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Haciendo uso de facultades vigentes desde 1991, la Corte Constitucional les solicitó a una serie de entidades públicas y privadas, universidades y centros de pensamiento, cálculos y conceptos técnicos sobre los posibles impactos de inexequibilidad de la totalidad de la Ley de Financiamiento. De esta forma, la alta corporación decidió, de manera responsable, acopiar la mayor cantidad posible de elementos de juicio antes de tomar una importante decisión que se espera para mediados de octubre.
Si bien lo normal sería que las personas y las organizaciones estudiaran de antemano las consecuencias de sus actos, esto no ha sido común en nuestro medio. Hace unos años, por ejemplo, algunos magistrados, en forma desafiante e irresponsable, sostenían que sus fallos debían limitarse a comparar, en forma aérea y abstracta, las normas examinadas con la Constitución, sin tener en cuenta para nada sus efectos económicos. Por este motivo, algunas de sus determinaciones perjudicaron a gentes y organizaciones del país. La decisión de condonar las deudas del UPAC, por ejemplo, benefició a los deudores de clase media alta y a los políticos que los acompañaban en sus demandas, pero, al inducir una fuerte contracción de este sistema de crédito, en los años siguientes centenares de familias jóvenes terminaron sin acceso a vivienda propia; así mismo, muchas decisiones en materia de salud han complicado la grave crisis financiera del sistema con el consecuente sufrimiento de millares de personas.
En el caso de la Ley de Financiamiento, la Corte ha solicitado a los expertos cuidadosas proyecciones sobre las cuentas fiscales de los próximos años, que comparen un escenario en el que esa norma se sostiene con otro en el que ella se declara inexequible, tal como lo requieren los demandantes. Con esta información, la Corte podrá sopesar, entre tantas cosas, el apremio fiscal que podría surgir en caso de que se cayera la Ley de Financiamiento, así como los mecanismos a los cuales podría acudir el Gobierno para hacer frente de manera expedita a una eventual decisión adversa.
De los estudios solicitados surgirán respuestas a otros interrogantes que ya se han ventilado en las discusiones públicas, como aquellos que se refieren a los efectos de una eventual caída de esa ley sobre el crecimiento económico, la deuda pública, el crédito externo, las tasas de interés y las tasas de cambio. Si opta por esa decisión, la Corte analizará, seguramente, la forma como los posibles impactos negativos podrían ser mitigados mediante las acciones correctivas al alcance del Gobierno.
Aunque hay que aplaudir la forma en que la Corte ha abordado el estudio de esta demanda de inexequibilidad, acudiendo a conceptos de numerosos y reputados expertos, lo ideal sería que contara, al interior de su organización, con un cuerpo económico especializado que analizara de antemano los impactos de sus fallos, tal como lo propuso el año pasado la Comisión del Gasto que convocó el gobierno del presidente Santos. Esto les permitiría a los magistrados tomar decisiones oportunas, sustentadas en estudios propios, completamente imparciales e independientes. Además, con el tiempo, se formaría una tecnocracia especializada en el estudio económico de los asuntos jurídicos, lo cual redundaría en un mejor funcionamiento de las instituciones de la justicia y de toda la economía.
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