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Una de las facetas que acompañan el autoritarismo es la centralización de facultades administrativas, políticas y económicas en el poder Ejecutivo, lo que le permite expoliar a sus dependientes. La democracia, por el contrario, permite la iniciativa de poderes alternativos y con ello el florecimiento de las regiones y municipios que comparten los ingresos del centro político, pero también recurren a esfuerzos propios para enfrentar sus mayores carencias; pueden moldear su destino sin tener que mendigarle al leviatán centralista.
Colombia tiene una historia trágica en el establecimiento y la consolidación del centralismo político. Entre 1854 y 1886 pudo desarrollar un sistema federal que fue exitoso económicamente, con base en la libertad de exportar y de cambios, en la banca libre y obtuvo avances democráticos: libertad religiosa, frecuentes elecciones libres, iniciativas fiscales de los Estados soberanos y una reforma educativa progresiva. La reacción conservadora enterró las reformas liberales tras tres guerras civiles, dejando en su lugar la castración de las regiones, una educación confesional, el Estado sometido a la Iglesia y un banco nacional inflacionista, que tuvo que ser clausurado.
Las reformas de Reyes (1905-1909) y de Carlos Restrepo (1910-1914) ajustaron el sistema centralista, haciéndolo menos oprobioso, más sujeto a la ley, con algunas concesiones a la oposición liberal, a los municipios y a los departamentos que fueron atrofiados y que atomizaron el poder de las élites regionales.
El compartir el poder con los conservadores hizo que los liberales renegaran de su ideario federal y abrazaran el centralismo con fervor. En los años 30, Carlos Lleras Restrepo editó un libro de escritos económicos de Miguel Antonio Caro, donde confundió su centralismo dictatorial con la búsqueda del bien común. Lo justificó para que su partido adelantara reformas políticas, laborales y de tierras.
La Constitución de 1991, precedida de la elección popular de alcaldes, dio un gran paso adelante en la descentralización, al ordenar el sistema general de participaciones, que le repartió parte del presupuesto nacional y de las regalías a municipios y departamentos, permitiendo mayores iniciativas regionales.
Este proceso fue debilitado por las sucesivas reformas de Pastrana, Uribe y Santos (ver disertación de Julián López Murcia). El monto de las transferencias cayó del 4,8 % del PIB en 2002 al 3,8 % en 2012, por debajo del crecimiento de la economía. Así mismo, el Gobierno Nacional intervino a los departamentos y supervisó que se gastaran sus recursos primordialmente en acueductos, permitiendo su endeudamiento por encima de su capacidad de pago. En el caso de los municipios, debieron darles preminencia a la educación y la salud.
Los municipios aumentaron sustancialmente sus ingresos y los departamentos también, pero más débilmente. En ambos se redujo el peso de los gastos de funcionamiento y aumentaron las inversiones. Los entes territoriales que aumentaron su independencia del Gobierno central invirtieron mejor sus recursos, entrando en un circulo virtuoso de recaudo y gasto eficiente, según Bonet, Pérez y Montero.
Una reforma legislativa que les permita a los departamentos fuentes tributarias propias y transferencias suficientes, modernizar sus catastros y mantenerlos actualizados, puede crear un grado intermedio de gobierno sólido que coordine e impulse el desarrollo de sus municipios y del país profundo.
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