Paramilitarismo, el obstáculo final

Este martes 5 de abril se inicia el ciclo 48 de diálogos entre el Gobierno y las Farc en La Habana (Cuba) y, superada la fecha fatal del 23 de marzo, los delegados se enfrentan al reto definitivo de acordar las bases del fin del conflicto. El objetivo es pactar cuanto antes el cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo. Pero, como quedó en evidencia en los últimos días, las diferencias no son de poca monta. El Gobierno insiste en que el nudo de la discordia es la dejación de armas e incluso exigió que la guerrilla diga cuándo va a hacerlo. Las Farc consideran que el asunto pasa primero por las garantías de seguridad, es decir, por el desmantelamiento del paramilitarismo.

La primera discrepancia es su existencia. Mientras que el Gobierno asegura que el paramilitarismo es un asunto del pasado y que lo que hoy existe son bandas criminales (bacrim) dedicadas al narcotráfico o a la minería ilegal, las Farc siguen convencidas de que este fenómeno está vigente y, así se trate de organizaciones delincuenciales, estas son sucesoras del paramilitarismo. Además, consideran que esta forma de violencia ha sido una estrategia permanente del Estado que no se soluciona negando u ocultando su existencia. La prueba es el alto número de líderes populares asesinados en los últimos tiempos o el paro armado de las Autodefensas Gaitanistas.

En el fondo, la discusión lleva a un desafío común: ¿cómo configurar una nueva política de seguridad con garantías para el Estado y la insurgencia? Como es lógico por su concepción legal, para el Ejecutivo esta política debe ser determinada por las autoridades, de común acuerdo con las Fuerzas Militares y la Policía. Sin embargo, las Farc argumentan que si bien estas instituciones son determinantes, la transición empieza por cambiar la concepción doctrinaria del combate al “enemigo interno” por una “seguridad humana integral”, basada en el respeto a los derechos humanos y la preservación de los valores propios del sistema democrático.

En ese orden de ideas, la misión de desterrar cualquier rezago de paramilitarismo para garantizar seguridad y así avanzar en confianza hacia la dejación de armas y el cese al fuego bilateral, pasa por varios escenarios que son la materia prima de lo que está discutiendo la subcomisión encabezada por el general (r) Óscar Naranjo y el comandante guerrillero, Pablo Catatumbo. Si bien esta subcomisión ha logrado importantes avances, el debate mismo la trasciende, pues pasa por aspectos que conciernen a deberes de la justicia o de los organismos de control, o incluso de acompañamiento internacional para asegurar su extinción.

Se ha hablado de planes piloto para el desmonte de las organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo y sus estructuras de apoyo, pero las diferencias de enfoque son profundas. Los delegados del Gobierno se oponen a que dichos planes surjan como una iniciativa de la mesa de diálogos, entre otras razones porque aducen que no pueden sustituir el accionar mismo del Estado en esta materia. Los negociadores de las Farc creen que este tema es crucial, que se puede implementar en determinadas regiones y que la tarea empieza garantizando que los miembros de la Fuerza Pública o de los organismos de control estén desligados de cualquier nexo ilegal.

En tal sentido, la postura de la guerrilla apunta incluso a la revisión de antecedentes penales y disciplinarios de quienes ostenten autoridad en las regiones. Una idea que atraviesa otra encrucijada de la mesa de diálogo. Mientras el Ejecutivo confía plenamente en que la cooperación institucional de organismos como la Fiscalía, la Contraloría o la Procuraduría es la base para enfrentar el paramilitarismo y no se necesita una legislación aparte, la insurgencia está en otra orilla. Su convicción es que se necesita una nueva normatividad que prohíba y castigue la promoción, organización, financiación o empleo de estructuras o prácticas paramilitares.

Es más, la guerrilla sostiene que deben quedar claras las sanciones para nuevos delitos asociados al paramilitarismo, incluso para aquellas personas o empresas que han contribuido a su desarrollo. En principio, una de las medidas planteadas es la creación de una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para el Desmantelamiento de las organizaciones sucesoras del paramilitarismo, pero también en esta iniciativa hay criterios divididos. El Gobierno la considera una instancia para recomendar políticas públicas sobre el tema, al tiempo que las Farc la conciben esencial e incluso no descartan hacer parte de ella en la paz.

En otras palabras, no solo la conciben para el diseño de la política contra el paramilitarismo, sino como la comisión que debe coordinar las acciones que sean necesarias, con el apoyo de los distintos organismos del Estado. Por eso han planteado que desde el presidente, el comandante de las Fuerzas Armadas, el director de la Policía, el fiscal, el procurador o el contralor hagan parte de ella. Y que también se permita que representante de organizaciones de derechos humanos y expertos escogidos por la mesa de diálogos sean participes. Las Farc se sumarían con dos delegados cuando ya hayan hecho el tránsito a la política.

Esta comisión está ligada a otra iniciativa ya enunciada en el Acuerdo de Víctimas suscrito en diciembre de 2015: la creación de una Unidad Judicial para asegurar el desmonte efectivo de las estructuras del neoparamilitarismo. Pero el Ejecutivo considera que esta unidad debe ser manejada directamente por la Fiscalía, mientras que la subversión aspira a que sea un organismo especializado, con autonomía administrativa y financiera, para que investigue y persiga a organizaciones responsables de masacres y atentados contra líderes de derechos humanos o movimientos sociales y políticos, así como sus vínculos con funcionarios del Estado.

El asunto es tan determinante que no solo ha demorado la concreción del cese al fuego bilateral y definitivo, sino que incide en otros aspectos que hoy están sobre la mesa de diálogos. Por ejemplo, el Gobierno está convencido y confía en que sus organismos de control son suficientes para investigar y documentar el desmantelamiento del paramilitarismo, pero la guerrilla cree que se requiere un mecanismo internacional de verificación de esta realidad, en lo posible a través de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac).

Además, el Ejecutivo acepta la promoción de un sistema de transparencia para evitar que integrantes de las Fuerzas Armadas o de la Policía incurran en actos de corrupción. No obstante, las Farc lo consideran insuficiente y creen que tiene que existir una innovación en el sistema de ascensos y promoción de oficiales y suboficiales, para que definitivamente se impida que sean promovidos uniformados que hayan estado implicados en acciones de paramilitarismo, bien sea por acción o por omisión. La idea es que se contribuya a un nuevo paradigma de seguridad humana y no de seguridad nacional.

Hasta en el ámbito de los servicios de seguridad privada se advierten matices contrarios entre las partes. En la actualidad, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, adscrita al Ministerio de Defensa, regula y controla este tipo de servicios y el Gobierno cree que debe seguir teniendo las mismas funciones. Sin embargo, la insurgencia considera que dicha Superintendencia debe pasar al control del Ministerio del Interior, para que sea un mecanismo civil, y no uno militar, el que vigile a las compañías de seguridad privada. Incluso, proponen una auditoria social con participación de organizaciones de víctimas.

Como puede concluirse, en el contexto de la discusión para el fin del conflicto y el consecuente cese al fuego bilateral y la dejación de armas, el escollo verdadero es el paramilitarismo. El Gobierno dice que ya no existe, pero lo sucedido desde el pasado jueves en ocho departamentos del país, con una inusual demostración de poder militar por parte del llamado clan Úsuga, Urabeños o Autodefensas Gaitanistas, demuestra otra cosa. Si a ello se suman los crímenes contra líderes sociales y populares denunciados por la Unión Patriótica, el tema es realmente neurálgico para cerrar definitivamente el conflicto armado.

Los negociadores del Gobierno viajan mañana a Cuba para retomar funciones el martes y aunque la perspectiva es conciliar sus diferencias con la guerrilla respecto a la dejación de armas porque quieren una fecha fija, mientras las Farc insisten en un proceso gradual para hacerlo, lo cierto es que hay un tema mayor atravesado en la agenda: el paramilitarismo. Las autoridades quieren apurar las zonas de concentración de la insurgencia y el destino de sus armas, pero las Farc tienen claro que sin garantías de seguridad no habrá acuerdo final. El reto es encontrar el punto medio para que cada parte aleje sus fantasmas.

Paro armado paralizó 36 municipios

El jueves y el viernes pasados, 36 municipios, de ocho departamentos, se vieron paralizados por el toque de queda impuesto por el llamado clan Úsuga. El reporte entregado por el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac) señala que durante dos días se produjeron 27 acciones violentas. Asimismo, el paro armado afectó a tres ciudades capitales: Montería, Medellín y Sincelejo. Allí los grupos neoparamilitares repartieron panfletos amenazantes para que se abstuviera de salir a la calle. De acuerdo con el Cerac, cinco personas resultaron muertas en desarrollo del paro armado: un civil y cuatro integrantes de la Fuerza Pública. Antioquia, Chocó, Córdoba y Sucre fueron los más afectados. Según el reporte el Ministerio de Defensa, “el 63 % de los actos delincuenciales han sido contra la población civil, el 27 % contra la Fuerza Pública y el 10 % contra infraestructura”.

Acuerdos para combatir el paramilitarismo

Los acuerdos suscritos entre el Gobierno y las Farc en los cuatro años de diálogos de paz han hecho énfasis en la necesidad de desmantelar y esclarecer el fenómeno del paramilitarismo. Así quedó escrito en el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto, firmado en agosto de 2012. En el tercer punto de la agenda, apartado séptimo, se dejó claro ese asunto, mientras que lo mismo quedó estipulado en el acuerdo sobre víctimas, dado a conocer en diciembre del año pasado.

La promesa de combatir estas estructuras aparece tanto en las funciones de la Comisión de la Verdad como en los objetivos de la Jurisdicción Especial para la Paz. Para cumplir dicho objetivo se creó, dentro de las funciones de la subcomisión técnica para el fin del conflicto, un grupo de trabajo dedicado a construir acuerdos sobre la manera en que se podrá desmantelar, y esclarecer el paramilitarismo, como uno de los actores del conflicto armado.