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La Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP) le dio un cierre oficial y definitivo a la etapa de investigación del caso 01 que aborda una de las prácticas más dolorosas del conflicto armado colombiano: el secuestro. Para concluir con esa etapa, el tribunal especial anunció la imputación de 22 antiguos miembros de esa guerrilla en el sur y el oriente del país. Además, logró construir una radiografía judicial con los detalles de este flagelo con información sobre quiénes fueron los responsables a nivel nacional y regional de estos crímenes perpetrados por las antiguas Farc; cómo se ejecutaron las órdenes y bajo qué patrones criminales se impartieron, así como el daño que dejó una marca indeleble en más de 4 mil víctimas.
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad contra 15 comparecientes del Bloque Oriental y 7 del Bloque Sur, las estructuras más crueles de las extintas Farc-EP. En el caso del Oriental, la estructura fundacional y más grande de la antigua guerrilla, fueron hallados responsables por los secuestros en Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada. Así como en algunas zonas de Boyacá, Caquetá y Santander. Mientras que, en el caso del Bloque Sur, fueron hallados responsables de los secuestros en Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño, Amazonas y algunas zonas de Cauca y Meta.
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Todos los comparecientes que fueron identificados por la JEP durante la etapa de investigación, ahora son llamados a reconocer su responsabilidad por crímenes de guerra, toma de rehenes, homicidio, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado. Dentro de los graves actos de violencia, a los antiguos miembros de la guerrilla de las Farc también se les atribuyen crímenes de lesa humanidad, graves privaciones de la libertad y otros crímenes perpetrados en medio de los secuestros de las víctimas, como desaparición forzada, actos inhumanos y esclavitud. Según detalló la Sala, por su gravedad, estos crímenes no pueden recibir amnistía o perdón judicial.
El asunto de las imputaciones ha sido objeto de discusión desde que el tribunal especial empezó a imputar a los máximos responsables dentro del caso 01. La razón es que el último secretariado de las antiguas Farc alega que la figura de “máximo responsable” solo aplica para exintegrantes de la cúpula de esa desmovilizada guerrilla. Sin embargo, para la JEP, esa figura se aplica a todas aquellas personas que tuvieron una relación directa con la comisión de crímenes de guerra y lesa humanidad. Así lo señaló la JEP en esta última imputación tras la revisión y contrastación de informes de Fiscalía, de las víctimas y de organizaciones sociales que han documentado este flagelo.
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“Estos comparecientes de las Farc ejercieron liderazgo y mando sobre las decisiones del Bloque Oriental y Sur y de sus frentes, columnas y compañías. Es decir, fueron determinantes a la hora de materializar las políticas de secuestro que desplegó el secretariado en las zonas del país donde operaron. Esto significa que los excombatientes imputados tenían control sobre su tropa y la potestad de imponer disciplina a sus subalternos. Por ello, la sala los halló responsables tanto por haber dado las órdenes que llevaron a la comisión de secuestros y asesinatos, como por no controlar a la tropa cuando maltrató a quienes estuvieron en cautiverio”, señaló la JEP.
Una radiografía del dolor que dejó el secuestro
Para construir el universo completo y complejo del fenómeno del secuestro en el país, el despacho de la magistrada Julieta Lemaitre, encargada del caso 01, escuchó durante dos años a las víctimas que quisieron entregar su relato a la JEP. En todo el país, alrededor de 4.439 personas se acreditaron para narrar en 795 audiencias los malos tratos, las violaciones, la intimidación, el miedo, las humillaciones, el hambre, las marchas extenuantes, el dolor y la angustia a las que fueron sometidos durante cautiverio. A eso se le suma el sufrimiento de las familias que tuvieron que negociar la vida de sus seres queridos, y los efectos físicos y mentales que se arraigaron como secuelas de un flagelo que un día les tocó la puerta.
Según datos de la Fiscalía, el Bloque Oriental de las antiguas Farc fue la estructura que más secuestros cometió en todo el país y se consolidó como el grupo más grande dentro de esa guerrilla. Tienen un responsabilidad directa del 34% de los casos. Dentro de las modalidades del Bloque Oriental está el secuestro con fines económicos. Luis Gonzalo Ricaurte fue secuestrado en el año 2002, en Sogamoso, Boyacá. Para su liberación, el grupo armado exigió una suma de COP 300 millones, pero en medio del cautiverio, su estado de salud se agravó por lo que la guerrilla pidió dejar a su hijo de tres años secuestrado, junto a su mamá, Leticia Salamanca. Los liberaron un año después, cuando pudieron pagar COP 50 millones.
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El Bloque Sur fue responsable del 8% de los casos dentro del universo de víctimas acreditado ante la JEP. Cerca de 771 víctimas señalan a esta estructura como su principal victimario. Según detalló el tribunal especial, el Bloque Sur es responsable de casos para forzar al gobierno a un intercambio por guerrilleros presos que tuvieron un gran impacto en la opinión pública, lo que demostró su gran capacidad operativa. En 2002, para privar de la libertad al entonces senador Jorge Eduardo Géchem, la Columna Móvil Teófilo Forero secuestró un avión comercial de la aerolínea Aires. Cuando el avión despegó, dos guerrilleros armados obligaron al piloto a aterrizar en una carretera del Huila que ellos controlaban.
Las víctimas de estos bloques también relataron cómo sobrevivieron a las cadenas de hasta 15 kilos atadas al cuello y a las manos, a las cárceles de alambre de púas, a las llamadas “marchas de la muerte”, unas caminatas de más de 40 días; a la desnutrición, al paludismo y a otras enfermedades de la selva como la leishmaniasis. Varias víctimas también relataron que fueron secuestrados para hacer trabajos como arreglar carreteras, cocinar para los guerrilleros o hacer curaciones. Una de las víctimas relató a la JEP que fue secuestrada en 2002 para que limpiara caminos y en ese tiempo fue abusada sexualmente por un guerrillero que identificó como “Morocho” y otros dos hombres que no identificó.
Durante las audiencias de reconocimiento, Rodrigo Lodoño, alias “Timochenko”, se refirió a todas estas prácticas que mantuvieron como una política dentro de sus filas con la palabra “asco”, además del horror, la locura y el dolor. Por ahora, los comparecientes imputados de los bloques Oriental y Sur tienen 30 días hábiles para reconocer por escrito los hechos y su responsabilidad o rechazarlas. Además, la JEP les ordena aportar verdad y reparar a las víctimas con información ampliada sobre hechos concretos que les fueron imputados. Si hay aportes a la verdad, el tribunal especial hará una audiencia de Reconocimiento, pero si lo niegan todo, los comparecientes podrían pagar hasta 20 años de cárcel.
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Por Paulina Mesa Loaiza
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