Minsalud “demoras injustificadas”, según se puede leer en un comunicado del pasado 6 de abril en el que da su balance sobre el proyecto. La cartera de Guillermo Alfonso Jaramillo señala al hospital de “falta de ejecución” y destaca que “la demora administrativa de la E.S.E conllevaría al aumento de los costos de los ítems requeridos para la construcción del mismo, configurándose así detrimentos patrimoniales sin justificación”.
En medio de las dudas financieras, llegaron otras de índole jurídico. El Juzgado Único Administrativo de Leticia recibió una tutela ante una supuesta vulneración de los derechos fundamentales de las comunidades indígenas del Amazonas y Putumayo, al adelantar el proyecto del buque hospital sin haber realizado un proceso de consulta previa, libre e informada. La tutela solicitaba suspender el proyecto hasta que esa consulta se realizara. El pasado 11 de marzo, sin embargo, ese tribunal falló en primera instancia negando esa pretensión. Para el juez, “la construcción de la unidad móvil fluvial no genera una afectación directa a las comunidades”, pues “no implica alteraciones en el uso del territorio, desplazamiento o cambio en las fuentes de sustento de las comunidades”.
Esa decisión fue impugnada y se encuentra ahora a la espera de un nuevo fallo. Sin embargo, más del 70% de la población se autorreconoce como indígena, dice Baracaldo. “¿Cómo hago yo, yendo en contra de quien va a recibir el servicio? Si quieres van a recibir el servicio, no aceptan esa prestación, iban a aparecer problemas. El ejercicio territorial que significa el servicio no se tuvo en cuenta”.
La necesidad, indiscutible. ¿Es la solución?
El Amazonas es uno de los departamentos con mayores barreras de acceso terrestre en Colombia. La movilidad de sus habitantes, en su mayoría pertenecientes a comunidades indígenas, depende casi exclusivamente de los ríos, que actúan como vías principales de transporte. Uno de los corredores fluviales clave es el del Putumayo y Amazonas, zona donde está previsto que opere el buque hospital. Según estimaciones del hospital San Rafael, las atenciones en salud que se brindarían a través de este proyecto podrían beneficiar a cerca de 8.113 personas, es decir, menos del 10% de la población del departamento. Ese cálculo, más los problemas financieros, no le cuadraban al hospital
Además, existían preocupaciones técnicas en torno al buque. Si bien el Amazonas ya ha tenido experiencias previas con embarcaciones adaptadas para prestar servicios de salud, estas han sido de menor tamaño que la propuesta del Minsalud. “De grandes dimensiones, han existido en el Pacífico”, dice el médico Pablo Martínez, quien se ha especializado en temas de salud en la Amazonia y conoce muy bien ese territorio. “Un buque entre el área de Leticia y Puerto Nariño no tendría gran cobertura, porque la mayor parte de la población y con más necesidad está sobre el río Putumayo y el río Caquetá y sobre esos hay que pensar estrategias”.
Desde el hospital San Rafael se advertía otro desafío, no menos importante: que, debido a las dimensiones del nuevo buque, este no pudiera navegar en temporadas de sequía, cuando los niveles de los ríos descienden considerablemente. Esta limitación podría afectar la operatividad del proyecto y comprometer la continuidad de los servicios en las zonas más apartadas. “Solo el año pasado tuvimos una sequía muy importante”, dice Baracaldo. “Y nos estábamos haciendo las preguntas de si las dimensiones de ese barco eran ajustadas al corredor”.
En efecto, dice Martínez, “estos ríos presentan accidentes geográficos muy marcados. Usar embarcaciones de alto calado para prestar servicios de salud no es algo común ni suele considerarse como primera opción. La gran pregunta, especialmente después de la reciente sequía que vivimos, es cuál sería la utilidad real de una embarcación de un gran tamaño. Por eso, en la mayoría de la región amazónica se piensa más en lanchas u otro tipo de botes, porque movilizar un buque grande por estos ríos implica muchos desafíos. Con un simple cambio en el régimen de lluvias, es muy fácil que un buque así se quede varado”.
El teniente Coronel (RA) Luis Eduardo Pino V, quien fue médico militar por 20 años, agrega un par de dudas adicionales. “Excepto que estas medidas hagan parte de un plan integral y duradero en el tiempo, se vuelven medidas temporales y que no tienen un impacto real en la salud pública a largo plazo. Uno no sabe cómo, desde el punto de vista de ingeniera naval, ajustaron las características del buque a los sitios donde pretendían llegar. ¿Dónde iban a parquear el buque? ¿La gente iba a llegar en lanchas? ¿Cómo se dio esa planeación? ¿Cuáles eran los estándares de operación?”, se pregunta. “Planes así tienen el riesgo de terminar siendo costosos y difíciles de operar. La mayoría de veces no redunda en beneficios para la gente”.
En su último comunicado sobre el tema, el Ministerio de Salud defiende, sin embargo, que el proyecto es “de fundamental importancia porque permitirá un seguimiento continuo y de calidad a grupos vulnerables como niños, mujeres embarazadas, personas mayores y pacientes con enfermedades crónicas”. Después de negarse a firmar el contrato, Lina Baracaldo y su equipo fueron removidos de su cargo al frente de la intervención en el hospital San Rafael de Leticia.
👩⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺
Conoce más