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A finales de la década del 80 se empezó a hablar, en los principales organismos económicos del Estado colombiano, sobre la necesidad de liberalizar el régimen de comercio exterior nacional. Es decir, reducir el nivel de protección a la competencia externa. Tres factores servían de catalizadores de esa discusión. El primero, la evidencia de que el crecimiento de la productividad se estaba reduciendo y a nivel internacional había muchos estudios empíricos que mostraban que los países más integrados a la economía mundial tenían mayor crecimiento de su productividad. El segundo era que el Banco Mundial había hecho estudios que mostraban el efecto negativo del excesivo proteccionismo sobre el crecimiento productivo de la industria nacional. Y el último respondía a que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional presionaban al país para que se embarcara en la reducción del altísimo grado de protección que tenía la producción nacional.
Cuando asumió la Presidencia César Gaviria, en 1990, su equipo económico, encabezado por Rudolf Hommes y Armando Montenegro, con gran sentido de oportunidad, impulsó lo que se llamó “la apertura”. Básicamente consistió en la reducción de los aranceles y la eliminación de muchas de las prohibiciones para importar. Esta estrategia fue muy controvertida y se le achacaron problemas que no fueron causados por ella. En el imaginario de un amplio sector de la población quedó la idea de que “la apertura” había perjudicado la producción nacional. De ahí que pocos ponderen el inmenso beneficio que representó el poder importar muchos productos —televisores, neveras, aires acondicionados, entre otros— de buena calidad y a precios cercanos a los internacionales.
Pero lo que no tiene claro mucha gente —y yo no lo sabía hasta que leí unos documentos de trabajo elaborados por los economistas Jorge García García y Enrique Montes— es que casi inmediatamente después de que se dio la apertura de la economía nacional, por medio de los decretos de reducción de aranceles a las importaciones, se empezó a revertir su efecto de manera dispersa y poco transparente mediante las llamadas barreras no arancelarias (permisos sanitarios, controles a las importaciones y autorizaciones de diversos organismos gubernamentales). Mientras en 1990 cerca del 25 % de los productos que importábamos tenían protección a través de medidas no arancelarias, en la actualidad son más del 80 % los que están cubiertos por estas barreras a la competencia.
El resultado de todo esto es muy negativo. En primer lugar, los impuestos a las importaciones son equivalentes a los impuestos a las exportaciones. Por esa razón, entre otras, nuestro país exporta poco. Mientras Chile exporta a nivel per cápita más de US$11.000, nosotros solo superamos los US$800. Al exportar poco, sobre todo productos no tradicionales, crecemos poco.
Es necesario retomar la discusión en este tema, pues la contraapertura perjudica las posibilidades de crear un ambiente competitivo donde prosperen la innovación y el cambio tecnológico, las palancas más poderosas del crecimiento económico en el largo plazo. Pero contra ello conspiran los beneficiarios de este régimen de comercio exterior proteccionista, esos defensores del capitalismo rentista que se conforman con la prosperidad de pocos a expensas de la mayoría.
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