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Durante años la celebración de contratos en el sector de la salud se ha convertido en la forma “más efectiva” de apropiarse de recursos públicos en los departamentos de Colombia. Mediante la creación de “enfermos fantasmas” se justifica la entrega de recursos para el tratamiento de enfermedades de alto costo.
En los departamentos de la costa se han registrado irregularidades en millonarios contratos de salud para tratamientos a la hemofilia y el síndrome de Down. Por estos hechos de corrupción la Fiscalía General identificó a funcionarios públicos, contratistas, dirigentes políticos y particulares.
El ente investigador determinó hace poco la existencia de una “empresa criminal” que se apropió de millonarios recursos para el tratamiento del dengue en uno de los departamentos más golpeados por la corrupción en las últimas décadas como lo es La Guajira. (Ver La Guajira: ¿más de una década en manos de la corrupción política?)
La Fiscalía General determinó que se presentaron graves irregularidades en la celebración del contrato de cooperación especial 019 de 2014 el cual tuvo un costo cercano a los 17.500 millones de pesos. El convenio fue celebrado entre la Gobernación y la Organización Latinoamericana para el Fortalecimiento de la Investigación en Salud (OLFTS).
El millonario contrato le fue entregado por la Gobernación de manera directa y sin licitación pública a la organización sin ánimo de lucro. Los investigadores determinaron que la OLFTS no contaba con la experiencia exigida, ni con la capacidad económica o administrativa para cumplir los objetivos del convenio.
Igualmente en la investigación se determinó que los recursos enviados por Colciencias para adelantar el proyecto de investigación presentado por la Gobernación de La Guajira, no ha sido ejecutado hasta la fecha según lo aprobado. (Ver «Hubo corrupción en contratos para disminuir mortalidad de niños en La Guajira»)
De los 4.600 millones de pesos entregados a la Gobernación de La Guajira cerca de $300 millones han sido utilizados para el pago de deudas y actividades diferentes a las del contrato. Entre estas se encuentran el pago de contratos de vehículos, sobrecostos en compra de insumos, favorecimiento en pagos a particulares, entre otros.
Por estos hechos de corrupción la Fiscalía citó a imputación de cargos al contratista Fredy Alexander Díaz Quijano; el exsecretario de Salud de La Guajira, Gonzalo Francisco Araújo Daza; el asesor de la gobernación en contratación, Marco Luis Pedraza: y el exgobernador de La Guajira, José María Ballesteros.
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