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Puno es hoy un infierno. Este departamento sureño del Perú, con indicadores sociales históricamente lamentables, es el más sacudido por las protestas que estallaron tras el intento de golpe del expresidente Pedro Castillo, su posterior destitución y su detención. Solo el lunes murieron 17 personas, que se sumaron a la lista de 45 fallecidos en esta ola de manifestaciones en todo el país. El gobierno de Dina Boluarte, cabe resaltar, lleva apenas 35 días. Más muertos que días de gobierno.
En Juliaca, la ciudad donde se presentaron las muertes de los 17 ciudadanos, hubo una breve pausa el miércoles para llorar a las víctimas, consideradas ahora “mártires” de la nación.
“Es un dolor perder a un familiar por especialmente luchar por derechos. No es justo, esta señora (la presidenta Dina Boluarte) no tiene nombre, (quiero) decirle asesina porque nosotros defendemos nuestros derechos”, dijo a la AFP Fidel Huancollo, de 48 años.
Huancollo perdió a su primo Héctor Quilla, de 38 años, uno de los 17 que recibió un disparo en los enfrentamientos con fuerzas del orden el lunes, en protestas y saqueos en Juliaca, a 1.300 km al sureste de Lima. Tras retirar los cuerpos de la morgue, familiares vestidos de riguroso traje negro, recorrieron las calles con los féretros en sus hombros, hasta llegar a la plaza de Armas de esta ciudad de unos 276.000 habitantes, donde un sacerdote ofreció una oración por los caídos.
Sin embargo, el duelo y el momento de conmemoración no se extendió más de tres días, pues el jueves se reactivaron las movilizaciones en la ciudad. Juliaca continúa paralizada y las cabezas de las marchas dicen que hay una huelga indefinida. Reclaman la dimisión de Boluarte, a quien consideran una traidora.
“Dina me asesinó con balas”, se lee en el ataúd blanco de Edgar Huaranca, una de las víctimas, cargado por seis familiares.
¿Por qué Puno?
El departamento de Puno forma parte de la llamada sierra sur del Perú, en donde los indicadores en cuanto a economía, educación y salud han sido históricamente lamentables. Solo en Puno se presenta una incidencia de pobreza del 60.8 %. La sierra también está conformada por una elevada cantidad de población quechuahablante dedicada a la agricultura, la cual vio con Castillo el ascenso de “uno de los suyos”.
“Son regiones en las que Castillo obtuvo una alta votación y hubo una gran identificación con un presidente que por primera vez era un campesino”, le dijo Hernán Chaparro, director del Instituto de Estudios Peruanos, a la BBC.
El mapa electoral es claro: en Puno, así como en Cusco, Apurímac y Ayacucho, Castillo se impuso con más del 80 % de los votos. Esta porción del electorado peruano está convencida de que al expresidente no lo dejaban gobernar, y cuando el Congreso votó por la vacancia de Castillo, la ira estalló en toda la sierra.
La lista de asuntos pendientes con Puno, así como con el resto del sur del país, es extensa: no hay planes de escuelas, hospitales u obras públicas, aunque sí hay explotación de las minas de la región. La razón de esto no solo es el racismo en el Perú, que ha provocado una falta de integración de las zonas sureñas, sino también la corrupción. Para finales de 2022, los gobiernos regionales y las alcaldías ejecutaron menos de la mitad del presupuesto asignado para todo el año.
Expertos como Gonzalo Banda, analista de asuntos peruanos, explican que los políticos no tienen incentivos para cumplir con los proyectos que prometen en campaña, como la posibilidad de una reelección. A esto se le suma una enorme falta de preparación.
Que los políticos no cumplan con su tarea incentiva, según Banda, a que haya colectivos que se dediquen a actividades clandestinas como el contrabando, el transporte irregular o la minería ilegal.
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No es solo Puno
Puno también es uno de los departamentos con más oposición al poder tradicional de Lima. Esta resistencia se remonta al siglo XIX, cuando incluso la región sureña intentó unirse a Bolivia, pero que se extendió a lo largo del siglo XX y XXI con episodios en otras zonas del sur como el “Arequipazo”, una serie de protestas en Arequipa contra las reformas del gobierno de Alejandro Toledo en el sector energético. En 2011, también se vieron protestas del pueblo indígena aimara contra Alan García. La población aimara, cabe destacar, comparte estrechos vínculos con Bolivia, país con el que limita Puno.
Si bien las protestas se concentran en las ciudades de Cusco, Arequipa, Tacna, entre otras, estas movilizaciones se extendieron a Lima el jueves, donde la gente salió a pedir elecciones inmediatas y la dimisión de Boluarte. En Lima, un conglomerado de colectivos sociales, sindicales y partidos de izquierda convocaron a una marcha por la tarde con la consigna “Ni un muerto más, abajo la dictadura cívico militar, racista y clasista”.
Las demandas son políticas e incluyen el cierre del Congreso y la convocatoria a una Asamblea Constituyente para reemplazar la Carta Magna de 1993 del expresidente Alberto Fujimori, que canoniza la economía de mercado como eje del desarrollo socioeconómico del país. En cuanto a Puno, las exigencias parecen ser cada vez más amplias.
“Desde el sur antes había una demanda de ser escuchados; ahora por primera vez se está hablando de romper definitivamente con Lima”, le dijo Banda a la BBC.
Los activistas y líderes de las marchas lanzaron una propuesta bastante llamativa a finales de diciembre de 2022: crear una república independiente del “Gran Sur” peruano, el cual se dividiría en nueve departamentos: Arequipa, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna. El movimiento secesionista se vuelve un nuevo dolor de cabeza para el gobierno de Boluarte, que intenta contener el descontento con toques de queda hasta ahora insuficientes para evitar más muertes. La única salida para el gobierno parece ser la de una Asamblea Constituyente que escuche las peticiones del sur peruano, pero no hay ni la más mínima señal de que el Congreso esté dispuesto a seguir esta ruta.
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