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En una decisión judicial de 122 páginas, con fecha del 5 de septiembre de 2025, la Fiscalía dio un paso que tardó 25 años en tomar. La Dirección de Justicia Transicional de la entidad, que dirige Luz Adriana Camargo, llamó a indagatoria a cinco exfuncionarios del Estado que habrían participado en el secuestro, tortura y abuso sexual en contra de la periodista Jineth Bedoya Lima, en hechos ocurridos el 25 de mayo de 2000.
Entre los llamados por la justicia están los generales retirados de la Policía Fabio Campo Silva, exdirector del Instituto Nacional Penitenciario de Colombia (Inpec), entre 1999 y 2001, y José Leonardo Gallego Castrillón, exdirector de la Dijín de la Policía entre 1999 y 2000. Dos altos mandos de la Fuerza Pública que, a juicio de la Fiscalía, participaron de un entramado criminal que, por orden de los exjefes paramilitares Carlos y Vicente Castaño, tuvo una misión perentoria: tomarse Bogotá.
La orden de vincular a esos altos mandos al expediente de la periodista es inédita. Durante 25 años, y pese a las pruebas, testimonios e informes que apuntaban a la responsabilidad de funcionarios públicos en los crímenes a los que sobrevivió Bedoya Lima, solo hasta esta semana la Fiscalía resolvió llamarlos a indagatoria. Una decisión que se conoció el mismo día en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) asistía a una audiencia de seguimiento a las órdenes que emitió en octubre de 2021, cuando condenó al Estado por el caso de la periodista.
Todo apuntaba a que la conclusión de la diligencia iba a ser la misma de los últimos 25 años: el sistema judicial sigue teniendo desde el año 2000 las mismas deudas con la periodista. Sin embargo, la Fiscalía se le atravesó a la cita con su decisión de llamar a seis personas a indagatoria. Según el documento conocido por este diario, la conclusión del ente investigador es la tesis en la que durante años insistieron, no solo Jineth Bedoya en búsqueda de justicia, sino instancias internacionales: que desde la cárcel La Modelo de Bogotá se libró una guerra sin cuartel, sin que las autoridades que debían impedirla hicieran frente al imperio de horror desplegado por los violentos.
La conclusión de la Fiscalía es que no solo no la impidieron, sino que “bajo la mirada cómplice de algunos funcionarios” se gestó la consolidación de una estructura que “planeó y ejecutó un acontecer delictivo a gran escala” y que la justicia sigue sin esclarecer. Se trata de la conformación del bloque Capital, la estrategia de expansión de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para tener presencia en Bogotá. Una misión que delegaron los propios hermanos Castaño a dos hombres de su confianza: Miguel Arroyave y Ángel Gaitán Mahecha.
Ambos exjefes paramilitares coincidieron en La Modelo en junio de 1999, cuando el primero, conocido también con el alias de “Arcángel”, fue capturado y trasladado a esta prisión en donde ya estaba preso Gaitán Mahecha. La estrategia, desde el comienzo, fue clara: tomar el control del penal, separado en dos patios. Los paramilitares en el ala sur y los guerrilleros en el ala norte.
Para lograrlo, organizaron una estructura armada ilegal conformada por hombres privados de la libertad que ejercieron el control total del establecimiento y desplegaron un esquema criminal de cobro de extorsiones, secuestros, delitos sexuales, torturas, homicidios selectivos, desapariciones e incluso masacres. La Fiscalía documentó que, entre 1999 y 2003, murieron al menos 101 personas en hechos violentos y fueron desaparecidas al menos tres: Joaquín Leonardo Gallego, Janner Torres y Luis Norberto Osorio.
Para el ente investigador, hay evidencia suficiente para establecer que esa violencia sin cuartel no se habría podido gestar sin el conocimiento de funcionarios del Estado. La Fiscalía cuenta con testimonios de exparamilitares que supieron cómo se movía el poder en La Modelo y de los detalles de la presunta relación del general (r) José Leonardo Gallego Castrillón con Miguel Arroyave y Ángel Gaitán.
Por ejemplo, más de cinco testigos le contaron al ente investigador que Gallego, entonces director de la Dijín, solía reunirse los viernes con ambos presos en el pabellón de alta seguridad de La Modelo, días antes y después del secuestro de Jineth Bedoya. El propio Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar de las AUC, le contó a la Jurisdicción Especial para la Paz en noviembre del año pasado que Gallego “fue muy allegado y de afecto de las autodefensas”.
Tan cercana habría sido su relación, que, según la Fiscalía, la orden de secuestrar a la periodista habría sido directamente dada por Arroyave y Gaitán, “quienes idearon su ejecución, como ‘terapia para que cogiera miedo’, para lo cual se reunieron con Gallego en la terraza del pabellón de alta seguridad”. La “molestia” de los exjefes paramilitares tenía un motivo claro: Jineth Bedoya, como reportera de El Espectador, había publicado 34 artículos sobre la crisis carcelaria en Colombia, en especial sobre lo que pasaba en La Modelo.
En esos escritos quedaron reseñados los ajustes de cuentas, los túneles con planes de fuga, los secuestros, el tráfico de armas, los interminables actos delictivos que se constituyeron ante los ojos permisivos de las autoridades, como hasta ahora lo constató la Fiscalía. El plagio ocurrió justamente cuando acudió a la cárcel a una entrevista con el paramilitar Mario Jaime Mejía, alias “el Panadero”.
Para el ente investigador, el hecho de que al menos cinco funcionarios públicos pudieran tener conocimiento de las movidas de la guerra en La Modelo “desencadenó el atentado contra la periodista Jineth Bedoya Lima”. Por eso llamó a indagatoria a los generales Fabio Campo Silva y José Leonardo Gallego Castrillón, así como a Luis Bernardo Maldonado Bernate, exsubdirector del Inpec (1999-2001); a Jaime Gallo Zuleta, exasesor de la Dirección del Inpec (2000-2001); a Reinaldo Fierro Rico, exdirector de La Modelo (1999-2000), y a Evangelista Basto Bernal, exmiembro de las AUC.
Este avance en el caso de Bedoya es histórico para su lucha sin tregua por la verdad, que ya cumple 25 años. Sin embargo, la Fiscalía sigue con una deuda con otros expedientes que tienen un mismo hilo conductor: el avance del bloque Capital y su conexión con al menos cinco crímenes ordenados por la casa Castaño, entre 1997 y 1999.
Los otros casos del bloque Capital
Aunque no existen iguales avances en las investigaciones por otros episodios de violencia ocurridos en Bogotá, sí resulta evidente que existen conexiones para tener en cuenta. Por ejemplo, en el triple asesinato de los investigadores del Cinep Mario Calderón, Elsa Alvarado y su padre, Carlos Alvarado, ocurrido el 19 de mayo de 1997, se sabe que la orden provino de los jefes del paramilitarismo, pero aún no está claro quiénes la ejecutaron.
De igual modo, el sábado 18 de abril de 1998 fue asesinado por un comando de sicarios que incursionó en su oficina en el barrio Nicolás de Federmán, en el occidente de Bogotá, el penalista y líder de derechos humanos Eduardo Umaña Mendoza. El modus operandi fue idéntico al que se utilizó en Medellín para asesinar al también defensor de derechos humanos Jesús María Valle. El caso Umaña está en la impunidad y hoy lo estudia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Luego, el 13 de agosto de 1999, fue asesinado el periodista y humorista Jaime Garzón. En noviembre de 2008, la Comisión Colombiana de Juristas remitió a la Fiscalía un documento que reseñó 44 homicidios atribuidos al bloque Capital de las autodefensas, entre 80 episodios de violaciones a los derechos humanos. La lista la encabezan el atentado al líder político Wilson Borja, ocurrido el 15 de diciembre de 2000, y el asesinato de los congresistas Octavio Sarmiento y Luis Alfredo Colmenares.
Según testimonios dispersos en expedientes e investigaciones periodísticas, el bloque Capital llegó a reclutar más de 2.000 hombres en la ciudad y constituyó oficinas de cobro en el sector del Sanandresito de la 38, la zona de Corabastos y las áreas de Bosa, Soacha y Ciudad Bolívar. En la calle 106 con carrera 15 un piloto de aviación, que estuvo preso en México, manejó otra oficina de sicarios.
Antes de su asesinato, en 2004, a manos de sus propios hombres, Miguel Arroyave reconoció que el bloque Capital bajo su mando manejó la oficina de cobro del Sanandresito de la 38, después de desmantelar el fortín económico que tenían las células urbanas de las FARC en la misma zona, desde donde bandas a su servicio operaban para cometer secuestros.
Arroyave admitió que el bloque Capital y el bloque Centauros, desplegado en los Llanos Orientales, fueron parte de una estructura afín y complementaria. Otra confesión que lleva años en la justicia, sin que haya condenas, es la que rindió otro personaje crucial en esta historia del avance paramilitar en Bogotá: Jesús Emiro Pereira Rivera, alias “Huevoepisca”. Concuñado de Carlos Castaño y mano derecha de su Vicente, le confesó a un fiscal de Justicia y Paz que llegó a la ciudad en 1998 para fortalecer el bloque Capital, con influencia en municipios cercanos.
Tiempo después, desde una cárcel de Estados Unidos, a donde fue extraditado en mayo de 2008, el paramilitar Diego Alberto Ruiz, alias “el Primo”, admitió que mientras Miguel Arroyave estuvo en prisión, alias “Huevoepisca” ejecutó las órdenes de Carlos Castaño en Bogotá. Cuando Jesús Emiro Pereira fue capturado en diciembre de 2001, después de coordinar innumerables crímenes desde la capital hasta Casanare, Castaño envió en su reemplazo a Henry de Jesús López.
En una versión libre, “Huevoepisca” precisó que la persona que los ayudó a entrar a Bogotá en 1998 fue el general (r) Rito Alejo del Río, quien entonces ejercía como comandante de la Brigada 13 en la capital, y que fue él quien le recomendó trabajar con el coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo, quien fungía como jefe de inteligencia de la citada unidad militar. Ambos oficiales venían de trabajar en la Brigada 17 del Ejército, con sede en Carepa, Antioquia.
En síntesis, judicialmente está probado que desde finales de los años 90 la casa Castaño extendió sus tentáculos hasta Bogotá, que alias “Huevoepisca” fue la punta de lanza de esta expansión criminal y que miembros de la Fuerza Pública fueron claves en esa misión. Desde la cárcel La Modelo, como lo han corroborado decenas de exparamilitares a la justicia, Miguel Arroyave y Ángel Gaitán Mahecha fueron piezas fundamentales de esta avanzada de las autodefensas de Castaño.
Ahora, por primera vez en 25 años, la justicia decidió avanzar en la judicialización de los agentes del Estado que participaron en el secuestro, tortura y abuso sexual contra Jineth Bedoya. La decisión de la Fiscalía supone el primer avance concreto en este expediente; sin embargo, otros casos ligados al bloque Capital siguen abiertos y pendientes de ser esclarecidos en los estrados judiciales.
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