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Una de las noticias de la semana fue sin duda la admisión del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Se trata de uno de los principales rostros del grupo criminal de los hermanos Carlos y Vicente Castaño, que dejó miles de víctimas en Colombia durante los años noventa y dos mil. De acuerdo con la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de esta justicia, los aportes de verdad de Mancuso fueron “novedosos y suficientes” para permitir su ingreso, a tal punto de que generaron el envío de sus declaraciones a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia para que determinen si existen méritos para abrir procesos penales contra las personas señaladas en sus declaraciones.
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Entre los mencionados por Mancuso, principalmente, están varios militares y los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, quienes han negado cualquier vínculo con esa organización al margen de la ley. El pasado viernes, cuando la JEP informó sobre el sometimiento de Mancuso, esta justicia nacida del Acuerdo de Paz con las FARC señaló que esos “aportes novedosos” del exjefe paramilitar todavía están bajo reserva, ya que podrían afectar eventuales investigaciones. Pero más allá de su sometimiento, aún hay un asunto clave por definirse y que podría ser un escollo en su colaboración con la JEP: sus cuentas pendientes con Justicia y Paz, otra jurisdicción que procesa a los miembros de las AUC desde 2005.
Esta discusión, que no es nueva, volvió a emerger tras el anuncio de la JEP y quedó expresa en el salvamento de voto de la magistrada María del Pilar Valencia. Aunque no se apartó de la decisión tomada por sus compañeros de Sala, expresó su desacuerdo con que la Jurisdicción no haya asumido la totalidad de la competencia sobre Mancuso. En primer lugar, considera que, al mantener la competencia Justicia y Paz respecto a Mancuso -en lugar de asumirla toda la JEP- “se fragmentan las posibilidades de investigación y judicialización de estructuras macrocriminales al más alto nivel, lo cual hace más difícil develar la red criminal”.
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En segundo lugar, la magistrada Valencia argumentó que esa competencia de Justicia y Paz sobre Mancuso también “priva a la JEP de contar con beneficios tangibles y concretos que brindarle al exjefe paramilitar, en especial en lo relacionado con la libertad, con lo cual también se hace más difícil exigirle aportes a la verdad a Mancuso”. Esa potestad que tiene Justicia y Paz, explicó la Sala de la JEP, tiene relación directa con el estatus con el que fue procesado Mancuso en esa Jurisdicción creada durante el primer gobierno de Álvaro Uribe: como jefe de las AUC. Mientras que su ingreso a la JEP se dio bajo la figura de “bisagra” o punto de conexión entre el paramilitarismo y la Fuerza Pública colombiana.
Esa determinación clave, de dejar en libertad o no a Mancuso, está en manos de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, luego de que el pasado 24 de octubre la Corte Constitucional le ordenara al Tribunal estudiar el caso de Mancuso. Es decir, que el Tribunal tendría que estar tomando una determinación en los próximos días. Lo que siempre ha insistido Mancuso, además de que cumplió su condena en Estados Unidos, es que fue designado como gestor de paz del gobierno de Gustavo Petro, por lo cual merecería la garantía de cumplir sus funciones en libertad.
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El alto tribunal tomó esta decisión luego de que Justicia y Paz y la Corte Suprema de Justicia le negaran la libertad y le recalcaran que no han existido arbitrariedades ni irregularidades en su contra. Fuentes cercanas al exjefe paramilitar le dijeron a este diario que no es viable el regreso a Colombia de Mancuso si este va a terminar en una cárcel o una guarnición militar. “¿Quién le va a garantizar su seguridad? Él está hablando de miembros de la Fuerza Pública y estar tras las rejas lo hace un blanco fácil”, dice una persona de su entorno.
Sebastián Bojacá, abogado de un grupo de víctimas de Mancuso, le aseguró a este diario que el principal desafío en este caso es que debe existir una articulación entre la JEP y Justicia y Paz, para lograr los fines de la justicia frente a las víctimas. “La Jurisdicción Especial para la Paz debe ajustar sus límites para así garantizar los derechos de las víctimas, ya que es fundamental que esa entrega de información sea progresiva y que este responda cada vez que la JEP lo llame”, señala el penalista, quien representa a los sindicalistas de la Drummond asesinados por los paramilitares y la familia de la fiscal Yolanda Paternina, entre otros.
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Para completar, en febrero pasado, la JEP se dio cuenta de que la Cancillería ha hecho poco o nada para adelantar la extradición de Mancuso a Colombia. En febrero pasado, la JEP argumentó que el Ministerio de Relaciones Exteriores es el encargado, a través de sus consulados, de proteger los derechos fundamentales de los colombianos en el exterior. Además, hay otro asunto en medio: el Departamento de Estado y del Departamento de Justicia de Estados Unidos tienen pendiente resolver la solicitud presentada por Mancuso, desde 2020, en la que busca ser deportado a Italia o permanecer en territorio estadounidense por motivos de seguridad.
Así las cosas, la entrada del exjefe paramilitar y su colaboración dependerá de cómo sea resuelta su situación jurídica tanto en Colombia como en Estados Unidos. Lo cierto es que su caso deja una referencia para otro jefe paramilitar que quiere ingresar a la JEP: Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco, quien en los últimos meses le ha pedido a la Jurisdicción que lo escuche, ya que, al igual que Mancuso, también tendría información valiosa sobre cómo militares y empresarios se aliaron con la estructura criminal.
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