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Aunque persiguen objetivos distintos y complementarios, hay gran resistencia con la primera.
En la tarea de elevar y esclarecer el debate público sobre la educación, habría que considerar lo siguiente: en lo que la educación debería ser neutral (cuestiones divisivas de la sociedad), resulta militante; y en lo que debería ser “militante” (cuestiones unificadoras de la sociedad), pretende ser neutral.
Caso 1: la enseñanza de la historia colombiana contemporánea. Ahí necesitamos un acuerdo para sacar la ideología y el odio político (de cualquier signo) de la educación básica de los colombianos. El pluralismo ideológico lo podemos comenzar a presentar en la educación media. Militancia en las aulas sobre asuntos que dividen, no. Debe ser una ética del docente.
Caso 2: la enseñanza de la educación cívica. No es una política de Estado y no nos hemos puesto de acuerdo sobre sus fines y el contenido. La formación de los futuros ciudadanos en una cultura política común de la democracia liberal, el Estado social de derecho, la economía de mercado y el patriotismo (distinto del nacionalismo) no entusiasma a los docentes educados en el descreimiento o abominación de esas ideas e instituciones.
Pero dado que esa cultura política común está en la Constitución y esta ordena la instrucción cívica (art. 41 y la Ley 115 de 1994, art. 14), más los deberes de los colombianos (art. 95), no deberíamos tener el problema que revela el Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana (ICCS), en el que Colombia participó en 2009 y 2016.
Frente a esta situación, Duque propuso en campaña retomar las clases de Cívica y Urbanidad. Lo mencioné en la columna sobre el ministro de Educación de Francia y un ilustre investigador de Uniandes me recordó amablemente que el tema no es pacífico. Déjà vu. Se dice “Cívica y Urbanidad” y responden “competencias socioemocionales”.
Si se advierte que la primera atiende necesidades de la democracia (y de la nación como un todo) y la segunda, necesidades de autoconducción de los individuos, en todo caso se insiste en que competencias socioemocionales es la respuesta.
La razón para no consentir siquiera la coexistencia de ambos enfoques es el temor a que Cívica y Urbanidad “deriven muy fácilmente en la formación de personas funcionales para la sociedad, disciplinadas, que hacen caso, que no cuestionan”. Una preocupación política válida, como la de no hacer nada frente a la formación de personas disfuncionales para la sociedad, indisciplinadas y que cuestionan sin fundamentos y sin modales.
Estamos sacando decenas de miles de bachilleres con “actitudes de desobediencia de la ley bajo ciertas circunstancias y actitudes favorables hacia la violencia”, según el estudio del ICCS y lo que todos sabemos. Al menos en este gobierno hay que discutir el problema y ensayar la promesa del presidente Duque. La ministra ha preferido competencias socioemocionales, pero esto va más allá de las preferencias del ministerio.
Repito lo que se puede hacer mientras damos la gran discusión: mediante reforma del Decreto 1290 de 2009, transmitir un giro de valores en la educación induciendo a que los colegios pongan en el boletín de notas: “Cívica, Urbanidad y Disciplina” en lugar de solamente “Disciplina” o “Convivencia”, como ocurre hoy.
El MEN proporcionaría los parámetros para evaluar los tres componentes en las reuniones de docentes que hoy solamente se dedican a Disciplina o Convivencia. Los padres y madres de familia recibirían una cartilla con los comportamientos que se promoverán y evaluarán en sus hijos como miembros de la comunidad, como individuos sociales (modales) y como estudiantes en el aula y colegio.
La educación es un ámbito imbricado con el proyecto de sociedad, no puede ser autónomo completamente.