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La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos condenaron hoy el homicidio del líder social colombiano Carlos Jimmy Prado Gallardo el pasado 2 de junio en el departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador.
«Una vez más registramos las graves consecuencias de un contexto de amenazas y falta de garantías para líderes, lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos y miembros de organizaciones comunitarias en diversas regiones del país», detallaron las entidades de Naciones Unidas en un comunicado.
Prado, que lideraba la Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones Étnico-Territoriales de Nariño (Asocoetnar), fue asesinado por desconocidos en la madrugada del pasado sábado en el municipio de Olaya Herrera.
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Según los organismos, las comunidades de Nariño «han visto vulnerados sus derechos ante el aumento de homicidios selectivos, amenazas e intimidación» contra los líderes sociales y defensores de derechos humanos de la región, así como por los desplazamientos forzosos y los combates entre la fuerza pública y los grupos armados ilegales.
En ese sentido recordó los llamados de organizaciones afrocolombianas e indígenas a las diferentes entidades estatales, «sin que hasta el momento la respuesta de las instituciones a nivel local, regional y nacional haya tenido el impacto esperado frente a la mitigación de los riesgos».
Por ello instaron a las instituciones del Estado, tanto locales como nacionales, a garantizar la vida e integridad de los líderes sociales y defensores de derechos humanos de la región.
«Instamos a las instituciones y programas del Estado a hacer presencia permanente en los territorios de más difícil acceso para garantizar la protección para la población civil», señalaron los organismos que hicieron un llamado para que «sean atendidas las necesidades humanitarias y la restitución de los derechos de la población» de Nariño.
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La organización Somos Defensores publicó un informe el pasado 1 de marzo en el que aseguró que la violencia contra activistas de los derechos humanos y líderes sociales se cobró 106 vidas en 2017 en Colombia.
Esta cifra contrasta con la entregada por el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, el pasado 14 de marzo, cuando aseguró que son 160 los líderes sociales asesinados en el país desde 2016.